La jornada de este viernes la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, sesionó para continuar con el estudio del libelo presentado por diputados del Partido Republicano, cuyo argumento central refiere a un supuesto “abuso de autoridad y de poder” por parte del secretario de Estado que, “por su cercanía con el Presidente de la República y su aparente inamovilidad, traspasó los límites de su propia autoridad”.

La acusación, que incluye cuatro capítulos y 150 páginas de extensión, fundamenta entre sus motivaciones la baja ejecución presupuestaria de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), la vulneración del principio de probidad y la imparcialidad dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y la desvinculación de la ex seremi de Desarrollo Social RM, Patricia Hidalgo.

Asimismo, apunta al hecho de dejar sin ejecución la Ley N° 21.302 que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y la no implementación oportuna y adecuada de las Oficinas Locales de la Niñez.

En la instancia, la exseremi Patricia Hidalgo reiteró haber recibido presiones “por parte de mis superiores jerárquicos para votar de una manera contraria a la cual hubiese sido mi deseo en el Servicio de Evaluación Ambiental de diversos proyectos de la Región Metropolitana.

También dio cuenta sobre la conversación que tuvo con el ministro Giorgio Jackson el pasado 30 de diciembre en La Moneda y señaló que “posteriormente a mi desvinculación, él da a conocer acusaciones falsas e infundadas de delitos que yo habría cometido y que hasta el día de hoy estoy esperando que, a lo menos, hubiese presentado algún sumario administrativo en contra, alguna denuncia, alguna querella, cosa que hasta el día de hoy no ha ocurrido”.

“Fui víctima de una operación política, de maltrato, de abuso de poder y creo que no es a mí a quien le corresponde investigar esos hechos, yo ya hice las querellas de estos casos. He solicitado al Ministerio de Desarrollo Social que me entregue información para poder saber de qué se me ha acusado, ya que lo han hecho con bastante alevosía por los medios de comunicación, no solo el ministro Jackson, sino que también otras ministras del Gobierno, pero hasta la fecha no hay nada”, acusó.

En cuanto a las consultas del diputado UDI, Joaquín Lavín –integrante de la comisión- sobre si los seremis votan de acuerdo a las instrucciones del Gobierno o a sus competencias, Hidalgo respondió que “los seremis si bien participan de un gobierno y son funcionarios de confianza, eso no los convierte en personas obsecuentes. Creo que cada uno de nosotros tiene su inteligencia, su ponderación, sus conocimientos” y agregó que pese a tener coincidencias con los planteamientos políticos con el Frente Amplio “eso no quiere que a mí me van a dar instrucciones o me van a mandatar a hacer cosas con las que no esté de acuerdo, menos cuando una de mis mayores motivaciones personales y políticas para participar del gobierno del presidente Boric fue que era el primer gobierno medioambientalista que íbamos a tener”.

En la vereda contraria, el abogado constitucionalista, Patricio Zapata, manifestó una serie de reparos a los argumentos esgrimidos en los capítulos del libelo, haciendo referencia para eso “defectos” que se han repetido en otras acusaciones constitucionales en el pasado.

En ese sentido, cuestionó el uso de la acusación constitucional, toda vez que los motivos refieren a aspectos de mérito y no precisamente a una infracción a la constitución y las leyes. Así, por ejemplo, en referencia al capítulo dos de la acusación mencionó que “es complicado sancionar a alguien porque ha vulnerado un principio, es mucho más fácil castigar a alguien porque incumplió una regla. La regla es un mandato que se cumple o no se cumple”.

En cuanto a los capítulos uno y cuatro, el abogado manifestó que “no me queda tan claro que si se distinguen suficientemente la subejecución presupuestaria al concepto dejar sin ejecución las leyes (…) No es equiparable porque la Ley de Presupuestos más que ordenarle al presidente o a sus ministros a que gasten $622 mil millones, es que le autoriza al ministro, al presidente a que gaste hasta $622 mil millones. No incurre en falta jurídica el ministerio que no gasta el total de lo autorizado, se incurre en falta cuando de gasta más de lo autorizado”.

Por su parte, la defensa del ministro Giorgio Jackson en un documento de 145 páginas expresó sus descargos ante la comisión, señalando que “la acusación presentada confunde hechos con juicios de valor e imputaciones, estableciendo de antemano un contexto de suposiciones, valoraciones e imputaciones arbitrarias. Aquello pretende generar un ambiente de crisis sostenido en apreciaciones personales, políticas, consideraciones de hecho o mérito, totalmente alejadas de la naturaleza y fines de la acusación constitucional en el ordenamiento jurídico”.

Asimismo, menciona que “los hechos descritos dan cuenta del intento de juzgar a este Ministro de Estado por hechos de carácter general que no dicen relación con el despliegue de alguna acción particular o personal de mi parte, o bien por hechos que relatan de forma errónea con el fin de subsumirlos de manera forzosa en alguna de las causales de acusación constitucional”.

En tanto, en un punto de prensa el propio titular de Desarrollo Social salió a desmentir las acusaciones de la ex seremi Patricia Hidalgo por una supuesta “operación política” en su contra y agregó que ante una eventual aprobación de la acusación constitucional en su contra “yo no tengo cómo anticipar el resultado, esto es algo que van a decidir en su fuero interno los diputados y diputadas y, por lo tanto, lo que sí podemos estar seguros es que trabajamos de manera muy concienzuda la defensa. Yo al menos muestro y quiero trasmitir mucha tranquilidad respecto a esos argumentos ”

La comisión revisora continuará recibiendo audiencias para el estudio de la acusación el próximo lunes 16 de enero.