Este jueves los 25 integrantes de la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional iniciaron la discusión sobre la redefinición del ejercicio del poder que se expresará en la nueva Carta Fundamental. Instancia donde los convencionales dispusieron de cuatro minutos para explicitar sus primeras posturas sobre el régimen de gobierno, sistema electoral y estructura del Poder Legislativo. Opiniones mediante las que se prefiguró una inclinación por avanzar hacia el presidencialismo atenuado y por mantener la bicameralidad con un enfoque asimétrico, de modo que una se destine a la representación territorial de las regiones.
Sobre la mesa también se deslizó la idea de establecer una vicepresidencia y que ambas figuras -junto al Presidente de la República- cumplan la lógica de paridad además de la posibilidad de votar el Congreso Nacional en conjunto a la segunda vuelta presidencial.
Al respecto, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado constitucionalista de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, rescató que en el debate de contenidos se estén generando coaliciones momentáneas entre las fuerzas políticas al interior de la Constituyente.
“Se empezó a producir eso que habíamos imaginado antes de la Convención y que durante todo el período de instalación y de reglamento no pudo observarse, me refiero a que por ejemplo, el presidencialismo atenuado suscitó apoyos transversales que van desde la derecha hasta el partido Comunista y que por ejemplo la mayoría del Frente Amplio está por el parlamentarismo entonces uno se fija en como eso rompe el esquema y vamos a verlo en la medida que avancemos a temas ambientales, de mujer o de regionalización”, proyectó.
Revisando los temas abordados por los y las convencionales, el abogado consideró que ha habido un declive en las preferencias por el semi-presidencialismo al interior de la comisión dado que, bajo su impresión, pasó de ser considerado como “un punto medio” entre el presidencialismo atenuado y el parlamentarismo a ser considerado como un modelo “per se” que ha evidenciado serios problemas a raíz del ejemplo peruano, sostuvo.
“Yo tengo la impresión, aunque es una pura impresión, que el debate se va a jugar entre el parlamentarismo puro y el presidencialismo atenuado y ahí la gran pregunta es algo que planteó Arturo Fontaine en su libro, que es esta sensación que podrían tener culturalmente muchos chilenos particularmente cuando esto se discute a la sombra de una elección presidencial, de que se le va a quitar el poder de legislar al Presidente. Yo creo que ese es el gran problema que tiene el parlamentarismo en Chile”, consideró.
Por otro lado, reparó en que “el gran problema que tiene el presidencialismo aunque sea atenuado es que corre el riesgo de proyectar esta dificultad que ha caracterizado los últimos gobiernos de distinto signo, Bachelet dos o Piñera dos, de llevar adelante una agenda que involucre reformas legales, entonces un sistema electoral que lleva un Congreso Nacional con quince, doce partidos hace efectivamente difícil armar coaliciones”, señaló.
En relación al debate sobre el tamaño del Parlamento, el abogado consideró interesante que “el eje no está siendo absolutamente izquierda-derecha”. Esto en el entendido que la moción del bicameralismo reunió las preferencias de Ricardo Montero, Maximiliano Hurtado, Cristián Mónckeberg, Marcela Cubillos, Constanza Hube, Raúl Celis, Hernán Larraín Matte, Arturo Zúñiga, Guillermo Namor, Pedro Muñoz y Fuad Chahin.
“En este momento la discusión está incluyendo distintos sectores que están comenzando a apreciar que hay un elemento de representación regional que podrían jugar los senadores, se ha hablado del bicameralismo asimétrico. Eso también está íntimamente relacionado con la pregunta sobre la distribución territorial del poder y Chile sabemos que es uno de los estados unitarios más centralizados del mundo o por lo menos de América Latina”.
Lo anterior vendría a replicar un modelo de Colombia que podría hacerle sentido a la ciudadanía, observó Couso. “Es un Estado unitario donde hay niveles de autonomía importante en las distintas provincias y regiones de Colombia”.
Un tercer factor que a su consideración se hará central en el debate sobre régimen político es la democracia participativa, que a juicio del abogado, al igual que la paridad traspasará el marco del proceso constituyente para consagrarse como una iniciativa popular de ley.
“Esto es algo que ha desarrollado mucho el profesor David Altman, que como es uruguayo y Uruguay es el país que más democracia participativa tiene en América Latina, un poco la Suiza de América Latina, él ha demostrado en su trabajo que publicó en su artículo en Oxford University Press que en realidad hay una dinámica de los países cada vez más importante, de una especie de triángulo, no sólo es ejecutivo, legislativo sino ejecutivo, legislativo y democracia participativa, iniciativa popular de ley“, explicó.
Ahora bien, abordado la posibilidad de abrir referéndums revocatorios, el constitucionalista consideró adecuado limitarlos a las autoridades locales y regionales, en cuanto las experiencias sobre las destituciones de presidentes no han sido buenas en América Latina dado que han polarizado mucho a la ciudadanía, mencionó, recogiendo el caso de Venezuela. Pese a lo anterior el escenario es diferente bajo un sistema parlamentario en cuanto “el gobierno no se entiende sino como un producto del Parlamento. Pero en un sistema de presidencialismo atenuado, yo creo que es algo que probablemente sea negativo”.
Respecto a la eventual modificación que el cambio constitucional puede implicar para el mandato del próximo presidente y para los años de duración del próximo Congreso, Couso, valoró la declaración realizada por Jaime Bassa en la que el vicepresidente de la Convención consideró razonable que tanto el próximo presidente como el período legislativo ordinario se lleven a cabo íntegramente. Esto en cuanto el abogado de la UDP dijo necesario darle esas certezas a la ciudadanía previo a la votación de la segunda vuelta.
“Si bien constitucionalmente la Convención tiene la facultad solo en el caso de que fuera a optar por un sistema parlamentarista o semi-presidencialista y entraría a un debate si es que se agregara una vicepresidencia, a mi juicio, no daría para una modificación sustancial para la presidencia, más allá que un agregado, pero yo coincido con Bassa que más allá de la facultad que tuviera la convención me parece importante hacer una declaración por lo menos de intenciones de que incluso si Chile va a transitar a un sistema parlamentarista esto se implementaría en cuatro años más. Eso me parece sumamente valioso y me parece un desarrollo sumamente positivo”, resaltó.
Respecto al contexto electoral, Couso agregó que “no es culpa de la Convención que hubiese una pandemia, porque en el diseño original habríamos tenido un texto antes de esta segunda vuelta, un texto acabado ya, pero se tuvo que postergar seis, siete meses todo y el efecto que está generando es que al mes quinto de la Convención se produce la elección y atendida a esa circunstancia imprevista e imposible de manejar, me parece súper importante que el vicepresidente muestre disposición a llegar acuerdos con todos en esta materia“.
Consultado por la definición que proyecta en la nueva Constitución el abogado sostuvo que “mi sospecha es que hay más ambiente para un sistema presidencialista atenuado. Podría estar equivocado, pero me da la impresión de que se va a prevalecer en esto, quizás con la variante de una vicepresidencia”, evaluó.
