A partir de datos de la Encuesta Casen 2020, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) lanzó el estudio “Casen y Migración: Una caracterización de la pobreza, el trabajo y la seguridad social en la población migrante”. Este miércoles en Radioanálisis, el Director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes, Carlos Figueroa, conversó con Juanita Rojas y Claudio Medrano sobre cómo el aumento de pobreza en general para la población que vive en Chile en el 2020 afectó especialmente a las familias migrantes.

El estudio permitió comparar la población migrante con la chilena en diversos aspectos.

“Quisimos investigar tres hipótesis de por qué habría aumentado más la pobreza en la población migrante que en la chilena: el menor acceso al trabajo, que se desempeñan más en trabajos informales o si tenía que ver con los patrones migratorios. Lo que descubrimos es que no es ninguna de esas razones, sino que el aumento de la pobreza en los migrantes tiene que ver con la disminución o no presencia en la misma cantidad que los chilenos en los apoyos estatales y la seguridad social, fundamentalmente en los apoyos con aportes directos del Estado durante la pandemia”, explicó Figueroa.

Consultado sobre el acceso al trabajo formal entre migrantes y nacionales y cómo pese a que existe una similitud en cuanto a la cantidad de personas que acceden a éste, Carlos Figueroa explicó que pese a que por tener un empleo que sí entrega la protección de seguridad social, hay algunos elementos de ésta que están condicionados al tipo de permanencia que se tenga en Chile.

“Fundamentalmente el IFE no estaba dirigido a toda la población migrante, sino solo a quienes ya tenían algún grado de permanencia en Chile“, señaló.

En cuanto a las brechas de género y la situación que enfrentan las personas menores de edad nacidas en Chile, el director de incidencia del SJM señaló que siempre los niños, niñas y adolescentes son el grupo más golpeado por los efectos económicos porque cuando un hogar tiene niños, en términos de acceso a la salud, la educación, seguridad social e ingresos en general se ve más mermado que grupos que no tienen niños.

“Esto ha sido puesto en relieve por Unicef y otras organizaciones internacionales, ya que cuando hay crisis económicas o deterioros de las condiciones de vida de una población, los más afectados son los NNA y eso se replica en el caso chileno, particularmente en la población migrante en el que el nivel de pobreza del grupo etario de NNA llegó a un 26%, esto es, 1 de 4 NNA perteneciente a la población migrante está en situación de pobreza. Los niños chilenos, en cambio, tienen una probabilidad de un 15% de estar en la pobreza. Los niños de la población migrante están en una situación de extrema vulnerabilidad que debe ser atendida por la política pública, de modo que ellos puedan acceder a la educación, a la salud y a la alimentación, pues en estas edades tempranas ello incide en todo su desarrollo posterior”.

Respecto de la incidencia que tendría en estos resultados la falta de redes familiares y de apoyo para las familias migrantes, Figueroa señaló que pese a que ese ámbito fue un factor muy importante en la encuesta CASEN 2017, en la versión del 2020 no se pudo medir esos indicadores relativos a las redes de apoyo.

“Lo que sí sabemos, por la historia de los datos, que las redes de apoyo constituyen un punto fundamental de por qué la población migrante tiene un mayor aumento en la pobreza multidimensional en general, pero ese factor no pudo ser verificado en este estudio por la falta de información”.

En cuanto a la situación que se vive en el norte de Chile, el estudio del SJM arrojó que existe, tanto para los nacionales como para los migrantes, una disminución en las tasas de ocupación. Así, para los migrantes la ocupación bajó desde un 75% a un 68%, por lo tanto, la desocupación aumentó de un 8 a un 10%.

“Esa mayor presencia de una tasa de desocupación influye en la pobreza y, a la vez, en la informalidad, pues ésta aumenta lo que influye en el mayor deterioro de los ingresos de las personas migrantes y, por lo tanto, en el aumento de la tasa de pobreza”.

Relativo a lo señalado por el Ejecutivo en cuanto a que luego de los hechos ocurridos en Cúcuta y cómo ello no influyó mayormente en la cantidad de ciudadanos venezolanos que vinieron a Chile, Carlos Figueroa explicó que la evaluación clara es que desde 2018 en adelante existe un aumento de la migración por pasos no habilitados como no había existido antes en la historia de Chile.

“Si eso tiene o no que ver con la invitación que hizo el Presidente de Chile en Cúcuta es materia de discusión, pero el hecho concreto es que la migración general de personas que vienen de Venezuela y, particularmente, de quienes ingresan por pasos no habilitados aumentó desde el 2018, especialmente desde 2019 en adelante. Eso para nosotros ha generado principalmente una reflexión respecto de cuáles serán los instrumentos regulares que establecerá el Gobierno para una situación crítica que vive la población venezolana y la principal respuesta a ello es que es necesario reconocer a las personas venezolanas que vienen obligadas a salir de su país como personas que cumplen los requisitos para ser reconocidas como refugiadas. Las agencias internacionales han reconocido que los más de 5.5 millones de personas que están saliendo de Venezuela pueden ser considerados todos como refugiados por la condición que vive ese país y por la caracterización que otorga la declaración de Cartagena. Nuestra ley de refugio tiene la misma caracterización, por lo tanto, tenemos instrumentos que permiten hoy otorgarles una vía regular de acceso y de reconocimiento a quienes ya están en el país”.

“Es importante hacerse cargo no solo de los hechos, sino de las consecuencias de ellos con políticas públicas que permitan una mayor regularización y una mejor convivencia en el país”, concluyó.