El 11 de marzo, la antropóloga social de la Universidad de Granada y diplomada en Promoción y Gestión de Derechos Culturales de la Universidad de Buenos Aires, Julieta Brodsky, asumió como ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El cambio fue radical para la autora de estudios como El escenario del trabajador cultural en Chile. En unas pocas semanas debió dejar su labor como Directora de Investigación del Observatorio de Políticas Culturales (OPC) para liderar una cartera fuertemente cuestionada por el abandono de su gestión durante la crisis sanitaria.
En ese sentido, la también militante de Convergencia Social esboza distintos desafíos para la institución y sus palabras advierten que esta no será una gestión fácil, sobre todo, por los temas que quedaron pendientes de la administración anterior, como el avance en la implementación de la cartera, la aplicación del decreto con fuerza de ley N°35 (DFL 35), que fija las plantas del personal de la institución; y la entrega del bono Patricio Manns, beneficio destinado a las y los trabajadores de las artes que se vieron afectados durante la pandemia.
Aún así, la investigadora se muestra optimista frente a este reto y comenta: “Hay muchas más posibilidades de generar cambios, de incidir directamente en las políticas. Entonces, eso es muy motivante (…). Para mí es un sueño cumplido en el sentido de poder, efectivamente, implementar todas esas cosas que he venido investigando desde hace tantos años”.
Los gremios vinculados al Ministerio han señalado que la institución está muy deteriorada, porque el personal es escaso, porque hay unidades que no están operativas y porque faltan recursos. ¿Con qué cartera se encontró usted al asumir como Ministra?
Efectivamente, la instalación del Ministerio no ha sido completa. Se han dado avances, por supuesto, pero hay un tema que es bastante delicado e importante en la instalación de cualquier nueva institución que es la publicación de un reglamento orgánico. Un reglamento que defina la orgánica del ministerio. Eso aún no ha sido publicado. Se hicieron tres borradores de decretos y ninguno fue implementado. Entonces, ese es el primer desafío importante que tenemos que enfrentar. Es una de nuestras prioridades y, por supuesto, eso nos va permitir descomprimir y encauzar varios temas que hoy están un poco encapsulados, que están un poco trabados por la no existencia de estas definiciones orgánicas más claras.
Llama la atención que esto no esté definido, porque es la base de la cartera…
Entiendo que ahí no se llegaron a acuerdos. Hubo ciertas aprensiones y observaciones desde Segpres en su momento y también desde la misma Contraloría. Entonces, finalmente, no se pudo llegar a un decreto final.
Y, ¿qué tipo de definiciones debería tener este documento?
El reglamento lo que dice es qué departamento, qué unidades contiene el Ministerio y qué funciones cumple cada una de estas unidades. Entonces, define cuál va a ser la función que va a tener el gabinete de la Ministra, cuál va a ser la función que cumplirá la Subsecretaría del Patrimonio, la Subsecretaría de las Culturas, el Servicio del Patrimonio y, dentro de estas instituciones, qué divisiones existirán, cuántas serán, dónde se ubicarán, etc. Entonces, obviamente es un documento muy importante.
Y el tema del DFL 35. ¿Cómo pretenden avanzar en la implementación del decreto?
Han habido avances. No es que no se haya avanzado nada en los hitos de encasillamiento y nivelaciones que establece este decreto, pero ha habido un cierto retraso en el avance que estaba contemplado en un inicio. Entonces, nosotros tendremos que esperar, de alguna forma, al presupuesto 2023 para incorporar nuevos presupuestos y avanzar más rápidamente en la concreción de esos hitos. Ahora, estamos definiendo la posibilidad de redestinar recursos que están destinados a otras temáticas para poder avanzar más rápidamente en esos hitos, pero aún estamos evaluando todas esas acciones, porque no podemos enfocar recursos ahí en detrimento de la instalación del Ministerio en ciertas regiones, de la implementación de las direcciones regionales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural o también en esta dotación de cargos, que hoy están sin asignar. Tenemos que ver el equilibrio para que se avance en todos estos aspectos y no dejar una cosa de lado por poner tanto énfasis en la otra.
En la imagen, la ministra Julieta Brodsky. Créditos: Ministerio de las Culturas/Mario Ruiz.
En entrevista con La Tercera, fijó algunas prioridades para la cartera. Una de ellas tenía que ver con el Patrimonio. ¿Presentarán una indicación sustitutiva al proyecto de ley o elaborarán un proyecto nuevo?
Hasta ahora las recomendaciones que han hecho nuestros equipos legislativos y, desde la misma Segpres, es el retiro de ese proyecto y presentar un nuevo proyecto, porque una indicación sustitutiva sobre un proyecto que ya ha tenido indicaciones sustitutivas y que ya viene muy maleado desde el origen, no sería positivo. Entonces, la estrategia que estamos pensando es retirar el proyecto, iniciar un proceso participativo, lo más amplio posible, incluyendo una consulta indígena según los estándares del Convenio 169 de la OIT y poder, el próximo año, estar presentando una nueva iniciativa.
