La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó que antes de la publicación del polémico acuerdo TPP-11, el gobierno continuará con las negociaciones bilaterales para modificar los mecanismos de resolución de controversias.

De esta manera, la vocera ratificó que el Ejecutivo dilatará la publicación del tratado una vez que el Senado apruebe el acuerdo. “Hemos establecido que lo fundamental es el resguardo de los intereses de Chile frente a inversionistas y multinacionales“, precisó.

“Nos interesa, antes de hacer el depósito, un trámite previo a lo que es publicación de la ratificación del acuerdo. Nosotros necesitamos y esperamos que podamos tener resueltas esas conversaciones y acuerdos bilaterales antes de ese trámite que es facultativo y exclusivo del Presidente“, puntualizó la vocera.

Por su parte, la titular de la Segpres, Ana Lya Uriarte, también se refirió al tema y precisó que “seguiremos tramitando las side letters para así tener un mecanismo de resolución de controversias distinto al que provee el TPP 11″.

“El Gobierno se hace cargo de su responsabilidad internacional, los compromisos y la manera de cumplirlos. Nosotros como país negociamos un tratado, que es el TPP 11, y el Presidente lo ha dicho claramente, esta medida no está en el programa”, indicó.

No obstante, precisó que “si se aprueba, el tratado será ratificado como corresponde por el Presidente“.

El tratado no es parte del programa de gobierno y fue puesto en la agenda por la derecha, con el apoyo de algunos senadores del oficialismo, para ejercer presión al Presidente Boric, quien no se mostró proclive a retirar el TPP-11 del Congreso como lo pidieron los partidos de Apruebo Dignidad que consideran que “profundiza el modelo neoliberal, genera grandes pérdidas de autonomía y trae escasos beneficios para Chile” y  reafirma “una política comercial que ya está agotada y que no se condice con los desafíos que tiene Chile y el mundo en el presente y futuro”.

El Ejecutivo optó por centrarse en demorar la aplicación del acuerdo y para ello no existe un plazo determinado.

El tratado internacional también es fuertemente criticado por organizaciones sociales, sindicales y medioambientales por los efectos que aseguran son nocivos para los intereses del país.