El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos que fueron afectadas en el contexto del estallido social de 2019 recibirán una pensión de gracia.

La información fue confirmada por la autoridad, luego que en la Región del Biobío se denunciara que ninguno de los perjudicados ha recibido dicha reparación.

Esto, considerando que el Ministerio del Interior reportó en junio pasado que se ha asignado una pensión de gracia a 296 personas; sin embargo, en el registro no aparece ninguna de las 24 víctimas de dicha región, pese a que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ya las calificó.

Al respecto, Monsalve reafirmó que cumplirán con la ayuda económica para todos los afectados, considerando que estas pensiones provienen de su cartera, el Ministerio del Interior.

También recordó que esta medida “está regulada en la Ley de Presupuesto, no es que el Gobierno haya decidido ante sí entregar pensiones de gracia a las personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos. Esto fue una larga discusión que se tradujo en una glosa, en la partida de tesoro público (…), que lo que dice es muy simple, establece una obligación del Estado de entregar pensiones de gracia a aquellos que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social”.

“A todos, independiente del lugar de Chile donde eso haya ocurrido, a todos quienes vieron vulnerados sus DD.HH, y que concurrieron al INDH y que esta institución los ha calificado así, por supuesto que vamos a concurrir a cumplir con lo que la Ley de Presupuesto dice, que es entregar una pensión de gracia”, aseveró.

El proceso para concretar esta reparación debe pasar primeramente por una denuncia, como explicó el subsecretario, en el INDH. Posteriormente, el Ministerio del Interior analizará la información y de ser certera, se concretará en una pensión de entre $250 mil y $500 mil.