Una nueva movida realizó la defensa del ex presidente Sebastián Piñera para buscar retrasar las audiencias que permitan su formalización en el marco de la querella presentada en su contra y del ex general director de Carabineros, Mario Rozas, por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del estallido social.

El mismo día miércoles que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la petición de la defensa de Piñera para suspender la audiencia de debate de la formalización del ex mandatario, Samuel Donoso, abogado del ex jefe de Estado, ingresó en la Corte de Apelaciones de Santiago una recusación contra el juez que sigue la causa, Daniel Urrutia.

En un documento de 13 páginas, Donoso argumenta que Urrutia ha incurrido en dos faltas al Código Orgánico de Tribunales al manifestar públicamente a través de notas de prensa y entrevistas, su posición respecto a los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019, los que calificó como violaciones a los derechos fundamentales de las personas.

Además, en el escrito al tribunal de alzada agrega que hay una animadversión hacia la institución de Carabineros y del Gobierno representado en su defendido, el entonces Presidente de la República.

La querella contra Piñera y Rozas se establece que incurrieron en el delito de permitir las torturas cometidas por funcionarios policiales y miembros de las fuerzas armadas, así como la mutilación ocular de centenares de personas, denuncia ingresada por el abogado Luis Rendón.

Donoso acompaña en su recusación contra Urrutia entrevistas del magistrado en diferentes medios, entre ellos una entrevista otorgada el 20 de abril de 2021 a Radio y Diario Universidad de Chile, donde señala que “el Ministerio Público no está siendo diligente ni profesional en las investigaciones de violaciones a los DD.HH.”.

También cuestiona el trabajo del Instituto Nacional de Derechos Humanos al conocerse en marzo de ese año que había archivado 2 mil 500 causas de las denuncias por atropellos cometidos.

“Las han archivado, causas que en su mayoría son imprescriptibles porque son violaciones a los derechos humanos, los casos de tortura son imprescriptibles. ¿Por qué el Ministerio Público archiva 2 mil 500 causas como si fueran causas comunes cuando no lo son?”, cuestionó entonces Urrutia en conversación con nuestro medio.

Donoso agrega en la recusación que el juez de garantía ha expresado su decisión de impedir que se cierren las causas por violaciones a los derechos fundamentales de personas ocurridas durante el estallido social, calificando el hecho como un ánimo persecutor que se suma a la animadversión que asegura tendría en contra del general en retiro de Carabineros como del ex presidente Piñera.