El equilibrio entre el control del orden público y la garantía y promoción de los derechos humanos sigue siendo un asunto complejo para el Gobierno en sus primeras semanas de administración. Si bien el Ejecutivo ha buscado marcar sus énfasis en lo segundo, retirando las querellas interpuestas por la Ley de Seguridad del Estado; haciendo patente su voluntad en dar celeridad a la discusión del proyecto de indulto; involucrando a los organismos de derechos humanos en la elaboración de su agenda, como fue el caso de Amnistía Chile cuyas recomendaciones fueron acogidas este miércoles por la ministra de Justicia, Marcela Ríos y por la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter; la arenga a Carabineros en la conmemoración del día del joven combatiente, eclipsó en parte ese trabajo. 

Esto en cuanto a que el espaldarazo que articuló la ministra del Interior, Izkia Siches, fue cuestionado desde el punto de vista de la deuda que hay sobre la reestructuración a la institución, aún cuando el respaldo que extendió el Gobierno podría estar en parte motivado por la precipitación con la que más de un representante de La Moneda salió a condenar el uso del arma de servicio del carabinero atacado por un grupo de individuos durante la movilización de la Confech.

Una disposición que no radicó en menos emplazamientos hacia el gobierno, menos en un día en el que se conmemora el asesinato de jóvenes en manos de los agentes del Estado. Así lo hizo ver en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, quien si bien valoró el trato deferente que el Gobierno ha tenido con las organizaciones defensoras de derechos humanos, encontrándose la AFEP con una acogida aún mejor que la que tuvieron durante el gobierno de Michelle Bachelet, consideró que la arenga de la ministra del Interior hacia Carabineros fue absolutamente desafortunada.

“Sabemos que hay desórdenes, sabemos que hay grupos de jóvenes que no van con demandas, no van con exigencias, no homenajean a los jóvenes como Rafael, como Eduardo, como Mauricio, como Manuel Guerrero, como José Manuel, como Santiago, como Paulina Aguirre. Lo que hacen en la calle, lo que hicieron ayer, en ningún momento se ve el reflejo de esa lucha que dieron estos jóvenes maravillosos que fueron ejecutados, pero también el Gobierno tiene que tener presente que mientras exista la doctrina en seguridad nacional, Carabineros va a seguir actuando en la forma represiva y hasta criminal. Ellos no necesitan el respaldo, lo que necesitan es que el Gobierno le exija el protocolo, fiscalice los protocolos y que exija el derecho de la persona a la movilización”.

Por su parte, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, aseveró que la autoridad del Estado no puede respaldar a una institución que mantiene protocolos del uso de la fuerza completamente reñidos con los estándares internacionales de derechos humanos y sin que se haya atendido a las obligaciones internacionales que tiene el Estado de Chile sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, entre las que se encuentra la reestructuración de las Fuerzas Armadas y de Carabineros después de un momento histórico en que ha habido violaciones a los derechos humanos, señaló.

“Es muy difícil que además se exija orden público a la ciudadanía sino se han resuelto las cuestiones urgentes en esta materia. Por un lado, a nuestro entender, es una urgencia ética, política y jurídica la libertad pronta de los presos de la revuelta, y por otro lado es urgentísimo que Carabineros recupere la legitimidad social de la ciudadanía, la confianza en que el monopolio de la fuerza va a ser utilizado correctamente de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos. Mientras eso no ocurra ningún gobierno puede respaldar a Carabineros, al revés, porque avalar y respaldar a Carabineros hoy día es respaldar el crimen en la impunidad”.

Además de considerar necesario que el Gobierno reponga las disposiciones que fueron eliminadas en la tramitación legislativa del proyecto de indulto en la Comisión de Constitución del Senado y que haga uso de sus atribuciones y facultades para aplicar los indultos particulares, el jurista aseveró que el Gobierno no puede avanzar en una reforma a Carabineros manteniendo a Ricardo Yáñez a la cabeza de la institución. Esto en cuanto el carabinero ha sido denunciado ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional, junto al ex presidente, Sebastián Piñera y sus ministros del interior, entre otras autoridades de Estado durante el estallido social por su responsabilidad en la “grave y sistemática violación a los derechos humanos”.

“Antes de ser general director, él fue jefe operativo en la época de Mario Rozas, que también ha sido denunciado ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional, entonces a nuestro entender, para que se recupere la legitimidad de Carabineros, para que haya políticas de control del orden público con respeto a los derechos humanos, se requiere instaurar una restructuración de la institución y esta restructuración tiene que estar encabezada por alguien que dé confianza respecto a que no tenga un oscuro pasado ni un negro presente como es el caso de Ricardo Yáñez”, sostuvo.