A las nueve de la mañana de este martes comenzó la sesión en el hemiciclo del Senado, que contó previamente con la declaración de la presidenta de la Corporación, Ximena Rincón y el Vicepresidente, Jorge Pizarro, ante la prensa. Ambos se limitaron a explicar el programa que se definió para esta jornada sin deslizar juicio o apreciación de los argumentos que esgrime el libelo ni de la votación que expresó la Cámara Baja.

“Tal como ustedes saben tenemos los tiempos distribuidos según acuerdo de comité y esto nos permitirá ver la exposición de los diputados acusadores con 60 minutos para su intervención luego la defensa con otros 60 minutos y luego la replica y la duplica con 45 minutos cada uno. Eso luego de la relación que haga el secretario del Senado de 30 minutos”, así explicó la senadora Rincón la primera sesión en el hemiciclo del la Cámara Alta.

Por su parte, Pizarro sostuvo que este martes se verá cuantas voluntades hay en un sentido u en otro, “algunos la tienen formada, otros la vamos a ir construyendo durante el día de manera que no se puede plantear que aquí habrá una postura de una bancada o de una oposición, de un gobierno. Cada cual tiene que decidir por sí mismo“.

Y es que hay un parlamentario que manifestó previamente su postura, el Demócrata Cristiano Francisco Huenchumilla, quien expresó haber llegado a un convencimiento de que “hay un problema al más alto nivel de un quebrantamiento del principio de probidad que establece al artículo octavo de la Constitución“, razón por la cual votará a favor del juicio político contra el presidente.

Una situación que fue materia de objeción por parte del legislador de la UDI, Iván Moreira, quien exigió a Huenchumilla inhabilitarse de la votación. “Un jurado tiene que escuchar siempre la defensa antes de condenar”, arguyó. A lo que el aludido señaló que su opinión se forjó luego del estudio de la acusación y la respectiva defensa del Presidente de la República.

Acusadores

Con el término de la alocución del secretario del Senado, la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans inició su intervención relativa a los argumentos del libelo. La frenteamplista señaló que intangibilidad de las normas ambientales, el no declarar área marina protegida la zona de la Higuera y no firmar Escazú fue lo que hizo posible la aprobación del proyecto minero-portuario.

Asimismo recalcó que la investigación que llevó el Ministerio Público el 2017 no indagó en la arista de Dominga, por lo que los hechos que apunta la acusación no están amparados como asuntos juzgados. Por otro lado consideró como un insulto al país el que se pretendiera establecer que el presidente no tenía conocimiento de dicho negocio, cuando su éxito estaba sujeto a las determinaciones que al mandatario le corresponden en el ejercicio de su cargo.

Además la diputada apuntó a que Nicolás Noguera, gerente del family office de los Piñera Morel, firmó la venta de Dominga sabiendo de la cláusula que condiciona el último pago a la no protección de la zona de la Higuera, a diferencia de lo que ha planteado la defensa.

“Buena parte de la defensa del mandatario se ha sostenido sobre una idea esencial, mientras se ha insistido en que el presidente Piñera ni su familia ni sus ejecutivos participaron en la negociación por la venta de Dominga, lo cierto es que a través de la revisión de correos producto de las múltiples investigaciones judiciales que han aquejado durante estos años al mandatario, se ha dejado en evidencia y este hecho es publicado en una noticia de Ciper que el representante de la familia presidencial Nicolás Noguera si conocía el acuerdo de venta de Dominga y lo aceptó“.

Posteriormente el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, instó al Senado a aprobar el libelo apuntando a la irregularidad en la que se establece el contrato de compraventa entre la familia Piñera Morel y los Délano, subrayando que el acuerdo es un híbrido entre lo privado y lo público que se establece con pretensiones de ocultar sus condiciones. En ese sentido cuestionó que aunque los domicilios de los firmantes se situaban en Chile al igual que el lugar donde se erigiría Dominga, la transacción se firmara en un sitio que se utiliza para zanjar acciones reñidas con la ley, como las islas Vírgenes Británicas.

“¿Por qué no suscribieron a este contrato en una notaría de Santiago como lo harían millones de chilenos? ¿Por qué tuvieron que constituir un complejo esquema de sociedades y concurrir a suscribir el contrato en las Islas Vírgenes Británicas, un país del Caribe que está catalogado como lo peor, como un paraíso fiscal. La defensa ha dicho que fueron a este paraíso fiscal para traer la confianza de una inversión extranjera al proyecto minero, yo coincido en esto con el jurista Juan Pablo Hermosilla que dijo claramente en la Comisión que este era un argumento infantil porque si se quiere crear confianza en inversionistas nadie va a un lugar como los paraísos fiscales, donde se hacen negocios y ocultan su fortuna los narcotraficantes, el crimen organizado y los evasores de impuestos”.

A su turno el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver, aseveró que el presidente infringió un daño irreparable a la nación abusando del poder para su beneficio propio y quebrando la fe de la ciudadanía.

“El presidente Piñera ha comprometido gravemente el honor de la nación por quebrantar el articulo octavo de la Constitución, porque en el ejercicio de su cargo desvió el poder público investido en él con el fin de favorecer multimillonarios negocios propios tanto de él, su entorno, su familia y sus amigos personales. Estos actos corresponden a un actuar abusivo, deshonesto, hechos que rompen la confianza de nuestra nación y que contravienen su rol de jefe de Estado”.

Defensa

El abogado del Presidente de la República, Jorge Gálvez, desestimó la acusación en todos sus aspectos, arguyendo que la cláusula del tercer pago en la compra venta de Dominga entre los Délano y los Piñera Morel ya era de conocimiento público y que fue objeto de investigación por la Fiscalía el año 2017 en el caso Exalmar. En eso recalcó que el ex fiscal Manuel Guerra incautó 1800 correos del gerente de Bancard, Nicolás Noguera y no se logró dar cuenta de un conocimiento del presidente en esos negocios.

En esa línea expresó que “mañosamente se ha insistido en que el vendedor del proyecto es la familia Piñera (…) pero al poco andar a todos les quedó perfectamente claro que el vendedor es una empresa que se llama Minera Activa 1 SPA que está gestionada y controlada por un grupo de gestores mineros y expertos en finanzas donde la familia del presidente a través de su representante solo hizo una inversión pasiva y minoritaria“.

Asimismo señaló que no existen decisiones administrativas de este gobierno que influyeran en la aprobación de Dominga, en cuanto, la no declaración de área marina protegida en la zona de la Higuera sucede dado que no hubo acuerdo sobre la superficie que se iba a proteger. Además explicó que la no suscripción de Escazú no puede ser vinculado con los argumentos del libelo dado que el acuerdo estuvo disponible para ser firmado el año 2018 y la vigencia de la cláusula se agotó en diciembre del 2011. 

“Si va a perseguir las sanción nada menos al Presidente de la República, vulnerar o contradecir la voluntad soberana que lo escogió soberanamente en las elecciones libres y democráticas, si va a aplicar una sanción de cinco años de inhabilitación absoluta pero es que entonces ofrezca pruebas, un correo, una llamada, un testigo, alguien que pueda decir que tuvo algún tipo de intervención porque insisto, no sólo está revestido de la presunción de inocencia, su inocencia está judicialmente declarada por lo tanto el estándar para que esta honorable corporación pueda hacer una afirmación en el plano factico distinto requiere un esfuerzo probatorio significativo”, manifestó.

La sesión del Senado continua a las 15 horas de este martes donde los y las senadoras expondrán sus argumentos a favor o en contra del juicio político contra el Presidente de la República hasta total despacho de la acusación.