A poco más de un mes de ocurrida la muerte del comunero mapuche Yordan Llempi (23 años) en la localidad de Cañete, el Instituto de Derechos Humanos interpuso una querella criminal que desestimó la versión oficial del Gobierno que calificó los hechos, ocurridos el pasado 3 de noviembre, como “una emboscada terrorista” en contra de personal de Carabineros y Las Fuerzas Armadas.

Todo esto, en un contexto en el que se estaba discutiendo una nueva extensión del estado de excepción constitucional para cuatro provincias de las regiones de La Araucanía y el Biobío.

El libelo- al que tuvo acceso El Mostrador– fue interpuesto en el Juzgado de Garantía de Cañete y va dirigido contra “todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices y/o encubridores”, apuntando al “delito de apremios ilegítimos calificados con homicidio, descrito y sancionado en el artículo 150 E N° 1 del Código Penal”, cometido en contra de Yordan Eduardo Llempi Machacán.

También señaló los “delitos consumados de apremios ilegítimos, previsto y sancionado en el artículo 150 D del Código Penal” cometidos en contra de Claudio Iván Porma Leviqueo, José Benedicto Huenchuleo Saavedra y el menor de 16 años de iniciales J.A.P.P, quienes resultaron heridos durante esa misma jornada.

En particular, la querella del INDH establece que Yordan Llempi fue baleado por Infantería de Marina mientras se encontraba en su hogar, ubicado en el sector de San Miguel. Este recibió primeros auxilios y fue trasladado al Cesfam de Tirúa, donde finalmente falleció producto de una “hemorragia interna por traumatismo toráxico-abdominal causada por proyectil balístico”.

Por lo que esta descripción vendría a respaldar la postura que han expresado familiares de la víctima, quienes han comentado que Llempi recibió el disparo mientras estaba en el patio de su casa.

En esa línea, el texto indica que en este caso se cumplirían los requisitos para imputar el delito de apremios ilegítimos calificados con homicidio, puesto que existiría un uso ilegítimo de la fuerza estatal y la comisión de un homicidio con ocasión de los apremios ilegítimos, agregando que “tal acción contradice, en primer lugar, las facultades que fueron otorgadas a las Fuerzas Armadas en la Declaración de Estado de Emergencia, como las Reglas de Uso de la Fuerza”.

El vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, criticó la tesis del Ejecutivo, acusando que “hizo creer que la situación fue a raíz de una emboscada, de un enfrentamiento armado entre mapuche y no mapuche. Los testimonios de quienes llegaron aquí a Temuco, quienes prácticamente fueron heridos en sus brazos por armas de fuego de marinos de ese lugar, confirman que fueron atacados estando en sus vehículos”.

Por lo que para el dirigente “que el Instituto Nacional de Derechos Humanos establezca las acciones penales correspondientes da lugar a que el Gobierno debe explicar al país esta mentira que ha instaurado” y recordó el caso del comunero Camilo Catrillanca, “en donde también se dijo que hubo enfrentamiento, situación que no ocurrió. Por lo tanto, esto da cuenta de que el estado de emergencia que hay en el sur es una manera de generar una imagen de terror con el objeto de utilizarlo políticamente”.

El abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román– quien también lleva el caso del miembro de la Coordinadora Arauco Malleco, Pablo Marchant, expresó que “lo mínimo que uno puede esperar del INDH que interponga una querella a propósito de que vivimos un peligroso momento de violencia estatal extrema en el Wallmapu, que se expresa en esta ejecución extrajudicial del peñi Llempi, como asimismo de Pablo Marchant hace unos meses en manos de Carabineros”.

En esa línea, Román manifestó que “lamentablemente, al sur del Biobío esta violencia estatal es olvidada en el centro, en la política, en el momento electoral que se vive y se repiten estos horrorosos crímenes como de Llempi y Marchant, sino que se vive un grave proceso de impunidad impulsado por la clase política en general y azuzado, desde luego, por los medios de comunicación”.

“Aquí hay una responsabilidad del Estado de Chile porque no solo las policías y los institutos militares están fuertemente respaldados por clase política de manera transversal, razón por la cual les resulta fácil y gratis disparar, por ejemplo, como lo hicieron con Camilo Catrillanca. Vale decir que cuando los victimarios son policías, son militares tanto la Fiscalía como la Judicatura se comportan de una manera inmoral, y cuando se trata de disidentes o mapuches se activan para perseguir y castigar lo más severamente posible”, cuestionó el abogado.

En tanto, el diputado UDI por el distrito 20, Sergio Bobadilla,  señaló que “hay que dejar que la Fiscalía haga su trabajo, someternos por cierto a lo que dictaminen los tribunales de justicia” y añadió que con respecto al INDH “a mí no me da absolutamente ninguna confianza porque creo que siempre ha actuado parcialmente y políticamente. Creo que lo que se requiere en este tipo de situaciones es objetividad, transparencia y responsabilidad con que se lleve adelante la investigación”.

En cuanto a su percepción respecto a que este hecho haya ocurrido en medio de la discusión sobre la ampliación del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur, el legislador sostuvo que “da la impresión de que hay algunos que quieren que estos grupos de terroristas sigan operando en la más absoluta impunidad, yo creo que el estado de derecho y el Estado debe y tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para perseguir, procesar y condenar a estos narcoterroristas”.

Además, la querella el INDH solicita una serie de diligencias al Fiscal Adjunto del Ministerio Público, tales como la reconstitución de escena, la recopilación por parte de la Policía de Investigaciones de las copias de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la ruta, la incautación de armas u objetos para agredir a las víctimas, ente otros.

Por otra parte, solicitó despachar un requerimiento de información a la Segunda Zona Naval de Talcahuano para dar cuenta de las funciones asignadas al personal el día en que ocurrieron los hechos.