Un grupo cada vez mayor de diputados tories ha motejado las medidas de “draconianas”, “innecesarias” y como “un atentado contra las libertades”, pero hay dos medidas que son las que mayor rechazo provocan entre los parlamentarios conservadores: por una parte, la exigencia de un certificado de vacunación y por otra, que se haya implantado la inmunización obligatoria al personal sanitario. El tono empleado por los habitualmente flemáticos parlamentarios subió y comenzaron a escucharse voces cada vez más críticas que denunciaban que estas medidas provocan “discriminación” y “segregan” a las personas.
La Cámara de los Comunes votó el martes el denominado Plan B para Inglaterra con 441 parlamentarios a favor del uso de la mascarilla y 41 en contra, de estos últimos 38 tories, mientras que el uso del pasaporte sanitario contó con 369 votos a favor y 126 en contra. De estos últimos, un centenar fueron de conservadores, un número que supera a los 70 rebeldes que se esperaban. La votación final decidió, por 385 contra 100 que el personal de primera línea sí debe ser obligado a vacunarse y por unanimidad se decidió cambiar las cuarentenas por un sistema de pruebas rápidas diarias.
Esta no es la primera rebelión entre sus propios partidarios que deben enfrentar Boris Johnson y su gobierno. Ya hubo otra, considerada como la mayor, contra el inquilino de Downing Street 10, la que involucró a 59 parlamentarios. Una paliza para Johnson.
El responsable de Sanidad en la sombra, Andrew Gwynne, aseguró antes de la votación que el Paertido Conservador “no jugará a la política con la vida de la gente” y que por ello no dudaría en apoyar las propuestas del Gobierno. Al contrario que los conservadores rebeldes, calificó las normas como “proporcionadas” y destacó que gracias a ellas la población tendrá tiempo de vacunarse con la dosis de refuerzo. La meta del ejecutivo es que a finales de diciembre todos los mayores de 18 años tengan las tres dosis, la única forma, según expresó el premier, de atajar el ‘maremoto Ómicron’ que se avecina.
Pese al apoyo entregado al gobierno a través de la votación y aprobación de las nuevas medidas anticovid, los laboristas señalaron a Boris Johnson como responsable de haber dañado de modo Irreparable “la confianza pública” y de haber “socavado los mensajes de salud” pública, en clara referencia a las fiestas que supuestamente se celebraron en Downing Street para las navidades del año pasado, cuando las estrictas restricciones vigentes no permitían este tipo de celebraciones.
Así, el liderazgo de Johnson, pese a esta votación favorable en la Cámara de los Comunes, está en entredicho, sin el apoyo del público que, según las encuestas, está cayendo en picada y como se comprueba en el Parlamento, sin el de su propio partido.
Y como para aumentar la controversia entre los británicos, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades advirtió hoy que la vacunación por sí sola no es suficiente para detener el impacto de la variante ómicron, sino que es preciso adoptar medidas “fuertes” para reducir su transmisión y aliviar la sanidad pública. Es necesario “proteger a la población más vulnerable en los próximos meses y no hay tiempo suficiente para lograrlo con las vacunas actuales”, alertó el Centro en un comunicado.