En la última sesión de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados se aprobó en general y en particular una tercera prórroga a la ley que prohíbe de corte de servicios básicos por no pago en el contexto de la pandemia del Coronavirus, cuyo vencimiento se producirá el próximo 31 de diciembre.

Este proyecto, sin embargo, pretende extender la suspensión de los servicios básicos como gas, luz y agua hasta el 31 del mismo mes, pero del año 2022. Además, ampliaría la cobertura al 100% de la población más vulnerable del país.

Esta normativa, aprobada por cuatro votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, también aborda la necesidad de buscar soluciones que mantengan las ayudas sociales entregadas por el Estado y el apoyo en los gastos de servicios básicos de los hogares del territorio nacional.

En la indicación se detallada que los beneficiarios de esta suspensión son los usuarios domiciliarios o residenciales, los centros de salud, los recintos penitenciarios, los hogares de menores en riesgo social, los establecimientos de larga estadía de adultos mayores, las compañías de bomberos, las microempresas y organizaciones sin fines de lucro.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, sostuvo que este proyecto surge por la preocupación que ha manifestado la ciudadanía ante el eventual vencimiento de esta ley que impide el corte de servicios básicos durante la pandemia del Coronavirus, que podría significa un riesgo sanitario para las personas afectadas por esta decisión.

“Lo presentamos preocupados porque se va a terminar la ley y la situación económica de las personas aún no mejora. Seguimos en pandemia, incluso con nuevas variantes como la Ómicron, y es preocupante que exista la posibilidad de que se corte el agua o la electricidad a las personas. En este caso, el agua viene siendo un tema de salud pública, ya que las personas arriesgarían sus vidas si no tienen agua para lavarse las manos, que es el principio básico de la prevención de acuerdo a las autoridades sanitarias. Aquí está en juego el derecho a la vida”, manifestó el parlamentario.

Incluso, Barrera explica que la población de diversos sectores del país “está muy preocupada por la situación económica, porque decían que se les estaban acumulando las deudas y no estaban en condiciones de pagar. Después, cuando terminara la ley, sería mucho más difícil pagar esa deuda acumulada”, y agrega que en relación a la presentación de esta iniciativa “también tomamos en cuenta que un grupo de municipalidades y otras organizaciones sociales también estuvieron haciendo gestiones y presentaron cartas al Presidente de la República por el término de la esta ley y tomara algunas medidas”.

En la misma línea, el parlamentario detalló que luego de la aprobación en general y durante la votación en particular se agregaron indicaciones que principalmente beneficiarían a personas aún más vulnerables.

“Para las personas que estén en el 40% del Registro Social de Hogares que la cuota que se les calcule no sea más del 1,5 de su ingreso mensual. En la misma indicación, se aprobó que aquellos que ganan menos del ingreso mínimo y están en ese porcentaje del Registro Social de Hogares tendrán la posibilidad de que se les condone la deuda o parte de esa deuda. Además, otra indicación se refiere a los arrendatarios, donde tiene que haber un mecanismo para que las deudas sean del arrendatario y no del arrendador”, indicó.

En relación a la participación de las compañías de electricidad, que incluso una de ellas (ENEL) presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso de inaplicabilidad por considerar que esta ley es inconstitucional, Barrera aseguró que “nosotros creemos que las empresas no pueden ser las que siempre ganen y, por lo tanto, presentamos el proyecto principalmente para abrir el debate e instar al Gobierno a actuar”, y sostuvo que desde el inicio de la discusión de esta iniciativa cursaron una invitación al Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, para que asistiera a la Comisión de la Cámara Baja. Sin embargo, el trabajo conjunto entre ambos poderes del Estado no ha logrado un acuerdo sobre esta materia.

“Cuando el Ministerio de Energía asistió a la Comisión dijo que ya estaban revisando la situación, como siempre nos dicen, pero no había nada concreto. Quedamos de acuerdo en la Comisión de Economía para formar una mesa de trabajo con nuestros asesores y con los asesores del Ministerio, y resulta que después el Ministerio de Energía desapareció. Cuando los buscamos, dijeron que no tenían nada. Invitamos nuevamente al Ministro a la Comisión. Fueron más de dos meses invitándolo, pero el Ministro nunca fue y nos enteramos por la prensa que hay conversaciones y propuestas, pero a nosotros todavía no nos presenta nada”, expone el diputado.

“Aquí se repite la actitud que ha tenido el Gobierno en relación a otras cosas anteriores cuando le decíamos que llega tarde. Pero aquí, hasta el momento, el Gobierno no ha llegado y es completamente preocupante”, subraya Barrera.

Además, el parlamentario por el distrito 9 acusa que “el Gobierno es indiferente en momentos críticos de la economía”, y manifestó que el término de los beneficios directos entregados por el Estado perjudicarán aún más a los sectores de la población que se han visto más afectados debido a la crisis generada por la pandemia.

“Se rechazó el cuarto retiro, que podría haber sido una posibilidad para algunos de asumir esta deuda. El IFE se terminó de manera abrupta, ni siquiera de forma gradual o focalizada, y Karla Rubilar y Lucas Palacios ya dijeron que no hay posibilidades de ayudas en ese sentido. La actitud del Gobierno ha sido súper irresponsable, quitar de golpe las ayudas y todavía sin presentar nada para poder ayudar a estas personas, que el 31 de diciembre van a caer en un problema tremendo. Se termina la ley y las personas tienen que empezar a pagar sí o sí, pero hay personas que no van a poder pagar y se les cortará el agua, la electricidad y el gas, en algunos casos”, recalcó.

En esa línea, la Ley de Servicios Básicos sostiene que una deuda puede cobrarse hasta en 48 cuotas sin intereses ni multa, y que el cliente puede repactarla con la empresa. No obstante, el parlamentario asegura que ha recibido acusaciones de la ciudadanía sobre los cobros de los montos adeudados por parte de las compañías ya que “personas han denunciado que les están aplicando intereses y las mismas empresas le están fijando una cantidad de cuotas de manera unilateral, y eso ya está mal”.

De este modo, Boris Barrera señala que seguirán insistiendo para acelerar la votación del proyecto en la Cámara Baja y así despacharlo al Senado, ante la inacción del Ejecutivo a pocos días del vencimiento de la actual prórroga de la Ley de Servicios Básicos.

“Vamos a insistir en la reunión de Comités para colocarlo en tabla lo antes posible. Estábamos esperando el pronunciamiento del Ejecutivo, pero lo hizo tan tarde que tuvimos que poner el acelerador para colocar un poco de presión. Lo mismo vamos a hacer para que sea colocado en tabla en la Sala y lo podamos votar lo antes posible si es que el Ejecutivo no se acerca a conversar para proponer algo, porque tiene que ver con atribuciones que sólo tiene que Ejecutivo y no nosotros”, concluye el diputado.