La ministra de la Corte Marcial Romy Rutheford, ordenó la detención provisoria del ex comandante en jefe del Ejército Ricardo Martínez, a quien investiga en el marco de la millonaria malversación de fondos públicos en la institución castrense, caso conocido como Milicogate.

El alto oficial llegó la mañana de este viernes hasta las dependencias de la magistrada donde dijo que guardaría silencio por desconocer los antecedentes en los que se fundan las acusaciones en su contra, además de no poder estar acompañado por su abogado durante el interrogatorio.

Precisamente, su defensor, Juan Carlos Manríquez, informó que el ex jefe castrense “está en calidad de detenido preventivo, no procesado, para resolver su situación procesal de aquí al próximo martes. Se puede resolver el martes o antes”.

El penalista se refirió a la decisión de guardar silencio de Martínez, la que dijo se funda en que el Código de Justicia Militar tiene más de 150 años de articulado, el cual no contempla a la Constitución ni a los convenios internacionales suscritos por Chile en materia de Derechos Humanos y debido proceso.

“Nosotros planteamos un requerimiento de inaplicabilidad ante el TC que está pendiente, que ese tribunal admitió de manera unánime según el cual las dos reglas normativas del Código de Justicia Militar ya de casi 150 años, son contrarias a la Constitución y a la Convención Americana de Derechos Humanos. El tribunal lo admitió, por ahora no dio lugar a la suspensión, sin embargo eso está por verse en días próximos, el próximo miércoles”, comentó Manríquez.

El profesional agregó que “de ese punto de vista, ningún justiciable puede comparecer a un tribunal, arriesgar su libertad, que lo que diga sea usado en su contra si no conoce previamente los cargos con detalle y además sin asistencia de letrado. Como eso está pendiente, ha hecho uso de la Constitución y los tratados para pedir que se deje constancia de esa situación y por tanto guardar silencio mientras no se tenga certeza completa de cuáles son las conjeturas en las que se basan los cargos que se le harían”.

Manríquez indicó que en la investigación “hay más de 13 mil 400 fojas que se han estudiado una por una y respecto de aquellas no es posible deducir cuáles son los puntos específicos sobre los cuales el tribunal fundaría una conjetura para poder dictar una detención. Si se dicta una detención en esas circunstancias, en primer lugar hay que cumplirla, analizar esas resoluciones, si esas tienen fundamento o no, entonces ejerceremos todos los recursos que la Constitución y la Ley establece”.

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