Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se presentó la “Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación para violaciones a los Derechos Humanos cometidas en el estallido social”. La instancia fue presidida por la representante de la cartera, Marcela Ríos, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter.

Al encuentro también asistió el Presidente de la República Gabriel Boric y la senadora independiente, quien también fue víctima de la violencia en aquel contexto, Fabiola Campillai.

Entre los aspectos más destacados de la iniciativa se encuentra un proyecto de persecución penal especializada en la materia y una mesa interministerial de reparación. Las autoridades explicaron que la finalidad principal de la agenda es hacerse cargo de la historia, que es parte de lo prometido tanto en la campaña presidencial de Boric y que ahora es parte de su programa de Gobierno.

El jefe de Estado declaró que su gabinete tiene la obligación de no olvidar a las víctimas y familiares de quienes sufrieron violaciones a sus derechos humanos. Boric, mencionó que existen trámites burocráticos que no permiten avanzar en la materia, pero aseguró que lograrían traspasar aquellos obstáculos.

“A veces los laberintos burocráticos del Estado nos hacen demorarnos más de lo que quisiéramos, no se imaginan cómo eso nos frustra, pero vamos a romper con cada una de esas barreras”, sostuvo el mandatario y agregó que el Gobierno se compromete a que la verdad, la justicia y la reparación no sean palabras que “se las lleve el viento, que estén solo en los libros o en los discursos, sino que ustedes como familiares y como víctimas las sientan”, declaró el mandatario frente a las víctimas y familiares de violaciones a los derechos humanos del estallido social que asistieron a la presentación de la política.

El primer eje de la agenda se titula “verdad y justicia”, y establece que el Estado debe garantizar la justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos y que es indispensable que los procesos sean tramitados con especial dedicación, en un plazo razonable y con los recursos necesarios.

La subsecretaría de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter, expresó que el Gobierno trabaja arduamente para reparar tal deuda histórica que se remonta desde la dictadura militar. Manifestó que aquella impunidad del pasado es la condición de posibilidad para la violencia del presente, por lo tanto, hoy anuncian el plan de trabajo que esperan contribuya a que las nuevas generaciones puedan sanar las heridas y construir confianza tanto en la sociedad como en la institucionalidad, según las palabras de la subsecretaría.

La segunda arista de este programa es sobre “reparación”, y busca la implementación de una eficiente política de reparación integral y se discutirá en una mesa de trabajo que asegurará la participación de las víctimas y sus familias. En ese sentido, Oberreteur destacó la importancia de la mencionada medida.

“Buscar la justicia, la verdad y construir memorias democratizadoras son señales de que el Estado cuida, se preocupa y está dispuesto a desarrollar procesos de autocrítica y reflexión institucional”, expresó la subsecretaria. De la misma manera, afirmó que el avance de estas medidas mejorarán el principal propósito del Gobierno de asegurar una mejor vida para quienes viven el territorio chileno.

Por su parte, la ministra Marcela Ríos indicó las responsabilidades de su gabinete en la materia. “Lo que nos compete como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es trabajar para que todas las instituciones del Estado funcionen, que ningún ciudadano esté sobre la ley y que podamos avanzar en justicia y verdad”, expuso Ríos y agregó que para esto, tanto los tribunales de justicia, el Ministerio Público, la Defensora Penal Pública y todas las instituciones que tienen un rol en investigar estos delitos sigan funcionando.

Por último, el tercer eje del plan tiene que ver con “medidas para la no repetición, memoria y educación”, lo cual estipula que las violaciones a los derechos humanos no deben tener relativización alguna y que es desafío del Gobierno articular todo el aparato estatal, mediante leyes y políticas públicas para cumplir con la agenda.