A pocos días del 18 de octubre, fecha significativa al cumplirse dos años desde el estallido social del 2019, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado aprobó en particular el proyecto que busca indultar a las personas que actualmente se encuentran privadas de libertad, o sometidas a otras medidas cautelares, en relación a su participación en los hechos ocurridos durante las manifestaciones .

La aprobación en particular del proyecto obtuvo tres votos a favor de los senadores Juan Ignacio Latorre, Alfonso de Urresti y Pedro Araya, el presidente de la comisión, y dos votos en contra de Luz Ebensperger y Rodrigo Galilea.

Si bien la idea de legislar ya había sido aprobada en la instancia también por tres votos a favor y dos en contra en el mes de agosto, la iniciativa parlamentaria había sido remitida por el acuerdo previo de los Comités del Senado, luego de la aprobación de la Sala de la Cámara Alta, para que la Comisión de Constitución discutiera el proyecto en general y en particular. Sin embargo, durante la jornada de ayer no se realizaron indicaciones para mejorar el proyecto y el presidente de la comisión, Pedro Araya, indicó que la decisión se debía por las normas de quórum que necesita para ser aprobado, al requerir 22 votos por quórum calificado y 25 con respecto a los artículos 4º y 5º que se refieren a incisos sobre la Ley Orgánica Constitucional.

“Yo entiendo la angustia que tienen los familiares de no tenerlo en una situación que, probablemente, después no vaya a llegar a nada. Entonces, es preferible que el Senado se pronuncie ahora por el sí o por el no y después de eso, si es que tiene los votos, avanzar en la discusión técnica en particular que obviamente va a ser bastante más compleja”, expresó Araya.

Durante el debate al momento de argumentar los votos, la senadora Luz Ebensperger indicó que su rechazo a la iniciativa se debía porque “el proyecto viene mal formulado. Lo que aquí se dice que es un indulto, legalmente es una amnistía”, y agregó que la validación de violencia es una amenaza para la democracia.

“Creo que este proyecto confunde a quienes son las verdaderas víctimas del estallido social, no son las víctimas del estallido social aquellos que realizaron delitos comunes. Las víctimas del estallido social son una gran cantidad de emprendedores, de comerciantes, que vieron incendiados y saqueados sus locales comerciales”, aseguró Ebensperger.

Por otro lado, el senador Juan Ignacio Latorre, uno de los autores de este proyecto, señaló que “estas medidas excepcionales como indultos, amnistías, son medidas excepcionales. Entiendo que son complejas, son polémicas, son controvertidas, pero son medidas excepcionales que están en la historia de Chile en distintos momentos de conflicto social, político, desde el inicio de la historia republicana de nuestro país (…) Son medidas excepcionales que tienen un propósito de paz social, de canalizar los conflictos, de construir vínculos en nuestro sociedad”.

Además, Latorre aseguró que “ha faltado un poquito de voluntad política del sistema político para concretar estas medidas” para legislar sobre este proyecto presentado a fines del año pasado, que ya ha sido discutido en las comisiones de Derechos Humanos, de Seguridad y de Constitución.

“Estamos hablando de personas concretas que han pasado varios meses, en algunos casos, más de un año en prisión preventiva. Otros que ya han sido condenados, que están esperando condena con distintas medidas cautelares por delitos que se cometieron en el contexto del estallido social. En algunos casos han habido montajes, han terminado absueltas personas y en otros casos han habido condenas. Pero estamos hablando de delitos comunes y cuando se habla del pueblo, la justicia suele ser implacable. Suele haber un castigo previo justamente con enviar a una persona a la cárcel, vulnerando el principio de presunción de inocencia, se le tiene varios meses, mientras sigue la investigación, en la cárcel, privado de libertad”, aseguró.

“Tenemos que dar respuesta, tenemos que ponerle un poco más de voluntad política. Sé que estamos en una coyuntura electoral, pero esto va más allá (…) Creo que hay que concretar esta salida y buscar una salida política a los presos de la revuelta”, manifestó Latorre.

En este contexto, el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, quien ha trabajado conjuntamente con el senador Juan Ignacio Latorre durante el debate de este proyecto, explica que, si bien la aprobación para despachar a la Sala del Senado ha sido lenta, “ahora está posibilidad de que se pueda debatir y es una situación que nos colocará en el fondo del debate”.

“Estamos en un momento importante. El proyecto trata de hacer justicia respecto a la forma en cómo se ha usado el derecho penal para criminalizar la protesta. Ese es el punto fundamental. Aquí tenemos a personas que han sido sancionadas con penas gravosas, tremendamente controvertidas, mientras vemos al mismo tiempo la impunidad de los más altos cargos del Estado que hoy se pasean sabiendo toda la información que ha surgido”, enfatizó Ramis.

Además, Álvaro Ramis asegura que existe una predisposición gravosa hacia las personas que actualmente están imputadas y “eso revela cómo el uso de la prisión preventiva está enfocado en un castigo absolutamente arbitrario a personas inocentes”.

Familias exigen mayor compromiso del Parlamento

Para la vocera de la Agrupación de Familiares de Presos Políticos (A.F.P.P.), Verónica Verdugo, la aprobación de este proyecto es necesaria en la actualidad política y social del país y afirma que la lucha de la agrupación no cesará hasta conseguir la libertad de sus familiares. “No podemos seguir esperando más tiempo. Vamos a tener que pedir la ayuda de todas las organizaciones sociales, de todos los actores sociales del país para que se puedan manifestar acerca de este proyecto y solicitar que pase a Sala lo antes posible y que se vote a favor”, sostuvo.

Además, Verdugo explica que este proyecto de indulto “es la salida política, es el deber ético y moral de quienes componen el mundo político y todos los actores de este país, porque estamos ad portas de tener una elección presidencial y nadie se acuerda de los presos de la revuelta. Gracias a ellos, hoy tenemos un Proceso Constituyente para construir una nueva Constitución que es lo único que hemos ganado después del estallido social del 19 de octubre en adelante, la lucha que dio el pueblo, que damos día a día, es eso”.

En ese contexto, Verónica Verdugo señala que criminalizar la protesta social ha provocado una estigmatización de las personas que actualmente están privadas de libertad y que, en el caso de sus familiares, la prisión preventiva se ha utilizado como una condena anticipada.

“Hay que tener presente que lo que sucedió fue gravísimo y todavía no hay respuesta, no hay verdad, no hay justicia, no hay reparación. Mucho menos garantías de no repetición para todas las personas que todos sus derechos fueron violados. No olvidemos que en todas las causas de los presos de la revuelta se querella el Ministerio del Interior y las Intendencias de todas las regiones. Eso es lo que mantiene a los presos con estas largas prisiones preventivas, y los que ya están condenados tengan altísimas condenas”, concluyó la vocera de A.F.P.P.

Si bien el proyecto que concede un indulto general por razones humanitarias a los detenidos en el marco de las manifestaciones por el estallido social ya fue despachado a trámite en la Sala de la Cámara Alta, no cuenta con urgencia legislativa y hoy está en el lugar 71 de la tabla de discusión del Pleno. Por lo tanto, los comités del Senado deberán acordar cuándo se pondrá en votación en el Senado.

Además, si la idea de legislar es aprobada en la Cámara Alta, el proyecto volverá a la Comisión de Constitución para una segunda discusión de particular.