El Ejército israelí irrumpió por la fuerza en las oficinas de estas seis ONG palestinas, las registró, incautó materiales y documentos e, incluso, selló con placas metálicas la entrada de algunas de ellas. El operativo se desarrolló en Ramala, en la llamada “zona A” de la Cisjordania militarmente ocupada, un lugar al cual eventualmente las tropas israelíes sólo pueden acceder por cuestiones de seguridad en coordinación con la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Ya el año pasado las seis organizaciones habían sido declaradas como “terroristas” por Tel Aviv, un paso más hacia lo que grupos defensores de derechos humanos y buena parte de la comunidad internacional consideran como una táctica en función del fin estratégico: acallar y amedrentar a la sociedad civil palestina.
Por su parte, la ANP condenó la acción militar israelí y exigió una reacción urgente de la comunidad internacional. El presidente palestino, Mahmud Abás, calificó la operación como “un delito y ataque flagrante no solo contra organismos de la sociedad civil y de derechos humanos palestinos, sino también contra organizaciones internacionales”. En un significativo gesto de apoyo, el primer ministro, Mohamed Shtayeh, acudió a las instalaciones de Al-Haq, donde se reunió con representantes de las organizaciones afectadas, los animó a seguir trabajando y les felicitó por su labor. “Estas organizaciones operan dentro de los límites de la jurisdicción palestina, cumplen las leyes palestinas y por ello las autorizamos. Las acusaciones de Israel no tienen ningún fundamento”, subrayó Shtayeh.
Al-Haq, una ONG palestina que supervisa el respeto y cumplimiento de los derechos humanos en los territorios ocupados, informó a primera hora en su cuenta de twitter que “esta mañana, las fuerzas de ocupación de Israel allanaron la oficina de Al-Haq en Ramala, confiscaron artículos y cerraron la entrada principal con una placa de hierro, emitiendo una orden militar que declara ilegal a nuestra organización”, señaló.
Las fuerzas israelíes también registraron y clausuraron las sedes en Ramala del Centro de Investigación y Desarrollo Bisan, la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, la de Defensa Internacional de la Infancia, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y la de la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a Prisioneros (Addameer), todas ellas declaradas “terroristas” por Israel ya en octubre del año pasado. Las ONG acusadas de ser “grupos terroristas” tienen décadas de experiencia en el campo del activismo social en los territorios palestinos, todas ellas están asociadas con respetadas organizaciones internacionales y reciben fondos del exterior, sobre todo europeos; por ello el presidente Mahmud Abás instó a la comunidad internacional a “tomar medidas urgentes para proteger al pueblo palestino”.
Por su parte, los trabajadores de las ONG afectadas subrayaron su intención de seguir trabajando y no dejarse intimidar. “No somos simples empleados, creemos en lo que hacemos, somos defensores de los derechos humanos y actuamos sobre la base de nuestras convicciones. No dejaremos que nadie, ni las fuerzas de la ocupación israelí o quien sea, nos impida hacer nuestro trabajo que es cien por ciento legal”, declaró el experto jurídico de Al-Haq, el abogado Tasheen Elayan, a la agencia española Efe. Agregó que las tropas israelíes también allanaron y destrozaron la entrada de la Iglesia anglicana de San Andrés, en cuya planta superior funcionan las oficinas de Al-Haq. En esta ocasión fueron los propios vecinos quienes retiraron la placa de hierro de la puerta en cuanto se fueron los soldados fuertemente armados.
Israel alega que las seis ONG actúan desde hace años como ramas del Frente Popular de Liberación Palestina (FPLP) al recaudar fondos y reclutar miembros para elloa, pero estas organizaciones apelaron al calificativo de “terroristas” porque las autoridades israelíes no han presentado ninguna evidencia al respecto. Esos recursos de apelación fueron rechazados tanto por el Ministerio de Defensa israelí como por su Ejército -las autoridades de facto en los territorios palestinos ocupados- por lo que ayer mismo el ministro israelí de Defensa, Benny Gantz, ratificó su designación como “grupos terroristas”, lo que, siempre de acuerdo a su legalidad de ocupante militar, permitió ordenar los cierres forzosos y la confiscación de bienes ocurridos durante este jueves, así como el posible enjuiciamiento de sus miembros.
