A más de un año de entrada su vigencia en el contexto de la pandemia, la Ley de Protección al Empleo llegará a su fin el próximo miércoles 6 de octubre, al menos en lo que refiere a la suspensión de contratos.

La medida permitía que trabajadores y empleadores pudieran pactar la suspensión temporal del contrato laboral, de manera que los empleados pudieran acceder a los fondos del Seguro de Cesantía para hacer frente a la emergencia sanitaria, sin perder la relación con la empresa.

De acuerdo a datos del Departamento de Estudios del Ministerio del Trabajo, en estos 18 meses trabajadores de todos los rubros y de empresas de distintos tamaños hicieron uso de la medida, alcanzando 864.306 solicitudes aprobadas, de las cuales 65.054 se mantienen vigentes, es decir, un 7,5% del total, según consignó La Tercera.

Esta última cifra corresponde en su mayoría a mujeres, quienes representan el 73% del total, con 47.300 solicitudes de suspensión.

En tanto, en lo que respecta a la distribución de las suspensiones de contrato por tamaño de empresa, un 69% equivale a trabajadores de micro, pequeña y mediana empresa, mientras el 31% restante a empleados de grandes empresas.

El subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, destacó que la medida, desde su entrada en vigencia en abril de 2020 hasta la fecha, ha beneficiado a más de 900 mil trabajadores y trabajadoras en el país.

Asimismo, expresó que los esfuerzos ahora deben enfocarse en la recuperación de los empleos perdidos. Por lo que consideró clave el plan de subsidios al empleo y la aplicación de nuevas medidas para quienes aún sigan con su contrato de trabajo suspendido.

“Ya son más de un millón los trabajadores que se han beneficiado por algunos de los subsidios al empleo hoy vigentes. Por otro lado, se permitirá, en virtud de la Ley de Protección del Empleo, que las partes, trabajadores y empleadores, puedan reducir su jornada laboral hasta el mes de diciembre (…) y así lograr una transición entre la suspensión y el retorno completo a los puestos de trabajo”, señaló la autoridad.

El abogado laborista Cristián Hidalgo si bien se mostró de acuerdo con el término de la medida en tanto se hayan superado los efectos más graves de la pandemia, señaló que la aparición de nuevas variantes podría generar un retroceso, teniendo que replantearse este tema.

Además, el profesional señaló que “lo preocupante pasa por ver cuántos de esos 65 mil trabajadoras y trabajadores efectivamente van a volver a sus puestos laborales, porque no está solamente la Ley de Protección al Empleo, también tenemos la implementación de muchas empresas y servicios del sistema de teletrabajo y eso puede suponer eventualmente la pérdida de plazas”.

En cuanto a las brechas de género en materia laboral, que significó un retroceso de 10 años en participación femenina, Hidalgo aseveró que “lo que debiese hacer un gobierno preocupado de este tema, es acelerar los proyectos de ley destinados a lograr la mayor equidad entre hombres y mujeres condiciones laborales y salariales y anticiparse a la crisis que podría gatillarse tras el término de la Ley de Protección al Empleo”.

Mientras el abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez, Luis Campos, afirmó que una de las inquietudes que más le han manifestado empleadores, a propósito de la finalización de la normativa, dice relación con la vuelta de los trabajadores.

En ese sentido, Campos aseguró que “claramente hay un gran porcentaje de esa gente que, independiente de su género, van a despedir” y agregó que uno de los efectos de esta decisión será que “se van a sincerar las estadísticas que el gobierno saca normalmente respecto de la empleabilidad y obviamente va a haber un desempleo mucho mayor al que hoy reflejan las cifras. Las empresas se han dado cuenta de que pueden seguir trabajando sin la misma gente”.

En tanto, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social e integrante de la comisión de Trabajo, Alejandra Sepúlveda, dijo que, si bien en principio se mostraron críticos de la medida por el uso de los fondos individuales por parte de los trabajadores, sería complejo ponerle término a la normativa, considerando que aún hay cerca de un millón de desempleados en el país.

La parlamentaria manifestó que la Ley de Protección al Empleo es “un instrumento que podríamos mejorar, pero utilizar nuevamente para que los trabajadores recibieran estos recursos, a pesar de que no exista una reactivación completa de la economía”.