Asumieron el desafío histórico de viabilizar la transición democrática tras el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, quien se impuso a la cabeza del país mediante el uso de la fuerza por 17 años marcados de graves, diversas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, las que siguieron constituyendo una amenaza luego el 11 de marzo de 1990, día en el que vuelve asumir un presidente de la República por votación popular. Ellos, quienes fueron la vanguardia de la oposición en las postrimerías del régimen, concurrieron al llamado del jurista demócrata cristiano, Patricio Aylwin, deviniendo así en el Gobierno de la Concertación, cuyo proyecto político, para frustración de muchos, estuvo cruzado por los escollos radicados en la Constitución del 80. 

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, exministros de Aylwin dan su punto de vista respecto al proceso constituyente de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre, el que puede radicar en el fin definitivo de la Carta Magna que terminó por impugnar la movilización social manifestada de forma contundente a partir del 18 de octubre del 2019 y en clave de voto, el 25 de octubre del 2020.

Es así que aquilatando el proceso, Germán Correa, ex ministro de Transportes e Interior de los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei, respectivamente, consideró “muy trascendental el hecho de que por fin vayamos a poner término a la Constitución de Pinochet que pese a todas las múltiples reformas que se le hicieron desde el año 89 en adelante, siguió teniendo el carácter que siempre tuvo, de defensa del modelo neoliberal, de defensa de los intereses de la oligarquía, de maniatar al Estado para que pudiera llevarse a cabo estrategias y políticas de desarrollo nacional que fuesen realmente importantes para las grandes mayorías nacionales”. 

Por otro lado, consideró que el ciclo se cierra de forma excepcional, en la medida que la nueva Constitución se ganó fuera de los acuerdos y negociaciones con la derecha, que en palabras de Correa “fue mezquinando sus votos para reformas pequeñas y parciales de la Constitución y removiendo primero los aspectos más aberrantes que tenía”.

Por tanto, “que ahora lleguemos a un escenario en que esta Constitución le ha sido arrancada a la derecha producto de la movilización masiva de chilenos y chilenas durante más de dos meses, pagando altísimos costos en violaciones a los derechos humanos, violaciones a múltiples derechos por parte del gobierno derechista de Piñera, creo que es un paso también históricamente trascendental”, sostuvo.

Germán Correa

Junto a eso calificó a la Convención como una instancia profundamente democrática, “donde una gran masa de independientes pudo eludir las múltiples barreras que puso el establishment, los partidos políticos y los parlamentarios”. Asimismo, destacó el hecho que las normas fueran aprobadas bajo el quórum de los 2/3 “lo que ya de por sí señala el grado de representatividad que está teniendo esta Constitución“, afirmó.

En esa línea se ubica el otrora ministro de Educación, Jorge Arrate, quien evoca algunas barreras de “la Constitución de Pinochet” y en particular “la distorsión” en los quórums de la Cámara Alta que generaban los senadores designados. “Yo presenté un proyecto significativo en materia laboral y ese proyecto tuve que negociarlo para que al final la propia derecha rechazara la idea de legislar sobre el tema del trabajo, eso fue en el Senado y el proyecto pasó entonces a Comisión Mixta”, comentó.

Arrate calificó el momento político como la culminación de un proceso que fue más lento del que hubiera deseado, para efectos de terminar de forma efectiva con una Carta Fundamental “que puso muchas trabas para que el país encontrara un camino de desarrollo y de igualdad“, señaló, y es que independientemente de las reformas posteriores, las que lograron deponer, por ejemplo el sistema binominal, aseguró que éstas no calaron en el quid del problema. En esa línea celebró el trabajo de la Convención en términos del fin del principio de subsidiariedad. 

“Mire usted lo que pasa en materia de derechos laborales, la Constitución de 1980 no contiene principios sobre esta materia, están contenidas en la ley y la Ley de Trabajo hoy día en Chile desfavorece totalmente la constitución de los sindicatos y la negociación colectiva. La nueva Constitución restablece el activismo del Estado en materia económica, fortalece la organización sindical y establece la posibilidad para todos los trabajadores, a través de sindicatos, negociar colectivamente en su empresa, en su industria o en la rama correspondiente“, relevó.

Jorge Arrate

Asimismo, valoró lo que a su juicio son avances radicales en materia de regionalización, género y pueblos originarios. “La nueva Constitución es un paso adelante en todas esas materias”, afirmó.

