“Tenemos el derecho de exigir respeto, vamos a luchar en esta causa”, expresó la madre de la víctima por la determinación del máximo tribunal de anular la condena del ex funcionario de la PDI, Leonel Contreras, quien fue declarado culpable.
El diputado del Partido Socialista se desligó del comunicado que entregó la colectividad sobre las acciones legales emprendidas por el exministro, tildándolo de “un error”. Además. llamó a la unidad entre las fuerzas políticas del oficialismo.
El legislador socialista aseguró estar con la tranquilidad “de mostrarle al país que tengo mis manos absolutamente limpias a diferencia de muchos otros” ante la acción legal del exministro y dijo esperar que no sea “una estrategia para silenciarme”.
La parlamentaria, quien es patrocinante en una demanda contra el consorcio, se refirió a los argumentos de la acción judicial, así como la relación de los vecinos con la empresa.
La parlamentaria había interpuesto una acción judicial en la que solicitaba una indemnización por más de $2 mil millones por daño moral, tras lo sucedido en el contexto del denominado estallido social.
El caso que llevan los tribunales de la nación europea involucra a 43 ciudadanos latinoamericanos con raíces en el viejo continente, entre ellos cuatro víctimas chilenas.
“El sueldo no es un sueldo que se pacte al inicio, sino que varía todos los semestres, y eso atenta contra lo que el Código del Trabajo señala respecto a un contrato indefinido”, explicó Francisco Menares, uno de los docentes afectados.
Si bien la institución judicial suprema de Naciones Unidas no tiene potestad para presentar cargos contra los líderes rusos detrás de la invasión a Ucrania, puede resolver reclamaciones de los Estados ante eventuales violaciones del derecho internacional.
La Organización de Consumidores y Usuarios exige una compensación de 200 millones de pesos ($100 millones por daño material y $100 millones por daño moral) para cada enfermo de cáncer afectado por la exposición al herbicida Roundup de BAYER.
La demanda, interpuesta en diciembre de 2019 busca anular el contrato celebrado entre Aguas Andinas y Alto Maipo por contravenir las normas sanitarias, ya que la empresa sanitaria utiliza sus derechos de agua comprometidos en la Concesión de Servicio Público de Agua Potable para Santiago, cuyo fin es la producción de agua potable.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos, querellante en este caso, pidió a la Fiscalía que se sume también al actual titular del Minsal, Enrique Paris y el ex subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga. La entidad acusa a todas las autoridades de fraude al Fisco por 5 mil millones de pesos.
En una demanda colectiva contra la empresa de origen alemán se afirma que el fármaco Roundup produciría cáncer debido al compuesto glifosato.