¿Hacia dónde debería estar orientado ese nuevo proyecto de ley?
Eso será temática de la misma consulta, pero entendemos que una de las grandes falencias de la iniciativa que se presentó, previamente, es que no incorporaba tan explícitamente el patrimonio cultural inmaterial, que centralizaba mucho la toma de decisiones y no entregaba poder de decisión a las comunidades, sino más bien sólo a autoridades, que tampoco dialogaban con los derechos de comunidades y pueblos originarios. Además, tenía otra serie de espectros que eran contradictorios incluso con la legislación vigente.
Respecto de la demanda por el 100 por ciento de los aforos para los espacios culturales. ¿Es posible avanzar hacia un escenario de esas características?
Nuestra postura es seguir las indicaciones que tenga esta nueva gobernanza de la pandemia, esta Comisión Nacional de Respuesta Pandémica. Queremos respetar las decisiones de los expertos y de las personas que saben al respecto, teniendo en cuenta la seguridad de los trabajadores de la cultura y los funcionarios públicos. Pero también que exista un equilibrio y una no discriminación aleatoria hacia el sector cultural, sino que se trabaje con los mismos criterios que para otros sectores económicos, sobre todo, teniendo en cuenta lo golpeado que fue el sector cultural durante la pandemia y la tremenda crisis económica y social de salud mental que está viviendo nuestro país. Creemos que esa es la misma postura que tiene el Ministerio de Salud y otros sectores del Gobierno. Entonces, tenemos plena confianza de que en este caso no se va a actuar ni de forma aleatoria ni discriminatoria con el sector cultural.
Entiendo que se creó un comité interministerial para abordar este tema. ¿En qué está eso?
Ya estamos en una mesa con el ministerio de Salud. Hemos tenido reuniones con las organizaciones del sector, involucradas en este tema. Hemos recibido todos los antecedentes, todas las recomendaciones y todo ese material ha sido traspasado, justamente, a este comité de respuesta pandémica. La idea es que ellos puedan pronunciarse al respecto y establecer un protocolo claro para el sector. En ese sentido, Cultura es una de las prioridades de esta comisión así como lo es Educación. Uno de los primeros temas que se tocaron fue el regreso a clases y la idea es que el segundo tema sea, justamente, Cultura.
Entonces, ¿podríamos tener novedades pronto? ¿Durante las próximas semanas?
Si.
Sobre la demanda por la reactivación del sector cultural, ¿cuál es la estrategia que se está diseñando para enfrentar este tema?
Nuestra estrategia es bastante holística. Contempla distintas aristas y vías de acción. Estamos trabajando desde antes de asumir como Gobierno con el Ministerio de Economía, en un trabajo interministerial para afrontar el tema de la recuperación inclusiva, como se le ha llamado desde el Gobierno y justamente Cultura es uno de los sectores prioritarios para el proceso de reactivación económica. Se identificaron distintos sectores rezagados como, por ejemplo, Cultura, Turismo y el trabajo femenino, que son los que han sido más afectados por la pandemia y los que más se han tardado en recuperarse. Entonces, hay un foco muy importante tanto desde el Ministerio de Economía como del Ministerio de Hacienda y desde nuestra misma cartera, y también desde Salud para poder poner el foco en que los recursos se destinen concretamente hacia Cultura, Turismo y trabajo femenino. Ahí hay una serie de instrumentos. Por un lado, tenemos el bono para trabajadores culturales, que es una ley que ya se aprobó y los recursos ya están disponibles. Por otro lado, tenemos la redefinición de algunos instrumentos de Corfo y Sercotec, que ya existen para poder habilitar la infraestructura cultural para cumplir con protocolos, para mejorar la situación de ciertas empresas, para capacitar, para entregar kits sanitarios.
Respecto de la Ley Patricio Manns, que fija un bono para las y los trabajadores de las artes afectados durante la pandemia. Este es un tema que los gremios vienen reclamando desde hace mucho tiempo. ¿Cuándo podrían entregarse estos recursos? ¿Qué posibilidades hay de que esto se concrete durante este semestre?
Si, de todas maneras vamos a entregarlo durante este semestre. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, ya estamos en proceso de diseño de cómo se va a entregar esa ayuda. Estamos definiendo el universo de trabajadores culturales, que siempre ha sido un tema en el sector, cómo vamos a definir cuáles son los trabajadores culturales y cuáles no, dónde vamos a encontrar a esos trabajadores culturales. También estamos haciendo un trabajo muy de la mano con el Ministerio de Desarrollo Social para cruzar datos con el Registro Social de Hogares, viendo qué instrumento se van a usar para poder hacer la convocatoria a postular este bono. También estamos creando una plataforma para ese proceso de postulación. Estamos como en los procesos previos, pero esperamos, en las próximas semanas, lanzar, efectivamente, los primeros criterios y las primeras convocatorias para definir la entrega de estos bonos.
