Luego de que el Ejército repudiara las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares durante la dictadura de Augusto Pinochet, el abogado Nelson Caucoto señaló que estas declaraciones pueden ser consideradas como un “hecho inédito” e “histórico”, ya que nunca antes el Ejército había mostrado, como institución, una postura de este carácter y alcance.

“Me parece muy bueno y muy importante. Ojalá que esta declaración sea materia de estudio profundo al interior del Ejército y de todas las ramas de la defensa nacional”, comentó el abogado en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. 

“La única pena es que esta declaración la hagan en el momento de más baja credibilidad del Ejército como institución ante la opinión pública. Es decir, están en un momento de muy baja estima por parte de la sociedad civil respecto del comportamiento de los mandos de la institución que se han comprometido en estos fraudes al fisco y desfalco al patrimonio de todos los chilenos”, añadió. 

El abogado Nelson Caucoto sostuvo que sería importante precisar cuándo se concretó esta declaración al interior de la entidad para verificar si el repudio a los vejámenes tiene que ver con una estrategia para aminorar las críticas frente a las investigaciones que existen en contra de la institución y al ex comandante en jefe Ricardo Martínez.

“Pienso que esta declaración es previa a todo este proceso de inculpaciones e imputaciones al ex comandante. No es una tabla de salvación. No es para que uno cambie la mirada respecto de cómo- Martínez- ejercitó el mando”, reflexionó. 

“Me da la sensación de que aquí hay un cuerpo de generales, porque está hablando la institución, que pareciera ser que están sintonizando más con la impresión que la sociedad tiene de su institución”, precisó el abogado.

Caucoto también indicó que la declaración del Ejército debería estar acompañada de “cuestiones concretas” y sostuvo que “a veces  la retórica no sirve para nada si sólo es retórica”. En esa línea, el profesional indicó que nunca ha creído que los militares no tengan más información respecto de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en dictadura y manifestó que esta nueva postura representa una posibilidad para avanzar en materia de reparación y justicia. 

“En 50 años, ¿cómo vamos a tener más de mil detenidos desaparecidos? ¿Cómo no vamos a saber qué pasó? Ahí hay una actuación muy importante de funcionarios que comprometieron el honor del Ejército (…). Entonces, es hora de entregar la información, transparentar esa parte oscura del pasado y tienen las posibilidades de hacerlo”, dijo. 

“Este es un gesto simbólico importante, pero hay que acompañarlo con la entrega de la información de lo que fue la represión en la cual estuvo involucrado el Ejército de Chile”, agregó. 

Créditos: Abril Becerra Muñoz.

La declaración 

Las declaraciones del Ejército se dieron en el marco de su informe “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército en los últimos 50 años”. En dicho documento de 120 páginas, la institución castrense sostuvo- específicamente en su capítulo cuarto, titulado como “Período 1973- 1978: Del gobierno cívico militar a los cambios institucionales en doctrina, derechos humanos y justicia”- que “las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo y en la que los miembros del Ejército tuvieron participación (…) fueron una profunda herida ocasionada al deber ser militar”. 

En ese sentido, el documento advierte que “uno de los episodios más condenables” fue el “paso del General Sergio Arellano Stark y su comitiva, conocida como la Caravana de la Muerte (…), por diversas guarniciones del norte y sur del país, dejando una huella de ejecuciones que afectó gravemente a la Institución y que significó posteriormente que integrantes del Ejército en su mayoría de baja graduación jerárquica fueran procesados y condenados. Estas personas quedaron desvalidas de apoyo, ya que se asumió que las responsabilidades eran individuales”.

Del mismo modo, el informe se refiere al asesinato del ex Comandante en Jefe Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Buenos Aires. Frente a ello, el Ejército indicó que, pese a que en este caso se responsabiliza a algunos miembros de la DINA, el hecho se transformó en una “gran vergüenza institucional”, principalmente porque “quienes resultaron condenados por la justicia en su mayoría pertenecían a la institución”. 

“Es también inaceptable, que no se hayan entregado los cuerpos a sus familias en todos los casos para que pudieran ser sepultados según sus creencias”, se lee también en el texto. “También merecen el más enérgico repudio las acciones en las que estuvo involucrada la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) en la época”, añaden. 

La declaración, que fue difundida el viernes recién pasado, también fue valorada por el presidente electo Gabriel Boric, quien, por medio de sus redes sociales, comentó: “El reconocimiento y condena que ha hecho el Ejército de su responsabilidad institucional en las violaciones a los DD.HH. durante la dictadura es valioso para Chile. Paso histórico para avanzar en verdad. Seguiremos trabajando por la justicia, la reparación. Para que nunca más”. 

Mientras, la diputada Maya Fernández, futura ministra de Defensa, expresó: “Las heridas de la dictadura no cerrarán sin verdad, justicia y reparación. El reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos es un acto necesario para sanar el alma de Chile y poder, por fin, mirar de frente al futuro”.