A raíz de los hechos de violencia en la macrozona sur fue que el presidente Sebastián Piñera decretó el pasado 12 de octubre Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío, y de Malleco y Cautín, en La Araucanía.
Según establece la Constitución, esta medida permite la restricción del derecho de reunión y la libertad de locomoción. Además, según explicó el mandatario, las Fuerzas Armadas podrán hacerse parte de los trabajos de seguridad y orden público; sin embargo, no podrán actuar de manera autónoma y directa en operaciones de naturaleza policial.
La iniciativa tendrá una duración de 15 días y podrá ser prorrogada por el mismo período. Sin embargo, en el caso de una nueva prolongación del estado, necesitaría de la aprobación del Congreso.
Bajo ese contexto, en entrevista con la primera edición de Radioanálisis, el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, abordó las implicancias que tiene la medida en la zona y apuntó a una “situación conflictiva multifactorial”.
La autoridad reconoció que “tenemos efectivamente un problema de orden público, multicausal, además tenemos un problema político de reivindicaciones no resueltas del pueblo mapuche”, añadiendo que “parte de la economía de la región se sustenta en las producciones que hacen empresas forestales de plantaciones que hacen en la zona sur y tenemos un problema social, porque las dos provincias con mayor pobreza están en Biobío y Arauco”.
Sin embargo, manifestó que el decreto solo se hace cargo de una de estas materias, que tiene que ver con el orden público, el que es producto de manifestaciones históricas que se han hecho, de reivindicación de pueblos originarios y organizaciones criminales en la zona, aclarando que estas no tienen nada que ver aquellas que buscan soluciones políticas.
Sobre este último punto, Díaz detalló que estas bandas “se han dedicado principalmente al robo de madera, a creciente producción de marihuana y abigeato en alta medida” y añadió que “eso se ha ido acrecentando en los últimos semestres con una importante cantidad de robo a personas y ataques a propiedades de particulares”, señalando que las víctimas son trabajadores, personal de salud y funcionarios municipales.
Si bien dijo entender que la medida se trata de una facultad que tiene el Presidente de la República, “no apunta a la complejidad del fenómeno que vivimos, sino a un aspecto en particular”, aunque dijo esperar que al menos esta “genere más tranquilidad en las principales rutas producto de estos patrullajes mixtos que se pueden establecer, pero que es parcial”.
Por lo anterior, el gobernador regional apuntó a la necesidad de un plan integral para tratar la problemática en su totalidad. “Las personas que vivimos en esta zona del país y también en la Región de la Araucanía queremos que esto se resuelva en todas sus dimensiones: de orden público, económicas, sociales y políticas”, aseveró.
Por otra parte, Rodrigo Díaz descartó haber tenido comunicaciones directas con el Ejecutivo, previa y posteriormente a la dictación del estado de excepción.
“Creo que para abordar problemas de la complejidad que se vive en esta zona, que son causantes de miedo de muchas personas, es necesario hacer políticas de Estado más que políticas de Gobierno. Nadie está pidiendo que el Presidente no haga uso de sus facultades, de hecho, yo en el último tiempo lo he venido haciendo. Lo que uno espera, al menos, es que exista la deferencia de informar para colaborar en aquellas cosas que pueda hacer uno desde el gobierno regional”, reprochó.
En esa línea, por ejemplo, expresó su postura contraria a decretar la medida en toda la provincia del Biobío, puesto que nunca ha tenido problemas de orden público y comentó que “hay un clamor por que se haga política de Estado y se han las cosas bien. Así lo he conversado con alcaldes, de ambas provincias y también con el consejo de gobierno regional, que son representantes de la soberanía popular en el territorio. Entonces, no quiero pensar, francamente, que esto se trata de tirar una cortina de humo”.
“Lo que estamos tratando de hacer los actuales políticos de la región es coordinarnos para decirle a este Gobierno, a quien gobierne a partir del próximo año y también a la Convención Constituyente que, por lo menos la gente del Biobío y la Araucanía, quieren que se resuelva este problema ya no a cuenta gotas como ha venido ocurriendo en los últimos 20 años, sino que nos sentemos, conversemos y resolvamos la materia”, afirmó.
Asimismo, consultado por la disposición de personeros de Gobierno de recoger el trabajo que se ha ido impulsando desde distintas comisiones en la zona para abordar el fenómeno, el gobernador Rodrigo Díaz mencionó que esta ha sido deficiente.
“Creo que están terminando su período y que están tratando, por decirlo en buen chileno, de zafar y de terminar luego el mandato porque este Gobierno ha perdido el impulso realizador que tenía al inicio, producto de las circunstancias conocidas por todos”, concluyó.
Con todo, durante esta jornada se espera que la autoridad regional entregue una carta al Presidente Sebastián Piñera, que resume en cinco puntos la evaluación de diversos alcaldes de Arauco y Biobío respecto del estado de excepción y en el que insistirán en su llamado a trabajar mancomunadamente en una hoja de ruta y plan que permita abordar el conflicto en todas sus dimensiones.