En la entrevista que dio a La Tercera, también hablaba sobre la creación de un estatuto del trabajador cultural. ¿De qué se trata este proyecto ?
Todavía no tenemos tanta claridad si va a ser un estatuto del trabajador cultural o si va a ser otra herramienta legislativa, pero lo que estamos diseñando es un proceso que va a incluir también un proceso participativo de consulta, sobre todo, con las organizaciones gremiales y sindicales del sector para establecer mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores culturales. Sabemos que el marco legal que existe actualmente es débil. Está subutilizado y no da respuesta a la mayoría de los trabajadores culturales que no trabajan de forma dependiente, que no están bajo subordinación y dependencia. Ahí hay todo un trabajo que hacer desde distintos ámbitos, tanto desde al ámbito legal, en conjunto con el Ministerio del Trabajo, pero también desde el ámbito más del diálogo social, de generar un diálogo social entre empleadores del sector cultural, entre trabajadores, entre las mismas instituciones públicas que permita también despejar algunas dudas que se dan o algunas nebulosas que se dan en cuanto a la figura del empleador. España acaba de publicar un estatuto del trabajador cultural y queremos estudiar esta legislación comparada y ver cómo eso se puede aplicar en nuestro país o no. También ver la posibilidad de incidir en algunos instrumentos legales que ya existen en Chile, o sea, la legislación previsional que ya existe y que quizás se podría modificar en ciertos aspectos, aprovechando la reforma previsional que se piensa hacer en este Gobierno para que los trabajadores de la cultura puedan ingresar a esas ayudas e instrumentos de mejor forma.
Hasta ahora, ¿cómo ha sido el diálogo con los gremios y ese proceso de recoger propuestas?
Hemos tenido algunas reuniones, sobre todo, en torno al tema de los protocolos COVID. Estas mesas de trabajo con el sector vienen desde antes de nuestra administración. Cuando inició la pandemia, en 2020, se realizaron varias mesas. Lamentablemente, hay una sensación de cansancio en el sector, porque se tiene la impresión de que esas mesas finalmente, no fueron justamente escuchadas. No existió la respuesta que esperaban de parte de las autoridades. Entonces, estamos diseñando una estrategia de participación que sea más eficiente, que no genere este desgaste, que pueda permitir una participación más efectiva, rápida, donde se puedan recoger recomendaciones de forma mucho más concreta y no terminemos en espacios agotadores para todos, donde finalmente no se llega necesariamente a vías de acción concreta.
Uno de los compromisos del Gobierno es que Cultura alcance el 1 por ciento del total del erario nacional. Sobre este tema, ¿cuáles son las expectativas que se deben tener para este año?
Partimos desde el diagnóstico claro que el 0,4 por ciento del presupuesto para Cultura es insuficiente y que esto no permite abordar todos los desafíos que tenemos, llegar como se debiera a todos los territorios y enfrentar las necesidades que tiene el sector cultural y en la sociedad general. Por eso, nuestro plan es avanzar paulatinamente en un aumento presupuestario, año a año, de la mano con un reforzamiento de la institucionalidad cultural. Poder armar este decreto orgánico que nos permita diseñar una institución que pueda efectivamente recibir más recursos y ser eficiente en la ejecución de sus recursos. Que no sea una institución que al recibir más recursos termine colapsando como ha sido un poco la dinámica hasta ahora. Entonces, son dos procesos que tienen que ir de la mano y que estamos preocupados ahora de ir diseñando y planificando.
En la Convención Constitucional ya se han consignado algunos temas que tienen que ver con los derechos culturales. ¡¿Cuál es su expectativa respecto de la consagración de este tipo de derechos en la nueva Constitución?
Me parece muy importante lo que está sucediendo en la Convención en términos de derechos culturales. Creo que vamos a tener una Constitución muy avanzada en ese sentido de la mano con lo que ha ido ocurriendo en otros países latinoamericanos. Por supuesto que una de las preocupaciones que existe en este ámbito es qué mecanismos generamos para poder hacer valer esos derechos para que no queden en letra muerta. Desde nuestro ámbito de acción, está todo el compromiso por implementar lo que consagre la Constitución. Poder hacerlo efectivo, que el Ministerio de las Culturas pueda ser capaz de adaptarse a esos nuevos desafíos, a esas nuevas obligaciones que va a tener. En ese sentido, creo que estamos muy coordinados y alineados en la visión que están teniendo los convencionales y la que estamos teniendo desde esta gestión. Hay un deseo desde ambas partes por implementar, efectivamente, una democracia cultural en el país y aumentar los derechos culturales, haciéndolos más democráticos. Por lo tanto, creo que cuando lleguemos a una nueva Constitución para implementar los nuevos desafíos, vamos a haber avanzado bastante.
