El presidente panameño Laurentino Cortizo es, ante todo, un empresario ganadero que incursionó en la política, primero como diputado, llegando a ser presidente de la Asamblea Nacional, y después como ministro de Desarrollo Agropecuario durante el anterior gobierno de Martín Torrijos. Luego, la tienda del gobernante es el muy tradicional Partido Revolucionario Democrático, estrictamente de centroderecha como todos los demás partidos importantes de Panamá. Esta simbiosis permite entender por qué el gobierno está poco acostumbrado a negociar con los sectores más críticos. Y por ello, las violentas protestas continúan después que las bases de las agrupaciones sociales decidieran el ayer lunes desconocer lo acordado el domingo entre el gobierno y un grupo de dirigentes cupulares.

La huelga general empezó hace más de dos semanas, cuando un grupo de docentes de escuelas públicas llamó a un paro nacional. En poco tiempo, se sumaron numerosas organizaciones en distintos puntos del país y el cierre de caminos, carreteras y calles no se hizo esperar, semi inmovilizando al pequeño país. Sin embargo, debido al volumen y el despliegue que han tenido las protestas, así como a la falta de un liderazgo único, no es posible pensar en los manifestantes como un bloque compacto, sino que representan a un “grupo social heterogéneo”, según afirma la doctora en Derecho y Ciencias Políticas, Nelva Araúz, investigadora del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá.

Las reivindicaciones están lideradas por la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos (Anadepo), una organización que representa a de 20 agrupaciones de docentes, trabajadores del campo, del sector pesquero, transportistas y estudiantes. Pero estos sectores no son los únicos que salieron a las calles. En Panamá también existen otras agrupaciones como la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas o el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y, en parte, esa diversidad hace mucho más difícil negociar y encontrar puntos de acuerdo a sus demandas ante el incremento del costo de la vida. Si bien el presidente anunció el domingo una reducción en el precio del combustible, baja que tendría impacto en el valor de los alimentos y medicamentos, el petitorio las fuerzas cívicas contiene 32 puntos entre los que se exige el incremento de salarios, la congelación del precio de los alimentos, además de incentivos a la producción nacional y, ¡cómo no!, la histórica demanda del pueblo panameño: eliminar las bases militares de Estados Unidos en su país.

Si bien Cortizo ha hecho intentos por sentar a las partes a la mesa de negociación y llamando a un diálogo “sincero y sin doble agenda”, muchos dirigentes no aceptaron la invitación. El Gobierno volvió a intentarlo el pasado fin de semana, desplegando dos mesas de diálogo, una con Anadepo y otra con representantes de los pueblos indígenas, parte de la dirigencia volvió a rechazarlo. En paralelo, algunas voces sindicales denuncian que el Gobierno llamó a reprimir a los manifestantes. “Hemos sido informados que la Policía está disparando balas reales”, denunció posteriormente el secretario general del sindicato de la construcción, Saúl Méndez. “Lo denunciamos, lo repudiamos y llamamos al pueblo a resistir esta brutalidad” dijo, haciendo  responsable directamente al Gobierno de Cortizo.

Al respecto, otra investigadora de la situación, Claire Nevache-Weill, del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales en Panamá, coincide conque “el Gobierno no está acostumbrado al disenso”, dice, agregando que a su juicio lel modo como Cortizo podría frenar el descontento es atendiendo a las exigencias por sector. “Porque responder a las demandas estructurales exige una revisión del modelo de país mucho más profunda, al estilo de lo que está ocurriendo en Chile”, subraya. “Pero, aún no estamos en ese momento”, afirma.

Por su parte Nelva Araúz afirma que lo que está en juego es la credibilidad del Gobierno. Sobre todo cuando los manifestantes no confían en sus autoridades, ni en las mesas de diálogo. “La población siente que las reuniones no son útiles, sino más bien dilatorias de la atención de sus necesidades primarias”, dice la investigadora del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales panameño. Y apunta a la que parece ser la única salida para el gobierno para este momento de tensión en el país del canal interoceánico: llamar a la constitución de una sola mesa de diálogo en la que estén incluidos todos los sectores, entregando respuestas claras y plazos definidos.