El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo desde 1993 para recordar la relevancia del vital elemento. La conmemoración fue propuesta por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizada en Río de Janeiro en 1992. En los últimos años, ha sido sostenible la preocupación en torno al agua, principalmente debido al cambio climático y la crisis medio ambiental que afecta a gran parte del mundo.

Y si bien la mayoría de las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce, 2 mil 200 millones de personas viven sin acceso a agua potable, según las cifras de las Naciones Unidas. En esa línea, el objetivo de la celebración de este año es concientizar acerca de la crisis mundial del agua, debido a largos periodos de sequías o el uso indiscriminado del recurso, para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº6 de la ONU sobre el ‘Agua y saneamiento para todos antes de 2030’.

En ese contexto, para la ingeniera ambiental y académica de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, Anahí Ocampo, las principales evidencias que reflejan el estado de la sequía que afecta al país se basan en los análisis climáticos y biofísicos que entregan un panorama claro de que la disponibilidad natural del agua se ha reducido en algunos lugares hasta el 40%, y es una realidad que mezcla los factores del cambio climático y la mega sequía.

En esa línea, la académica explicó que la sequía meteorológica es el resultado de menos lluvias y puede transformarse en sequía hidrológica “que hará que en los cauces haya menos agua disponible”, y la escasez puede ocurrir incluso en lugares con alta precipitación pluvial, ya que la gestión humana es un factor a considerar. Incluso, Ocampo señaló que el uso de las reservas hídricas superficiales y subterráneas no ha sido adecuado al recurso disponible, porque “menos recurso entra y más recurso sale, y eso termina en un desbalance”. Además, la distribución poco equitativa de las demandas del agua provocó que la población de diversos sectores del territorio nacional esté muy vulnerables ante la abrupta disminución del recurso hídrico.

“Con uno, dos o tres años de sequía, la gente trata de adaptarse y esperar el retorno de la lluvia, pero después de 10 ó 12 años, no hay sector económico ni ser humano que aguante. Ahí empieza la discusión respecto a cuándo debimos haber tomado las decisiones correctas y hasta dónde la adaptación es la solución que, incluso, deberíamos estar preguntándonos en una transformación de las actividades que tenemos”, expuso.

Mientras que el académico de la Universidad de Playa Ancha e investigador del Centro Avanzado para Tecnologías del Agua (CAPTA), Claudio Sáez, detalló que una de las zonas del planeta con mayor afectación por el cambio climático es la zona oeste de Sudamérica y particularmente Chile, ya que en los últimos años el Desierto de Atacama se proyectó hacia el sur, lo que provocó un proceso de desertificación en la zona central del país. Incluso, Sáez sostuvo que al evaluar los antecedentes recopilados a nivel nacional sobre las precipitaciones, la proyección indica que la situación de sequía empeorará aún más.

“Se estima que de aquí al 2050 el Desierto de Atacama estará prácticamente en las puertas de la Región de Valparaíso y la Región Metropolitana, y tendremos una climatología similar a la Región de Coquimbo”, explicó, y advirtió que “los modelos más positivos nos dicen que eso será el 2050, pero aquellos modelos más negativos desde el punto de vista predictivo dicen que esta situación podría ocurrir incluso al 2030 ó 2040”.

En ese sentido, el investigador apuntó a la necesidad de reforzar las estrategias de matriz hídrica para complementarlas con fuentes de agua no tradicionales, como la reutilización de las agua residuales y la desalinización del agua del mar, que no está sujeta a cambios estacionales y al avance de la desertificación. “Cada día es más abordable desde el punto de vista económico y con un buen manejo, los impactos ambientales son prácticamente insignificantes”, aseguró Sáez.

Sin embargo, consideró que la eventual masificación de las estrategias que complementen con fuentes de agua no tradicionales debe ir de la mano con la modificación del Código de Aguas para regular el uso del agua obtenida, como el proyecto de ley de desalinización que actualmente está en el Senado, porque “con el agua desalada se está creando una nueva fuente de agua y hay una serie de vacíos legales que son necesarios de soslayar con la normativa”.

