Molestia y preocupación existe entre las organizaciones de migrantes de Iquique por la actitud asumida por las autoridades de la región, en especial el gobernador José Miguel Carvajal por el tenor del recurso de protección que ingresó a los tribunales el mismo día del desalojo de poco más de 200 personas que acampaban en la Plaza Brasil, incluyendo entre ellas a menores de edad.

La académica de la Universidad de Tarapacá y especialista en temas migratorios Nanette Liberona, explicó que luego de conocer el documento legal constataron que en su redacción se busca responsabilizar a la población migrante de alterar el orden y la tranquilidad de la capital regional.

“Él se pone como principal víctima, él, su familia y los y las tarapaqueñas que han visto su integridad física y psíquica y su derecho a vivir en paz alterado por la población migrante que llega de forma masiva a esta región. Eso nos parece sumamente grave porque en ningún párrafo se plantea la importancia de proteger concretamente los derechos de las personas migrantes que están siendo vulnerados”, indicó.

Liberona recordó que en diferentes oportunidades plantearon a las autoridades locales que se generaría un problema mayor en caso de no abordarlo de manera urgente, sobre todo considerando que dos semanas antes se sabía de la convocatoria a la marcha antinmigrante que terminó en los hechos que luego fueron repudiados incluso internacionalmente.

“Le advertimos que eso iba a ser algo muy delicado y podía transformarse en un drama social y le solicitamos que se pronunciara contra la marcha mostrándole incluso que hace dos años el gobernador de la época no autorizó una marcha de este tipo diciendo que se trataría de una marcha que alteraría el orden público. Ni siquiera eso hizo el gobernador”, subrayó la académica de la UTA.

La docente criticó además los anuncios hechos por el Gobierno para asistir a los migrantes que llegan a las comunas de Colchane, Huara y especialmente en Iquique, donde se pretende levantar un campamento en las afueras de la ciudad, cerca del aeropuerto Diego Aracena.

“En gran medida eso facilitaría bastante las expulsiones de las personas ya que sabemos que hay 13 vuelos programados con contratación de líneas aéreas privadas y hasta el momento se han ejecutado solo cinco de estos vuelos desde febrero de 2021. Sabemos que el Gobierno lo que quiere es expulsar a estas personas que por el derecho internacional deberían recibir protección en nuestro país”, agregó.

La doctora en antropología y sociología subrayó que las medidas que impulsa el Ejecutivo “nos dejan en la duda de que realmente vayan a ser soluciones que respeten los derechos humanos de las personas migrantes venezolanas irregularizadas, porque en el fondo lo que se está planteando actualmente es por un lado que las personas sigan su rumbo hacia Santiago, principalmente y por otra que se implemente un albergue en un lugar que fue puesto a disposición por la Universidad Arturo Prat que queda en los márgenes de la ciudad camino al aeropuerto en un lugar donde no hay ninguna infraestructura, ni siquiera sanitaria”.

Liberona indicó que esto lo que hace prever es que se va a construir “un campamento de refugiados o un centro de detención para migrantes como el que existe en Texas, en la frontera entre México y los Estados Unidos, centro de detenciones que en el fondo se transforman en cárceles, antesala para los procesos de expulsión”.

Frente a esta situación, las organizaciones de la sociedad civil de Tarapacá entregaron durante esta jornada un petitorio al gobernador regional y el delegado presidencial donde señalan que se debe garantizar el principio de no devolución y no retorno declarados en la Convención de Cartagena, además de aceptar el apoyo económico internacional para asistir a la población migrante y regularizar a los ciudadanos venezolanos, en particular a los niños, niñas y adolescentes.