Las indicaciones para incrementar un bono para Carabineros, significó que se rechazara una de las 13 partidas del Ministerio del Interior, dejando sin financiamiento el combate al crimen organizado, el fortalecimiento de la capacidad operativa de la policía uniformada, especialmente para la compra de vehículos e implementos de protección personal, entre otros ítems.

El hecho generó molestia en el Gobierno y en particular en el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien dijo que presentaron una reserva de constitucionalidad considerando que un aumento de los gastos del Presupuesto Fiscal requiere por norma ser impulsada desde el Ejecutivo.

“Nos llama mucho la atención que sea una acción liderada por un sector de la oposición que por mucho tiempo ha llamado la atención y ha destacado la importancia de la disciplina fiscal y del cumplimiento de las normas constitucionales”, comentó anoche al término de la jornada el titular de Hacienda.

Marcel agregó que “nos sorprende que mientras se reclama disciplina fiscal, se reclama la importancia que tiene la Constitución en materias fiscales, al mismo tiempo se promueva la admisibilidad de una norma claramente inconstitucional y después se la termine votando a favor. Nos parece que es un precedente bastante serio”.

El titular de Hacienda criticó además que se utilice como argumento lo ocurrido en el debate de presupuestos pasados.

“En este tipo de decisiones lo que debe imperar no es si acaso hubo algún otro sector de parlamentarios que en algún otro momento, algún otro año, algún otro gobierno votó indicaciones inadmisibles, sino que los parlamentarios y parlamentarias lo que deberían tener a la vista, en lugar de cómo votó algún otro parlamentario es lo que dice la Constitución en esta materia”, subrayó.

Marcel precisó que “en este caso en particular la Constitución es totalmente taxativa. Esperamos con estos argumentos en la tramitación en el Senado corregir este punto. Si es necesario ir a comisión mixta, lo haremos”.

Además, reflexionó que “desgraciadamente hay momentos en los cuales la dinámica confrontacional dentro de lo que es el proceso legislativo termina dominando sobre los fundamentos de las propuestas del presupuesto”.

Por último, precisó que “lamentamos que hayamos tenido este tropiezo, pero confiamos que no pase más allá de esto y que este episodio también sirva para que los parlamentarios y parlamentarias reflexionen sobre la importancia sobre resguardar la disciplina fiscal y resguardar las normas constitucionales”.

El jefe de las finanzas públicas señaló que similar es el caso de la insistencia de los legisladores, particularmente de Renovación Nacional, de incrementar a partir del mes de enero la Pensión Garantizada Universal a cuenta de los fondos del Presupuesto 2023.

“Siendo un aumento de gasto, no está dentro de las facultades parlamentarias el modificar un Presupuesto en esa dirección”, junto con precisar que los fondos que se están discutiendo son para un año, por lo que “no es un mecanismo idóneo para generar aumentos permanentes de gasto” como es la PGU.