A otros cinco años de prisión por corrupción fue condenada este miércoles 27 de abril  la ex presidenta Aung San Suu Kyi, en medio de numerosas otras acusaciones en su contra que podrían mantenerla encarcelada por décadas. Ya en diciembre del año pasado, la ex mandataria fue condenada a seis años de prisión acusada de incitación contra los militares, violación de las reglas contra el COVID-19 y contrariar una ley de telecomunicaciones debido a la importación de un equipo de walki talkies supuestamente descubierto en su casa cuando ésta fue allanada el día del golpe militar.

Aunque se le ha permitido permanecer bajo arresto domiciliar mientras enfrentaba los cargos de los que se le acusa, la sentencia de este miércoles es lapidaria: fue acusada de aceptar un soborno de 600.000 dólares en efectivo y en lingotes de oro. Después de dos días de retraso, un tribunal especial en nombrado directamente por la dictadura militar, divulgó su veredicto y la sentencia, en tanto los periodistas no han podido acceder a los juicios en su contra, sus abogados tienen prohibido hablar con los medios y todavía está por dirimirse una amplia serie de acusaciones por violación de ley de secretos, corrupción y fraude electoral, entre otros, los que podrían acarrear  a la líder civil birmana una condena global a más de cien años de cárcel.

En marzo, Suu Kyi no pudo estar presente durante tres días de audiencias por estar en cuarentena debido a un contagio de COVID-19 entre su personal. Pero esta no es la primera vez que debe pasar largos períodos bajo arresto domiciliario, pues durante el período en que gobernó una junta militar anterior, tuvo que permanecer retenida en la mansión de su familia en Rangún, la capital y mayor ciudad birmana.

Actualmente, permanece detenida en un sitio no revelado de la capital y sus contactos  con el exterior se limitan a breves encuentros con sus abogados previo a enfrentarse al tribunal. Esta situación, más los juicios y sentencias espurias le impediría participar en las elecciones que -según los militares- se celebrarán el próximo año. “La junta utiliza los juicios criminales para hacer que Suu Kyi sea ‘políticamente irrelevante’, afirmó a la agencia AFP el analista David Mathieson, del medio Independent Myanmar. Frente a la sentencia dada a conocer hoy, agrega: “se trata de otro débil intento de afianzar el golpe”. Muchos otros aliados políticos de Suu Kyi también han sido detenidos desde el inicio de la dictadura militar, incluyendo al primer ministro Win Myint, sentenciado a 75 años de prisión. En tanto, otros ex colaboradores de su gobierno permanecen en la clandestinidad.

El golpe de Estado de la junta militar que actualmente gobierna Myanmar (o Birmania), entronizada en el poder a partir del 1° de febrero de 2021, generó multitudinarias protestas y revuelo en todo el país, las que los militares reprimieron con enorme violencia. Desde entonces, más de 1.700 personas han perdido la vida y más de 13.000 fueron encarceladas durante la feroz represión iniciada contra los disidentes. Pero, al mismo tiempo, fueron creciendo los grupos de rebeldes armados y a lo largo del país se han formado estamentos paramilitares autodenominados “Fuerzas de Defensa Popular” (FDP), milicias civiles que intentan combatir por las armas a la junta.

“Los militares han planificado que las demandas y sentencias contra Suu Kyi actúen como una táctica de miedo sobre la población, pero sólo sirve para causar más enojo”, afirma la investigadora de derechos humanos Manny Maung, quien asegura que las nuevas condenas contra la Premio Nobel de la Paz sólo agravarán el descontento nacional. “El anuncio de su última condena -en diciembre- resultó ser uno de los días de mayor interacción en redes sociales dentro de Birmania y enojó fuertemente al pueblo”, añade a AFP. Los analistas señalan también que el ejército birmano, fuertemente armado y bien entrenado, ha sido sorprendido por la efectividad de las acciones de las “Fuerzas de Defensa Popular” y sólo en algunas áreas luchan por  contenerlas.

Otra faceta directamente resultante del caos que vive Birmania desde el golpe militar es que muchos inversionistas extranjeros, que llegaron al país al inicio del período democrático encabezado por Aung San Suu Kyi, han decidido dejar el país. Entre los que ya anunciaron planes de retiro se cuentan los gigantes energéticos TotalEnergies y Chevron, así como la British American Tobacco y la cervecería japonesa Kirin.