Una polémica ha generado el proceso de licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) convocado por Junaeb para contratar los servicios de suministro de raciones el que se extenderá desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2025.

Si bien Junaeb no ha comunicado oficialmente el resultado del proceso, fuentes cercanos al mismo señalan que Contraloría ya habría tomado razón del mismo y que además los resultados estarían zanjados, siendo las empresas Casinos Nutrisalud y Saludable SPA las mayores beneficiadas al adjudicarse más del 90% de la licitación.

La preocupación y la inquietud surgen al conocer que ambas empresas pertenecen al consorcio de capitales uruguayos Delibest, que a su vez cuenta con otras razones sociales que han participado del PAE como Merkén SPA y que este año no pudo participar producto de haber sido condenada por prácticas antisindicales en septiembre de 2021.

Este hecho repite una práctica que se ha visto en anteriores licitaciones y que permite el proceso se concentre en unas pocas empresas producto de la utilización de distintas razones sociales.

Durante la semana, el diputado de la UDI expresó que “lamentablemente, la actual administración ha sido muy permisiva, porque un grupo económico ha logrado obtener sobre el 40% o 50% del total de la licitación a través del multirut. Esto es inaceptable porque las bases son explícitas, ya que prohíben que las empresas lo hagan”.

La Federación de Manipuladores de Alimentos también ha expresado su preocupación por los antecedentes que rodean al consorcio Delibest y porque además los valores ofertados por Saludable SPA y UTP Casinos Nutrisalud para los precios de jardines infantiles en algunos casos solo alcanzan un 20% de los valores referenciales definidos por Junaeb.

“El director de Junaeb solo ve el precio pero nosotros también vemos una serie de problemas que esto va a generar para los trabajadores porque cuando llegue el momento de negociar colectivamente la empresa argumentará que no tiene los recursos para hacerlo”, señala una fuente que trabaja en una de las empresas que pertenecen al consorcio uruguayo.

Este no es el primer proceso en el cual se suscitan polémicas. Es habitual que se generen denuncias respecto de cómo se desarrollan las licitaciones, un problema que para el presidente de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados tiene que ver con los altos montos involucrados.

“El mercado, en términos económicos, es extremadamente interesante. En consecuencia, hay muchos interesados en acceder a una parte de esa torta y se producen estos conflictos de interés, incluso he llegado a la convicción que empresas que han participado en ocasiones anteriores y que ahora no han sido considerados, ahora reclaman”, señaló Venegas.

En ese sentido, Venegas sostiene que “nosotros como Cámara tenemos una limitación, nuestro mandato legal es fiscalizar, hacer conocer, hemos enviado oficios a la Contraloría para que ella revise las denuncias que se han hecho, pero no podemos ir más allá, tienen que ser otros los estamentos que se tomen este tema en serio e investiguen”.

Por lo mismo, el parlamentario DC considera que “hemos dicho que debiéramos legislar y no ha habido voluntad, en el sentido que toda empresa que ha sido sancionada, por diversas razones, no debiera participar de los procesos, pero cuando confrontamos al director nacional nos dice ‘todas y cada una de las empresas, por las características del giro, tienen una enorme cantidad de multas y sanciones’, entonces ahí se nos cae el argumento porque prácticamente no habría ninguna empresa que pudiera participar de las licitaciones. Por eso creo que es el ministerio de Educación el que esté encima de este tema”.

En una columna publicada en nuestro Diario Electrónico, el diputado Sergio Gahona expresó su preocupación por otro aspecto, que es la falta de cumplimiento en relación a la calidad de los procesos alimentarios y la distribución de las raciones.

“Nos preocupa que la variable precio y volumen concentrado, esté perjudicando la calidad de las materias primas; la logística; el respeto de la cadena de frío e influya en la flexibilización del control de las manipuladoras, entre otros temas”, señaló Gahona.

Por lo mismo, “Estimamos que se trata de situaciones de carácter grave, en las cuales es necesario que una vez más la Contraloría General de la República intervenga y pueda hacer efectivas las responsabilidades políticas, administrativas y judiciales que se derivan de la repetición de estas irregularidades, con un criterio de mayor exigencia en relación a la fiscalización de organismos del Estado que manejan presupuestos tan altos como la JUNAEB”.