Con el objetivo de determinar las responsabilidades que le corresponderían al Presidente Sebastián Piñera, así como al ex ministro de Salud Jaime Mañalich, a su sucesor en el cargo, Enrique Paris y al ex subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga, la Comisión Chilena de Derechos Humanos pidió a la Fiscalía se los cite a declarar en el marco de la querella por fraude al Fisco por el destino de 5 mil millones de pesos en el marco de la pandemia de Covid 19.

Según el abogado de la comisión, Pablo Corvalán, también se solicitó se oficie a la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) y a la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional, al Servicio de Impuestos Internos, a la Fiscalía Nacional Económica, y al Consejo de Defensa del Estado, a objeto entreguen antecedentes relevantes sobre los graves delitos investigados.

“Aquí nosotros decimos que hay una lesión al interés público toda vez que al parecer se ha consentido defraudar y se ha impedido el ejercicio con probidad de la función pública y también hay un detrimento del patrimonio fiscal ante una serie de contrataciones que han sido denunciadas por la Comisión Chilena de Derechos Humanos en distintas regiones del país y por elevados montos. Aquí llama la atención una serie de infracciones y la falta de respaldo de contratos, servicios no utilizados, pagos a distintas entidades privadas como constructoras o sociedades de inversión turística”, comentó el profesional.

Corvalán explicó que uno de los casos más mediáticos fue el de Espacio Riesco, el cual fue contratado por 2 mil 900 millones de pesos, “donde ya la Contraloría General en su informe de enero de 2021 ya establecía que figuraba una doble contratación, sino que también había inconsistencia en los contratos porque había servicios no prestados o duplicidad de costos”.

A eso se suma que la contratación de Espacio Riesco se hizo con el argumento de descongestionar el Hospital San José de la zona norte de la Región Metropolitana, “cosa que no ocurrió y por ende ahí también pudiera darse otro tipo de delitos como de abandono de auxilio”, estimó Corvalán.

El representante de la Comisión Chilena de Derechos Humanos comentó que si bien la investigación ha sido lenta, en el caso de Santiago hay más avances respecto de una residencia denominada “Clínica SPA”, la que fue contratada por más de 205 millones de pesos.

“Efectivamente, había ex funcionarios de Redes Asistenciales que estaban involucrados en las propiedades de estas inmobiliarias y eso se determinó tanto por la Contraloría General de la República como en la propia investigación que se lleva a cabo en la Fiscalía y es una de las causas que está mayormente avanzada. Efectivamente, ahí aparecería un contrato autorizado por el ex subsecretario Arturo Zúñiga, por lo cual nosotros lo imputamos y solicitamos todas las investigaciones para que declare junto con las demás autoridades que son responsables”, sostuvo.

A esa residencia se suman “Nipon”, “RQ Santiago”, “Tobalaba”, “Santa Magdalena”, entre otras, que en total suman 950 millones de pesos.

El delito de fraude al Fisco contempla penas de cárcel e inhabilidad para ejercer cargos públicos, algo que perjudicaría la carrera parlamentaria que pretende iniciar al ex ministro de Salud Jaime Mañalich que hoy postula al Senado como independiente por un cupo de Evópoli, así como a Arturo Zúñiga que hoy ejerce como convencional en la Convención Constituyente.

“Estamos solicitando esta serie de diligencias para que se establezcan estas responsabilidades en este caso del ex subsecretario que no sólo tiene deberes administrativos como el control jerárquico, sino que también tiene el deber principal de resguardar el patrimonio público y el uso y la destinación del erario fiscal. Por lo mismo estamos solicitando este levantamiento de la Unidad de Lavado de Dinero y Delitos Económicos para que se facilite determinar estas vinculaciones y la responsabilidad que pudiera existir”, concluyó el abogado.