Como se tenía previsto, este martes el Ejecutivo firmó el decreto que establece el estado de excepción constitucional para las provincias de Malleco y Cautín, en la región de la Araucanía y de Arauco, en la región del Biobío por un periodo de 15 días. Con el anuncio el Gobierno habilitó el despliegue de las Fuerzas Armadas en la Macrozona Sur con la finalidad que presten apoyo en la labor de prevención y control del orden público en el territorio.

De esa manera el Ejecutivo persistió en el patrullaje de los militares en la zona luego que Contraloría declarara inconstitucional el decreto 249 firmado por el Presidente Piñera junto a los ministros de Interior y Defensa; Rodrigo Delgado y Cristián de la Masa, que permitía la restitución de las Fuerzas Armadas en dichas provincias tras el levantamiento del estado de excepción declarado en todo el país producto de la emergencia sanitaria.

Hoy, y en un gesto al llamado que efectuaron los parlamentarios del oficialismo durante este fin de semana, el mandatario anunció la medida que permite a las Fuerzas Armadas dotar de apoyo logístico, tecnológico, comunicacional, de vigilancia y transporte a todos los procedimientos policiales en la zona declarada bajo excepción constitucional.

“Los habitantes de esos territorios, lo sabemos y lo sentimos con mucho dolor, viven con constante temor y con una profunda sensación de indefensión lo que sin duda causa un enorme daño no sólo a las víctimas directas sino también a tantos que se sienten amenazados y en último término a todos los chilenos y chilenas de buena voluntad”, aseveró este martes el Presidente Piñera, asegurando que la medida no contempla la participación autónoma y directa de los militares en operaciones de naturaleza policial. 

Al respecto y en conversación con nuestro medio el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y abogado integrante del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Salvador Millaleo, consideró la medida como infructuosa, considerando que no existe certidumbre sobre el aporte de los grupos militares en materia de orden y seguridad. 

“Hemos tenido un estado de emergencia que ha durado desde marzo, abril del año anterior, continuamente, y no tenemos ninguna evidencia de que han sido útil, más bien es un gesto que le dice al mundo indígena que en el fondo el Gobierno no va a buscar más que plantear los temas relativos a la Macrozona Sur como temas de orden público, que no habrá diálogo, que no habrá una aproximación, que no podemos esperar más de ellos que lo que han hecho hasta ahora que es desplegar cada vez más fuerzas policiales y paramilitares”, aseguró.

Si bien es potestad jurídica del Presidente de la República el esgrimir la excepcionalidad constitucional, el abogado advirtió que el uso sistemático de este recurso incurre en la vulneración de los derechos humanos de la ciudadanía.

“Los estados de excepción no se pueden mantener permanentemente. Si el Gobierno termina con el estado de excepción  en septiembre y luego lo repone y su intención es volverlo a reponer, estamos hablando de un atentado a los derechos humanos pero desde una perspectiva genérica, no los derechos indígenas, sino los derechos humanos en general en cuanto las situaciones de excepción tienen que ser justificadas, tienen que ser necesarias y ninguna situación de excepción puede ser permanente”, sostuvo.

Foto: Agencia UNO.

La determinación del Gobierno va en un sentido diametralmente opuesto a las iniciativas de diálogo, sostuvo el abogado. Una de esas es la que lleva adelante el Centro Nansen- fundación con sede en Noruega que facilita procesos para la superación de conflictos- con ocho universidades de la región de La Araucanía junto al obispo de Temuco, Héctor Vargas. El líder del organismo, Alfredo Zamudio, fue recibido en La Moneda por el Presidente Piñera en agosto de este año, oportunidad en la que el mediador hizo hincapié en la reconstrucción de las confianzas para efectos de fortalecer las voluntades políticas.

“Lo que necesitamos es que proliferen estas iniciativas de diálogo pero lo que hemos aprendido, porque han existido varias iniciativas anteriores, es que el diálogo depende de un clima de confianza y evidentemente estas situaciones no ayudan en eso sino que merman más la confianza y hacen que el mundo indígena vea propuestas de diálogo más como una manipulación, que como una iniciativa de buena fe para tratar de alcanzar algún tipo de acuerdo“, indicó el abogado del INDH.

Por otro lado, las políticas de orden represivo no han hecho más que agudizar el conflicto en la zona, agregó Millaleo. Así se hizo evidente en agosto de este año cuando el entonces coordinador de seguridad del Gobierno en la Macrozona Sur, Pablo Urquizar, reportó un aumento del 407 por ciento en las detenciones efectuadas durante el primer semestre. Cifra que vino de la mano con un aumento de los hechos de violencia a modo de respuesta de los grupos radicalizados.

“Con todas estas políticas que se han aplicado uno no ha visto una disminución (del conflicto), todo lo contrario, ellos mismos lo señalan y de eso da cuenta la Multigremial que lleva un conteo de un aumento de estos ataques”, señaló.

En ese sentido Millaleo aseguró que lo único que propician las medidas de robustecimiento de las policías- en cuanto no tienen protocolos adecuados de actuación y no son efectivas a la hora de prevenir ataques y garantizar el orden público, mencionó– es a intensificar el hostigamiento hacia las comunidades y de esa manera, el resentimiento de los pueblos.

“Hemos visto muchos allanamientos con violencia excesiva, con violencia desproporcionada, estas situaciones son vistas como una agresión y de esa manera los grupos que son radicalizados justifican su posición en el sentido de que, con la fuerza desproporcionada de las policías, ellos tiene una constatación de que están siendo agredidos y ellos justifican su acción como una respuesta a esa reacción“, explicó.

Distinto es para el abogado la diferencia injustificada – a su juicio- del tratamiento que ha tenido el Gobierno sobre las manifestaciones de los camioneros en la ruta 5 Sur. En ese sentido Millaleo consideró que existe una “escandalosa pasividad del Ejecutivo frente a acciones que efectivamente interrumpen el suministro de las ciudades y que dificultan el tránsito”. Argumento del que se servían las policías para efectos de justificar la represión durante el estallido social, mencionó.

“Hay que constatar que no son todos los gremios. Hay gremios que nunca han querido participar en las movilizaciones de grandes cadenas de camioneros, que son los dueños de camiones, porque estiman que no son conducentes sino más bien tratan de reforzar los sectores más duros del otro extremo, de la extrema derecha, que en lugar de contribuir a generar un clima de diálogo y de entendimiento, lo que hacen es exacerbar las políticas más represivas y a través de eso, generar más conflicto“.

En esa línea Millaleo sostuvo que es probable que el Congreso no renueve el estado de excepción en la Macrozona Sur habiéndose cumplido los 15 días de vigencia, por lo que este anuncio del Gobierno sólo “trata de generar un punto político para apoyar a los sectores más conservadores de la zona que son los que no han querido contribuir en nada a generar un diálogo con las organizaciones indígenas”, consideró.

Finalmente, Millaleo indicó que “La cosa puede ser mucho más compleja porque evidentemente estamos viendo un gobierno de salida cuyas grandes políticas fracasaron, entonces parece que el agitar el miedo en la Araucanía, agitar el miedo en el Wallmapu parece que es uno de los pocos recursos políticos que le quedan al Gobierno, no sólo frente a este problema, sino que frente a cualquier problema. Eso a nosotros que trabajamos en derecho indígena nos preocupa mucho porque en el fondo exacerba el conflicto no por el tema de Pandora Papers sino que por cualquier tema y transforma a la Araucanía en único y último recurso político que le queda a este gobierno para tratar de marcar algún punto y de la manera más negativa que es agitando los miedos e inseguridades de nuestra población”, concluyó.