La Compañía de Jesús dio cuenta de la “verosimilitud de actos de significación sexual de distinta relevancia que habrían afectado a siete mujeres jóvenes y adolescentes” a manos del sacerdote jesuita Felipe Berrios.
En un comunicado dado a conocer este jueves, la Compañía de Jesús en Chile señala que “el sábado 20 de agosto ha recibido el resultado de la Investigación Previa Canónica encomendada a la abogada María Elena Santibáñez, iniciada por la denuncia de una mujer adulta en contra del sacerdote jesuita Felipe Berríos”
Agregó que de acuerdo a los “protocolos establecidos por el Derecho Canónico, y considerando que la investigación previa es una etapa preliminar de recopilación de antecedentes, estos han sido enviados por el Provincial a la Curia General de la Compañía de Jesús en Roma para su revisión y envío al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, entidad competente que deberá determinar los pasos a seguir”
“Tras una acuciosa investigación, que contó con la declaración de más de 40 testigos, la Instructora ha determinado la verosimilitud de actos de significación sexual de distinta relevancia que habrían afectado a siete mujeres jóvenes y adolescentes. Estos hechos se refieren a tocaciones y diversos traspasos de límites en el ejercicio del sacerdocio, entre los años 1993 y 2009”, señaló la entidad de la Iglesia Católica.
Por otra parte, indicó que “la Instructora llegó a la conclusión, en esta etapa del proceso, que un hecho que habría afectado a una menor de edad de 7 u 8 años, resultó ser no verosímil, de acuerdo a los antecedentes recabados”
Puntualizó que “durante este tiempo, seguirá vigente la medida cautelar impuesta por el Provincial de la Compañía de Jesús a Felipe Berríos SJ de la suspensión del ejercicio público del ministerio sacerdotal”
Finalmente indicó que “como Compañía de Jesús emitimos este comunicado en el contexto de nuestro compromiso con la búsqueda de la verdad y de la justicia. También, manifestamos nuestro absoluto rechazo a cualquier tipo de abuso y nuestro sostenido esfuerzo por el cumplimiento de protocolos que aseguren la debida protección de niños, niñas, adolescentes y adultos vulnerables”