El cierre de la fundición Ventanas de Codelco en Quintero y Puchuncaví es un primer paso para que el Gobierno cumpla su compromiso de acabar con las zonas de sacrificio, ya que lamentablemente sabemos que no son solo esas las comunas que se ven afectadas por los residuos contaminantes de empresas industriales.

Huasco, Tocopilla, Mejillones, Coronel y Til Til, son otras de las comunas del país que necesitan urgentemente la presencia del Estado para que se fiscalicen estas empresas, que de alguna u otros manera colaboran en la grave contaminación que afecta a las comunidades de aquellos sectores.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el alcalde de Til Til, Luis Valenzuela (RD), abordó la situación de su comuna la cual, además de soportar el vertedero de basura más grande del país y recibir el 75% de los desechos de la Región Metropolitana, también se ve afectada por diferentes rellenos sanitarios industriales y mega relaves de las empresas mineras del sector.

Desde el último peak de dióxido de azufre (SO2) en la bahía industrial de Quintero y Puchuncaví, episodio que obligó al Gobierno a acelerar su gestión en materia medioambiental, desde el sector político, las comunidades y los gremios de la zona se ha mencionado constantemente la falta de rigurosidad en la fiscalización de parte de las empresas y la ausencia de la Superintendencia de Medioambiente (SMA), que es la entidad encargada de forma exclusiva a ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de la normativa ambiental.

Sin embargo, el punto de inflexión son las medidas provisionales que deben establecerse en las diferentes zonas de sacrificio, para evitar que alguna de ellas llegue a tal punto de emergencia como así ocurrió recientemente en las mencionadas comunas de la Quinta Región. A raíz de lo sucedido en la Región de Valparaíso, la SMA renovó una serie de medidas provisionales a seis empresas de la Bahía de Quintero y Puchuncaví, pero ¿qué estrategia pueden adoptar las demás zonas de sacrificio?.

En cuanto a las medidas que podrían implementarse en Til Til, Valenzuela planteó  que “es muy importante avanzar en las denuncias ciudadanas en torno esto. Igualmente, es importante generar estaciones de monitoreo, pero que no sean financiadas por las empresas, sino que sean supervigiladas por los municipios u otros órganos del Estado y que entreguen información constante y fidedigna de los efectos negativos que tienen en la comunidad”.

De la misma manera, la autoridad también consideró fundamental comenzar a controlar las consecuencias de salud que las empresas, tanto en Quintero, Puchuncaví, Coronel, Mejillones, Huasco, en Til Til y otras comunas, afectan a las personas debido a sus grandes puntos de contaminación.

Al respecto, la directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, destacó que el país está sumamente atrasado en cuanto a la legislación en materia de regulación medioambiental. Por lo que, para que el Gobierno pueda cumplir con su compromiso de acabar con las zonas de sacrificio es primordial que se asuma el rezago ambiental del país en esta materia.

“Nosotros tenemos retraso en los procesos de dictación y actualización de normas. Revisando la normativa de la Agencia de Protección Ambiental de Estado Unidos o de la Organización Mundial de la Salud, se puede dar cuenta de que Chile tiene una normativa bastante laxa y anticuada”, sostuvo la bióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

En ese sentido, tanto Valenzuela como Liberona concuerdan que el gobierno tiene una tarea muy relevante en cuanto a la actualización y mejoramiento de las normativas que se encarguen de velar por la protección de la naturaleza, y a la vez el resguardo de la salud de la población.

“Esperamos que no tenga que pasar otra situación como lo ocurrido en Quintero y Puchuncaví con las emanaciones en las últimas semanas, sino que el Estado tenga un rol mucho más relevante”, señaló la autoridad de Til Til.

Asimismo, Valenzuela añadió que es fundamental que la protección del medio ambiente no sea dependiente del gobierno de turno, sino que el Estado tenga conciencia de que no pueden existir más zonas de sacrificio y las existentes pasen a ser de recuperación y resistencia ambiental.