Por su parte, el ex ministro de Economía, Carlos Ominami, quien se reconoce desde siempre como un partidario de una nueva Constitución y destaca que la reivindicación de una nueva Constitución a través de una asamblea constituyente “data de 1980 con el discurso del presidente Frei Montalva en el teatro Caupolicán”, consideró que “la única posición compatible con una perspectiva de progreso en el país en la del apruebo”. Sin perjuicio de eso, dijo necesario precisar y eventualmente reformar algunos aspectos del texto, en el camino.

“A mí me parece por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con una cuestión que es central en la Constitución, que es sistema político, es algo a lo que habrá que poner mucha atención porque creo que quedó un híbrido entre un régimen presidencial y un régimen parlamentario que tengo serias dudas de que pueda funcionar convenientemente”.

Por otro lado consideró que la nueva Constitución “no resuelve un problema que es fundamental y que era imposible que lo resolviera por la constitución de la Convención, que es el tema de la fragmentación política. A mí me parece que habría sido muy útil que se estableciera un umbral alto para las representaciones en el Parlamento de manera de estimular la presencia de partidos fuertes y no este archipiélago que existe hoy día en el parlamento chileno”, sostuvo.

Carlos Ominami

Para tener una nueva Constitución que naciera de un proceso democrático, la ex ministra de Justicia y de la Mujer, Soledad Alvear, dijo haber votado apruebo en el plebiscito de entrada del 25 de octubre del 2020. Pese a eso, manifestó su desilusión respecto a la forma en que ha transcurrido el proceso. Si bien reconoció que el borrador de la Constitución radica en un avance en materia de derechos sociales, consideró que tiene problemas que afectarán la gobernabilidad de Chile.

En ese sentido consideró que la plurinacionalidad conlleva a riesgos para la política exterior y la defensa del país, en atención a que se ha adoptado la tesis del exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, quien expuso su idea de plurinacionalidad en un libro presentado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, comentó. “Allí tenemos problemas que tienen que ver con la posibilidad de que se establezcan autonomías regionales y comunales y que estas tengan no sólo autonomía administrativa sino también financiera y que puedan incluso, estas autonomías, el poder realizar trabajos con otros Estados”, afirmó.

“En el fondo es reorganizar, refundar los Estados para los efectos de que puedan organizarse autonomías y que eso pueda ir más allá de las fronteras de los distintos países, lo que puede significar desde el punto de vista de nuestro país en cuanto a su seguridad, en cuanto a la capacidad de tener una política exterior y una relación a su vez con los países vecinos adecuada. Recordemos que hace bastante poco tiempo atrás Argentina reclamó por la forma en que se llamó a los mapuches como Wallmapu porque ellos entendieron también que esto afectaba a los araucanos que había en Argentina, hicieron una protesta en este sentido, entonces vamos a generar problemas con países vecinos y vamos a tener un problema interno también”, sostuvo.

Soledad Alvear

Pero ese no es el único problema, afirmó. “Se establece por ejemplo un sistema de administración de justicia en donde no todos los chilenos vamos a ser iguales, va a haber justicia indígena y justicia para la gran mayoría de los chilenos, considerando que sólo el 10 por ciento de la población en nuestro país es indígena, el 90 por ciento somos mayoritariamente mestizos”, indicó, señalando que “no corresponde tener justicias diferentes que van a en definitiva a vulnerar el principio de igualdad ante la Ley entre los chilenos, además con un sistema de dominación de jueces que va a estar bastante politizado por el sistema de nombramiento que va a existir”.

Junto a eso consideró preocupante “que se haya eliminado el Poder Judicial y se haya eliminado el Senado. En toda democracia hay tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y vemos que aquí en Chile en definitiva, con lo que está haciendo el borrador de la nueva Constitución es debilitando los poderes del Estado frente al Ejecutivo”.

Si bien dijo estar por el reconocimiento de los pueblos indígenas, por la existencia de derechos sociales, por modernizar las instituciones y fortalecer la democracia, “me temo que las propuestas como están en el borrador de la Constitución que se va a someter a plebiscito no permiten a Chile fortalecer su democracia y el poder tener un sistema de equilibrio de poderes entre el Estado”, reparó. Por tanto, la ex secretaria de Estado consideró que, “independientemente si se aprueba o rechaza la Constitución, yo creo que el proceso constituyente va a continuar en proceso de modificación”.