En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, se refirió a las últimas noticias que se han conocido en torno a la malversación de caudales públicos al interior del Ejército y de los gastos en que ha incurrido el Congreso en materia de traslados.

“Claramente es algo preocupante porque no estamos hablando de hechos aislados o particulares sino que claramente habría en el Ejército -aunque aún es materia de investigación- una normalización de ciertos actos de corrupción y eso es muy lamentable y además esto venía de la propia jerarquía entonces es difícil esperar que hacia abajo esto no permée”, señaló Jaraquemada a propósito de lo ocurrido al interior de la institución castrense.

En ese sentido, la abogada añadió que “estas maneras de trabajar no se cambian de un día para otro, pero por cierto, las investigaciones y posibles sanciones que enfrentan las personas que hayan cometido estos hechos es un gran paso para ir cambiando formas de actuar“.

Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de los mecanismos de control al interior de esta institución, Jaraquemada sostuvo que “algo que se ha estudiado es que en aquellas instituciones donde hay mucha discrecionalidad, donde hay mucha concentración de la toma de decisiones o poca transparencia es como el caldo de cultivo perfecto para la corrupción”.

Por lo mismo, consideró que “si esto va ocurriendo con los años finalmente se normalizan estos actos y se asumió que como nadie los fiscalizaba se podía hacer, pero eso no implica conocer que eso no se debe hacer. Es un poco lo que pasa con las personas que adelantan por la berma, todos sabemos que eso no se puede hacer y que está penado por la ley de tránsito, pero el problema es que nadie lo fiscaliza“.

En esa línea, María Jaraquemada compartió la idea de que la sujeción del poder militar al civil ha sido lenta y añadió que “era entendible que durante los primeros años de la transición esto fue complejo por la presencia del dictador al mando del Ejército, lo cual complejiza mucho la situación, pero el problema es que quizás nos dejamos estar porque además no había nada que nos indicara que este nivel de corrupción”.

“Si nos comparamos con otros países de América Latina, nuestros carabineros o nuestras fuerzas armadas en general, habían cumplido con una transición relativamente más suave, pero quizás el poder civil no cumplió su rol fiscalizador y espero que nos demos cuenta que haya una sujeción al poder civil porque así funciona la democracia“, agregó María Jaraquemada.

Irregularidades en el uso de gastos de traslado en el Parlamento

Respecto de la polémica en torno a los gastos de traslado de los parlamentarios, la directora de Chile Transparente señaló que “con los años ha avanzado el control de estos gastos. De hecho las asignaciones no van al bolsillo del parlamentario, sino que es con rendición. Los problemas radican en que el consejo resolutivo encargado de administrar estos recursos no posee la independencia que debiera tener porque hoy está liderado por un ex senador, antes igual y si bien esas personas actualmente son independientes del Congreso, quizás no tienen una visión externa que pueda percibir estas sutilezas y problemas que acarrean cuestionamientos a la credibilidad de la institución”.

“Otro problema es que en caso de identificar alguna irregularidad ésta termina en la comisión de Ética que está integrada por parlamentarios y parlamentarias y se ha dado una fiscalización interna que no ha sido eficiente, especialmente en el tipo de sanciones, equivalente a lo que puede ser en otras administraciones del Estado que están sujetas a la Contraloría”, añadió Jaraquemada.

Por lo mismo, la abogada recalcó en el tema de la efectividad de los mecanismos de control y recalcó que “yo atribuyo mucho la baja de credibilidad en el Congreso a esto, a que se percibe que tienen ciertos privilegios que no tienen otras autoridades o que no tenemos los ciudadanos comunes y corrientes. Acá tenemos un problema de que efectivamente cuando no tenemos un control adecuado y si se llega a detectar una irregularidad las sanciones son realmente ridículas, la verdad es que se promueven un poco estas malas conductas”.

María Jaraquemada recordó que este tipo de prácticas pueden ser constitutivas de delito y explicó que “si se comprueba que estás usando las asignaciones parlamentarias, por ejemplo, para proselitismo político o para beneficiarte y llevarte ese dinero al bolsillo, claramente eso es un mal uso de recursos fiscales y puede ser constitutivo de delito“.