En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el hijo de José Tralcal, Juan Carlos Tralcal Lleuful, se refirió a los beneficios carcelarios- que incluyen salida dominical y trimestral- que le fueron otorgados a su padre, uno de los condenados por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay en enero de 2013.
Estos beneficios, que también se extendieron a su primo Luis Tralcal Quidel, entrarán en vigencia a partir del próximo domingo 27 de marzo, en una decisión que despertó fuertes cuestionamientos de parlamentarios de la centroderecha y de familiares de las víctimas.
Ante estas críticas, Juan Carlos Tralcal acusó “un intento de polemizar y de politizar una resolución que se resuelve en Gendarmería, que tiene meramente un contenido técnico y administrativo. Por lo tanto, vemos cómo se trata de manipular para que haya una respuesta política, considerando de que nuestra protesta, si bien tiene un contenido político producto de que se enmarca en la causa mapuche, fue dirigida esencialmente contra la negligencia de Gendarmería”.
“Acá, sobre todo de la derecha, está utilizando de manera mediática y trata de imponer que hay una resolución política por parte del Estado cuando fue precisamente una resolución administrativa por negligencia de Gendarmería la que pudo entregar estos derechos que, como otros reos, se le debió entregar hace más de siete meses a José y Luis Tralcal”, señaló.
Sobre los argumentos que apuntan al rechazo de estas medidas por revestir un peligro de fuga de los beneficiados, apuntó a un “abono” de cuatro años a la condena actual por el procesamiento del entonces mediático “caso Turbus” entre 2009 y 2013, por el cual los primos Tralcal fueron absueltos de los cargos respecto del ataque a un bus con pasajeros en el que también resultaron dañados tres camiones.
En esa línea, el hijo de José Tralcal mencionó que “con ese abono el año pasado en marzo y en abril ya cumplían con los plazos y de conducta suficientes para postular a la salida dominical y a la salida trimestral” y añadió que “el Centro de Estudio y Trabajo de Victoria es semi abierto, donde incluso el contorno que lo rodea tiene cercos que cualquier persona que quisiera escaparse lo podría haber hecho”.
“Mi padre me comenta que ha habido algunos reos que ya se han dado a la fuga, acusados de cualquier otro delito, pero José y Luis han mantenido la buena conducta hace más de dos años y si quisieran haberse fugado podrían haberlo hecho hace tiempo, incluso los fines de semana el centro permanece con muy pocos guardias”, expresó.
Además, aseguró que “apelamos a seguir los reglamentos y protocolos de Gendarmería para que José y Luis puedan cumplir esta condena que, por supuesto, nos parece irrisoria y política, producto de que también hay que reconocer y recordar que el caso Luchsinger Mackay sigue abierto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y mantenemos la postura de inocencia de nuestros familiares”.
Sobre la determinación de los primos de iniciar una huelga de hambre líquida como presión para agilizar la entrega de estos beneficios carcelarios, Tralcal indicó que “Gendarmería estaba siendo negligente respecto a este caso. En general, el proceso judicial es muy discriminatorio sobre todo con las personas pobres, lo hemos visto en distintos casos. El que exista una cárcel cinco estrellas que es Punta Peuco versus la aglomeración de distintas cárceles del país es porque también Gendarmería tiene un sesgo clasista”.
“Tuvieron que tomar esta decisión para que Gendarmería hiciera efectivo los reglamentos internos que el mismo tribunal llegó a exigirles. De hecho, después de que comenzó la huelga el 3 de marzo, el día siguiente se presentó recién la profesional a cargo de elaborar un informe psicosocial con pertenencia cultural. El jefe técnico de Gendarmería a nivel regional tenía la orden de hacer partícipe a esta persona en un plazo de 15 días y se demoró tres meses”, detalló.
Es por ello que Juan Carlos Tralcal insistió en la inocencia de sus familiares, recalcando que “ya han pasado casi nueve años en prisión, sumando el bullicioso caso Turbus, donde fueron absueltos. Esa cantidad de tiempo al Estado le corresponde hacerse responsable y responder y, como cualquier otro preso a nivel nacional, ellos ya tienen los plazos definidos para postulaciones que Gendarmería les entregó. Esperamos que todos puedan entender esta situación y darse cuenta de que, si ellos exigen un Estado de derecho, también deben respetar que éste les entregue los beneficios ya cumplidos los reglamentos”.