A dos días de que acabara oficialmente el proceso, ayer miércoles el Ministerio de Minería informó la adjudicación dos de las cinco cuotas que ofrecían para la licitación de 400 mil toneladas de litio a las empresas BYD Chile Spa y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A para “impulsar la producción” del mineral en el país.

Cada firma se adjudicó una cuota de 80.000 mil toneladas, por las que BYD presentó una oferta por US$ 61 y millones y Servicio y Operaciones Mineras del Norte por US$ 60 millones, dejando así fuera de competencia a las empresas Coyasach Caliche, SQM y Albemarle, siendo estas dos últimas las principales entidades que explotan este recurso en Chile.

Este hecho generó la molestia de los diputados, quienes decidieron suspender la sesión especial que tenían programada para revisar la licitación del litio e, incluso, anunciaron la presentación de un requerimiento ante la Contraloría General de la República.

Frente a esta situación, el biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, defendió el proceso por el que el Estado recaudará, sin considerar los pagos futuros por producción, US$121 millones, y afirmó que recogieron las aprensiones planteadas por el equipo del presidente electo, Gabriel Boric, incorporando así en los contratos que parte de esos recursos vayan a las comunidades locales y a inversiones en investigación y desarrollo (I+D).

Con todo, esta mañana un grupo de parlamentarios de la oposición presentó este requerimiento para dejar sin efecto la licitación del litio. En la instancia, el diputado socialista, Leonardo Soto, expresó que “no me parece que entre cuatro paredes cuando el Gobierno está sacando los cajones de su escritorio para irse, haciendo las maletas, transfiera esta riqueza de todos los chilenos por los próximos 30 años. Nosotros estamos obligados a ejercer nuestras facultades legislativas, de fiscalización, y no nos vamos a frenar en eso”, agregando que el proceso se llevó a cabo sin previa autorización de la Comisión Chilena de Energía Nuclear.

El diputado y jefe de bancada PPD, Raúl Soto, refrendó estos dichos y mencionó que “la oposición completa, unida en su diversidad va a luchar por defender el litio que es de Chile y de los chilenos y no de un grupo de empresarios de turno afines y amigos del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Eso significa apoyar la presentación a la Contraloría del Partido Socialista, como bancada PPD y de toda la oposición. Insistir en la presentación que ya hicimos ante el Poder Judicial días atrás con un recurso de protección, presentamos un recurso de reposición ante la Corte de Apelaciones y esperamos se pueda acoger y a partir de allí establecer una orden de no innovar para que se frene y suspenda este proceso licitatorio. Vamos a avanzar en los proyectos de ley presentados por el Partido Comunista y la Democracia Cristiana para frenar esta licitación e impedir que los gobiernos en los últimos meses de su mandato puedan adjudicar este tipo de licitación”.

Mientras la diputada de Revolución Democrática, Marcela Sandoval, apuntó que esperan que Contraloría se pronuncie “respecto de los vicios administrativos y de legalidad que estarían asociados con esta licitación. No permitiremos que el litio, un recurso de todos los chilenos, sea abusado de esta manera, sea vendido a precio de huevo, de espalda a la ciudadanía y de espalda a la institucionalidad. En un contexto de crisis climática tenemos que proteger nuestros recursos naturales y para eso se necesita un plan nacional del litio y no que vaya solamente a manos de privados”.

En el oficialismo, el diputado UDI y miembro de la comisión de Minería y Energía, Sergio Gahona, sostuvo que “el Gobierno ha explicado razonablemente la urgencia que requiere este tipo de licitaciones que permita entregar más competencia al rubro. Hoy día solo está Soquimich y Albemarle como ha sido así en los últimos 30 años y, por otra parte, estamos hablando del 4,4% de las reservas y en ese sentido en nada daña la intención del Presidente electo de poder crear la Empresa Nacional del Litio”.

Sin perjuicio de aquello, el legislador manifestó que “evidentemente, todo proceso de licitación  y todo proceso administrativo o proceso de adjudicación de recursos naturales que puede hacer el Estado pueden ser objeto de objeciones, de personas o grupos que no estén de acuerdo y los parlamentarios de la oposición están en su legítimo derecho de presentar todos los requerimientos ante las instancias que correspondan y seguir lo que dicta el estado de derecho en nuestro país”.

En tanto, el diputado de Renovación Nacional, Francisco Eguiguren- también integrante de la instancia- aseveró que “si hay un grupo de parlamentarios que requiere que la Contraloría se manifieste respecto a lo que ellos considerarían un vicio de legalidad que lo hagan, porque así la Contraloría va a aclarar esas dudas y va a transparentar aún más un proceso que ha sido legítimo, que ha sido visado por la propia entidad, donde no ha habido ninguna exclusión de información. Entonces, sinceramente creo que todo lo que sea hacer de este proceso uno incuestionable bienvenido sea”.