Más de 38,8 millones de colombianos están habilitados para votar el próximo domingo, cuando debe renovarse la totalidad de la Cámara de Representantes y del Senado, así como los 16 escaños de las víctimas del conflicto armado y a los tres candidatos presidenciales de diversas coaliciones políticas.
Los jóvenes, las mujeres, los campesinos, los habitantes de las regiones más apartadas, así como los defensores de derechos humanos, las minorías indígenas y afrocolombianas han venido expresando desde 2019 un enorme descontento social que ha desembocado en violencia en las calles, reprimida también con violencia por el gobierno del derechista Iván Duque, un ex funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, al que se le acusa de haber, incluso, violado los derechos humanos durante las operaciones policíacas.
Resaltan especialmente las aspiraciones de los candidatos de las 16 circunscripciones especiales de paz, donde las víctimas del conflicto en las zonas rurales tendrán la opción de llegar con sus representantes al Congreso, así como el reclamo por una mayor presencia de las mujeres en el parlamento, entre las que han surgido voces femeninas que reclaman liderazgo.
En Washington, en tanto, la subsecretaria para Asuntos Políticos del Departamento de Estado, Victoria Nuland, señaló ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que la visita de dos funcionarios estadounidenses de alto nivel a Caracas, el pasado fin de semana, tuvo como propósito conversar sobre “seguridad energética en el contexto de la invasión a Ucrania” con el Gobierno de Nicolás Maduro.
Además, abordar la situación de los cinco ex ejecutivos estadounidenses de Citgo (filial de Petróleos de Venezuela) detenidos en ese país, así como instar al gobierno y a la oposición a retornar a la mesa de negociaciones, algo que Maduro confirmó el lunes. En tanto, Gustavo Cárdenas, uno de esos ejecutivos estadounidenses condenados por corrupción y terrorismo en 2017, fue liberado ayer martes, junto a Jorge Alberto Fernández, un cubano-estadounidense, quien había sido arrestado en 2021 cuando pretendió entrar a Venezuela portando un dron. Por su parte, la Casa Blanca afirmó anoche, en un comunicado, que sigue reconociendo el liderazgo de Juan Guaidó, el autoproclamado presidente opositor y que su política hacia Venezuela no ha cambiado.
Otro país sudamericano donde se vive una agitada situación política es Perú. Tras una sesión plenaria que se extendió por más de nueve horas, el presidente Pedro Castillo logró la aprobación de su cuarto gabinete (en siete meses) por parte del parlamento unicameral. Aníbal Torres, jefe de gabinete, recibió el voto de confianza del Congreso por un estrecho margen de 64 votos a favor, 58 en contra y 2 abstenciones.
Ello demuestra la precariedad política en la que se afirma Castillo, por cuanto los votos contrarios a otorgarle la confianza a su gabinete provinieron principalmente de los grupos más conservadores de la Cámara, dominada por la oposición de derecha.
Fuerza Popular (fujimorismo), Avanza País (ultraliberal) y Renovación Popular (extrema derecha) se opusieron en bloque a la investidura, una posición que compartieron con nueve congresistas de Alianza para el Progreso, tres no agrupados, dos de Acción Popular, dos de Somos Perú y uno de Podemos. Las únicas dos abstenciones fueron de Alianza para el Progreso, mientras que el resto de parlamentarios apoyaron el plan de gobierno, a pesar de los serios cuestionamientos a ciertos integrantes del gabinete de Torres, en especial del ministro de Salud, Hernán Condori, cuya censura se debatirá este jueves en el Congreso.
Y nuevamente se evidencia la fuerza de la naturaleza y el cambio climático a nivel plantario. En Australia, por primera vez, el gobierno ha declarado Emergencia Nacional debido a las inundaciones que azotan la costa este del país, desastre que ya cobró 21 vidas y ha dejado hasta ahora millonarios daños materiales.
“El severo temporal, las torrenciales lluvias y las inundaciones en las regiones de Nueva Gales del Sur y Queensland ameritan tomar esta drástica decisión”, señaló el primer ministro australiano, Scott Morrison, quien anunció más ayudas financieras y la extensión de subsidios para los damnificados al arribar a la localidad de Lismore, una de las más afectadas (600 kilómetros al norte de Sídney), donde fue recibido por un grupo de manifestantes que se quejaron sobre la lenta respuesta de las autoridades.
Varias localidades cercanas a Sídney y muchos sectores de la propia urbe, seguían hoy a merced de las aguas que invadían como ríos las calles y carreteras, produciendo peligrosos deslizamientos de tierra.