Por su parte, la constituyente por el distrito 6, Carolina Vilches, explicó que una de las principales razones de la escasez hídrica es debido al sobre otorgamiento de las cuencas y los derechos de aprovechamiento por parte de la Dirección General de Aguas, “que ha generado un problema grave en la priorización de los usos del agua”, y denunció que, actualmente, “400 mil familias que dependen de camiones aljibes en lugares donde se ha comprobado, como en la Provincia de Petorca, que se compra agua en el mismo sector acuífero a donde se entrega”, lo que demostraría que la escasez es un problema de acceso y no solamente de la disponibilidad del recurso hídrico.

En la misma línea, la convencional por el distrito 23 representante de Movimientos Sociales Constituyentes e integrante de Modatima, Manuela Royo, aseguró que el desarrollo del Proceso Constituyente permitió “pensar en un sistema de protección a nivel constitucional del agua que se manifiesta en distintos articulados” presentados ante las Comisiones Temáticas y discutidos en el Pleno de la Convención.

“Hemos presentado una iniciativa que reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento en conformidad con los propios estándares que han dado las Naciones Unidas y organismos internacionales en la materia, reconociendo no solamente el derecho al acceso al agua, pensando en especial consideración en las comunidades indígenas y los sectores semiurbanos y rurales, como también en el derecho humano al saneamiento”, explicó Royo, y agregó que “tenemos especial consideración desde la perspectiva de género, reconociendo el cuidado que debe existir en materia de saneamiento en mujeres, niños y niñas, adolescentes, personas mayores y con discapacidad”.

Además, ambas convencionales señalaron que preparan un estatuto especial del agua para que sea considerada como un bien natural común y no pueda ser susceptible de apropiación como ocurre actualmente con los derechos de aprovechamiento en base al Código General de Aguas. “Si bien se considera que es un bien de uso público como lo establece el Código de Aguas, en la práctica es un bien privado que finalmente está sometido a sobre otorgación y a lucro por parte de quienes tienen dinero”, explicaron, y enfatizaron en la necesidad de una nueva gobernanza que tenga como parámetro un enfoque desde las cuencas del territorio y no desde la segmentación política.

“En conjunto con distintas fuerzas de la Convención, proponemos la creación de una institución autónoma como una Agencia Nacional del Agua que haga un diagnóstico y un catastro de cuánta agua existe, ya que la Dirección General de Aguas ha otorgado derechos de agua de manera horrorosa y criminal, manteniendo ríos sin ningún grado de caudal, dado que ha entregado todo lo que existe sin fiscalización respecto a los usos hídricos”, subrayó Vilches, y destacó que, de ser aprobada la propuesta, “existirán Consejos Plurinacionales de Cuencas donde las personas que están vinculadas a la cuenca, que viven ahí y que son usuarias, puedan tomar decisiones a cómo también se va manejando el agua en estas cuencas y en estos territorios”.

Y si bien Manuela Royo valoró la firma del Acuerdo de Escazú por parte del presidente Gabriel Boric ya que la participación ambiental también se ha plasmado en el Proceso Constituyente, señaló que “el compromiso tiene que ir más allá” para asegurar la protección del medio ambiente y la vida de sus defensoras y defensores, porque “somos parte de la población con más riesgo por la criminalización y por las amenazas de violencia”.

“Esperamos que el Estado y este gobierno tome medidas concretas para la protección de los y las defensoras medio ambientales y que podamos crear también una mirada acorde con estos nuevos requisitos, fundada no en los gobiernos de turno, sino en la institucionalidad autónoma que ponga por delante la protección de los ecosistemas, de la naturaleza, pero también de las preocupación de las necesidades humanas por sobre decisiones económicas que, hemos visto, cómo han vulnerado derechos y hoy mantienen en 184 comunas con decreto de escasez hídrica en nuestro país, lo que nos parece brutal”, reflexionó.