El proyecto, impulsado por el presidente de la Asamblea unicameral y diputado oficialista, Crispiano Adames, fue aprobado con 44 votos a favor y cero votos en contra. La ley entrará en vigencia cuando sea homologada por el presidente Laurentino Cortizo.

“Esa medida viene a ayudar a cientos de panameños que hasta el momento se las ha imposibilitado poder adquirir ese medicamento en Panamá”, afirmó durante el pleno el también diputado oficialista, Leandro Ávila.

La iniciativa legislativa tiene como objetivo “crear un marco regulatorio que permita el uso y acceso vigilado y controlado del cannabis medicinal y sus derivados”, según indica su preámbulo. El uso del cannabis será “con fines terapéuticos, médicos, veterinarios, científicos y de investigación en el territorio nacional”, añade el texto aprobado.

“Esto es un gran logro, no es una ley perfecta ni tal vez la ideal, pero definitivamente es el primer paso de algo justo y necesario”, declaró a al medio AFP, Carlos Ossa, un activista con esclerosis múltiple que llevaba luchando cuatro años por la regularización del cannabis medicinal.

“Obligado a cometer ilegalidades”

La ley permitiría en Panamá la importación, exportación, cultivo, producción y comercialización de esta sustancia y sus derivados a través de una serie de licencias otorgadas por el Estado.

Según la ley, los pacientes que accedan a un tratamiento de cannabis medicinal lo harán “bajo estrictas normas de seguridad” y vigilancia. El cultivo de este producto se hará en áreas designadas de acceso limitado y con un sistema de cámaras de vigilancia. Además, solo las farmacéuticas o empresas especializadas en servicios terapéuticos podrán adquirirlo y comercializarlo.

Sin embargo, hasta que la ley no sea homologada y reglamentada, “seguiremos en lo mismo, obligados a cometer ilegalidades por necesidad, y seguiremos estando expuestos al mercado ilegal donde no se garantiza un producto sano, seguro, accesible ni de calidad”, advirtió Ossa.

El proyecto también advierte que está prohibido vender cannabis a domicilio, vía internet o fuera de los establecimientos autorizados. Tampoco se podrá promocionar o hacer publicidad de los fármacos o sus derivados en medios de comunicación o redes sociales, salvo en revistas científicas. Además, quien cultive o tenga plantas de cannabis para producir y vender droga ilícita “será sancionado con pena de diez a quince años de prisión”.

Primero en Centroamérica

El proyecto fue presentado en 2019, pero ha sufrido múltiples cambios para que fuera aprobado por unanimidad. Sus proponentes dicen buscar mejorar la calidad de vida de personas con glaucomas, epilepsia, artritis, esclerosis múltiples, migrañas, convulsiones y diferentes tipos de dolores, incluido el cáncer.

Si el proyecto es homologado por el presidente Cortizo, Panamá será el primer país en regular el uso del cannabis en Centroamérica, una región conservadora con una amplia influencia de la religión.

En Sudamérica, la mayoría de países ya regulan el consumo del cannabis medicinal, mientras que México y Uruguay permiten también su uso recreativo.