Este miércoles la ministra del Interior, Izkia Siches, junto al subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve; la titular de Desarrollo Social, Jeanette Vega y el encargado de la Segpres, Giorgio Jackson, presentaron en el pleno del Senado algunos de los ejes y las medidas que contempla la estrategia del Gobierno para abordar el conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Una pugna centenaria que no se ha logrado remediar en las administraciones anteriores y que ha sufrido la violencia del Estado en cuanto a la ausencia de políticas públicas que reviertan problemáticas como la pobreza, sostuvo la jefa de gabinete y frente a eso, hizo énfasis en que el Gobierno seguirá adelante con una propuesta en “el camino del diálogo e intentar acercar posiciones muy distantes en un conflicto histórico”. 

La instancia consistió en una sesión extraordinaria de la Cámara Alta que nació de un llamado transversal a abordar con diálogo, garantías de seguridad y políticas públicas concretas la situación de la violencia que afecta a la región de La Araucanía y a provincias del Biobío, y que fue convocada por los comités de la Democracia Cristiana y de las fuerzas de la oposición; RN, UDI y Republicanos.

Es así que Siches aseguró a los y las senadoras que el Ejecutivo no dejará de perseguir delitos cuando estos se cometan, tomando distancia a la respuesta policial y militar que exacerbó el gobierno anterior, a la luz de las cifras que demuestran cómo esta política ha fracasado desde el retorno a la democracia, hasta la actualidad. 

“Miremos lo que ha pasado. El 2013 se registraron en promedio 300 hechos de violencia según los datos de Carabineros en el territorio de Wallmapu. Eso ha crecido más de un 400 por cinto.  De 305, se ha aumentado a más de 1.700 hechos de violencia en 2021. Evidentemente este es un récord histórico que nos duelen nos preocupa y creemos que no solamente lo podemos resolver como gobierno, lo necesitamos resolver como Estado, con todos los poderes del Estado, pero también con decisión y convicción de soluciones que son de fondo”, sostuvo la ministra.

En esa línea dio cuenta de las primeras cinco medidas del Ejecutivo, las que están orientadas a crear una Comisión para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico en el conflicto intercultural, cuyo objetivo será otorgar reconocimiento y reparación a las víctimas mapuches y no mapuches; establecer parlamentos y diálogos territoriales; mejorar la eficiencia de la Conadi; ejecutar una agenda interministerial para el buen vivir y entregar a Carabineros las herramientas necesarias para resguardar adecuadamente el orden público. Una materia en la que ha estado avanzando en el territorio el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, indicó Siches.

“Nosotros hemos ido a la zona, él ha estado pendiente permanentemente trabajando en redistribución de las fuerzas, coordinación, montar mesas con PDI, Fiscalía y Carabineros, aumentar las capacidades de los equipos blindados, aumentar el presupuesto para tener más equipos blindados que no existen en el territorio para Carabineros, porque también nos preocupa la salud de nuestros Carabineros y Carabineras. No queremos más heridos, nos queremos más muerte, no queremos más violencia. Así también acciones preventivas que nos permitan de la mano de los derechos humanos, corregir lo que está pasando”, señaló la titular del Interior.

La jefa del gabinete llamó en el hemiciclo a construir un diagnóstico común en cuanto a que la respuesta policial hace “naufragar” al Estado y deviene en un aumento de las víctimas tanto mapuches como no mapuches, en la medida que recrudece los niveles de violencia en la zona.

“¿Qué ocurre con esos niños y niñas mapuches que se crían en un estado militarizado, en donde no hay soluciones de diálogo ni respuestas de los poderes establecidos en una vía democrática. Esos niños van a ser los próximos guerreros, los próximos Weichafes que van a seguir agudizando el conflicto que vivimos en la Araucanía y eso para nuestra perspectiva, para todos quienes participamos del debate público, es el imperativo moral uno: resolver este conflicto de fondo”, afirmó.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, sostuvo que “el 20 por ciento de la población del país pertenece a uno de los pueblos indígenas. La visión de comprar tierras es pan para hoy y hambre para mañana, porque aquí ha habido un problema de conducción y eficiencia. Este es un problema que tiene que ver con escuelas, centros de salud, apoyo a agricultura, infraestructura y seguridad“.