Portando largos palos de madera y protegidos con escudos artesanales, unos 10.000 indígenas -según las autoridades- protestaron en varios puntos de Quito reiterando su llamado a que se rebajen los precios de los combustibles en el país petrolero.
Las organizaciones indígenas también reclaman al ejecutivo un control de precios a los productos agrícolas para mejorar sus economías familiares, empleo y más presupuesto para salud y educación, además de una moratoria de un año para el pago de créditos con la banca y suspensión de concesiones mineras en sus territorios.
En una carta difundida en Twitter, Lasso aceptó, “por el bien del país”, participar en “un proceso de diálogo franco y respetuoso” con la Conaie, la poderosa organización indígena que convocó las protestas.
Su líder, Leonidas Iza, respondió condicionando el diálogo a la derogatoria del estado de excepción vigente en seis de las 24 provincias del país, que movilizó a militares para tratar de restablecer el orden.
Tras la llegada de la marcha a la capital, Lasso amplió el estado de excepción que desde el sábado estaba vigente en las provincias de Pichincha (cuya capital es Quito), Cotopaxi e Imbabura, a las andinas Chimborazo y Tungurahua, y la amazónica Pastaza.
Lasso, que asumió el poder en mayo de 2021, ha denunciado que el movimiento indígena lo quiere “botar”.
Los mayores enfrentamientos se concentraron en el norte de la capital ecuatoriana -una ciudad de tres millones de habitantes-, muy cerca de la Universidad Salesiana que aloja a los manifestantes. Los agentes, varios en motocicleta y a caballo, intentaron dispersar la protesta con gases lacrimógenos y chorros de agua lanzados por vehículos antimotines.
“El gobierno de Guillermo Lasso ha perdido toda la legitimidad en la población y la única manera que tiene de sostenerse es apoyándose en la fuerza pública”, estima Carla Álvarez profesora del Instituto de Altos Estudios Nacionales y experta en conflictos.
Segundo muerto
También hubo focos de manifestaciones en el sur de Quito y cerca de la estatal Universidad Central (norte), así como en otros puntos del país como Guayaquil. Álvarez compara las movilizaciones actuales con el masivo movimiento social del 2019 contra el gobierno de Lenín Moreno que intentó eliminar los subsidios a los combustibles.
“Ante la movilización enorme que tenemos, creo que es una de las mayores movilizaciones que hemos visto en la historia del país, el gobierno está tratando deslegitimar la protesta diciendo que está vinculada con el narcotráfico y financiada por el crimen organizado lo cual no tiene mucho sentido si vemos la cantidad de gente que está en la calle ahora”, agregó Carla Álvarez, entrevistada por RFI.
“El crimen organizado no va a pagar a miles de gente. No es una actitud del crimen organizado sino de una población muy inconforme y de una circunstancia en la que el presidente no llega al 20% de respaldo popular”, subrayó la académica.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos reportó que el martes murió un manifestante indígena al registrarse una “confrontación” con la fuerza pública en la localidad amazónica del Puyo (sureste).
La policía indicó que “se presume que la persona falleció a consecuencia de la manipulación de un artefacto explosivo”. De esa manera, suben a dos las víctimas en las manifestaciones, según la Alianza. La noche del lunes un joven falleció tras caer en una quebrada durante las protestas y la fiscalía abrió una investigación por presunto homicidio.
En su más reciente balance, el grupo de derechos humanos dio cuenta de al menos 90 heridos y 87 detenidos desde el inicio de las protestas.
La Policía informó a su vez de 101 uniformados (incluidos 21 militares) heridos, otros 27 retenidos temporalmente por los participantes de las protestas y 80 manifestantes arrestados.
Democracia ‘en serio riesgo’
Los combustibles ya estuvieron en el centro de protestas violentas protagonizadas por la Conaie en 2019, que dejaron 11 muertos, más de 1.000 heridos y obligaron al expresidente Lenín Moreno a dar marcha atrás en un plan para eliminar los subsidios a los carburantes como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En casi un año, el diésel subió un 90% (a 1,90 dólares) y la gasolina corriente un 46% (a 2,55). Desde octubre pasado los precios están congelados por la presión social. La Conaie reclama rebajarlos a 1,50 y 2,10 dólares, respectivamente.
Tras nueve días de protestas, con bloqueos de vías y afectaciones en la producción petrolera, el ministro de Defensa, Luis Lara, expresó que “la democracia del Ecuador está en serio riesgo”.
“Las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y de las leyes de la República”, agregó Lara, que habló rodeado de los jefes del Ejército, Marina y Fuerza Aérea.
La opositora Conaie participó en revueltas que derrocaron a tres mandatarios entre 1997 y 2005.
Carla Álvarez fue entrevistada por Lucía Valentín
Con información de AFP.
