El sistema político chileno atraviesa un proceso de cambios marcado por la fragmentación y las dificultades para construir mayorías sociales. La época en que un pacto electoral podía alcanzar por sí mismo el 50+1 de las preferencias y consecuentemente gobernar en solitario pareciera haberse terminado con la emergencia de una política sin hegemonías claras y que demanda la construcción de alianzas, aparentemente, atravesadas por contradicciones y roces internos.

Es en dicho contexto que la alianza que sostiene al actual gobierno ha iniciado una discusión compleja y que pone al desnudo sus divergencias. Reunir a todos los sectores del oficialismo, e incluso a la Democracia Cristiana, en una sola lista de cara a las elecciones de consejeros constitucionales pareciera a todas luces ser la mejor opción para alcanzar una mayoría progresista en este segundo proceso constituyente. No obstante, la contundencia de los números no pareciera ser argumento suficiente para sectores exconcertacionistas que buscan recuperar la influencia pérdida en el curso de las últimas elecciones.

Las dificultades de confluir en un mismo pacto electoral refieren a diferencias reales en torno no solo a la conducción del gobierno, sino a lo que ha venido siendo Chile en los últimos 30 años. Construir unidad, por tanto, requiere más que la sola repetición insistente de que separados “le hacemos el juego a la derecha”. Se requiere por el contrario un relato y un marco programático que permita dotar de sentido a una alianza que por hoy se sostiene en la necesidad.

Primero lo primero. El sistema electoral que se utilizará en las elecciones de consejeros replica el usado para elegir al Senado. Vale decir, un sistema D´Hondt aplicado a circunscripciones equivalentes a las regiones del país, las cuales distribuyen entre 2 y 5 cupos cada una. Dicho sistema tiende a beneficiar sustantivamente a pactos electorales grandes y a castigar a pactos medianos o pequeños, especialmente cuando el número de escaños que se distribuyen es bajo.

Para ejemplificar el posible impacto de dividir al oficialismo y la Democracia Cristiana en dos listas, podemos tomar la distribución del voto de las últimas elecciones a diputados y diputadas, las cuales a diferencia de las elecciones al Senado se llevaron a cabo en todas las regiones del país. Tomando los votos de cada pacto a nivel regional y considerando la cantidad de escaños que distribuye cada región, se puede estimar que la suma de consejeros entre Apruebo Dignidad, Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana concurriendo en dos listas separadas llega a los 23, mientras que agrupados en una sola lista llegaría a los 30. Vale decir, 7 escaños de diferencia que corresponden al 14% de un total de 50 consejeros.

Este es solo un ejercicio en base a supuestos para graficar el posible impacto de concurrir en listas separadas. Es efectivamente poco realista suponer que cada sector logrará conservar la misma proporción de votos que obtuvieron en las elecciones pasadas en caso de concurrir agrupados en una sola lista, menos con la incertidumbre que sumará el voto obligatorio. No obstante, este ejercicio sirve para dimensionar la debilidad de aquel argumento que aboga por concurrir en dos listas bajo la premisa de que de esa forma es posible llegar a más electores y ampliar la base electoral del gobierno. En la práctica, la cantidad votos “extras” derivados de concurrir en listas separadas necesarios para compensar la posible perdida de escaños producto de la dispersión es simplemente muy grande como para justificar el riesgo de entregarle a la derecha dura el proceso constituyente.

No obstante, aquellos sectores que han abogado por listas separadas están en lo correcto al señalar que se requiere de algo más que de un buen cálculo y de la necesidad para legitimar un pacto electoral. Justificar una alianza entre fuerzas disímiles solo en base a lo que demanda el sistema político y electoral puede ser suficiente para los sectores más politizados de la sociedad, pero dichas contradicciones son incomprensibles a los ojos de la gran mayoría de Chile.

El ejercicio que le corresponde a las fuerzas hoy representadas en el gobierno no es el de negar dichas diferencias y esperar a que no se manifiesten públicamente, sino por el contrario contribuir a un ejercicio activo que permita sentar las bases de un relato y proyecto de gobierno común capaz de apelar a mayorías hoy ajenas a la política.

Es en dicho contexto que en las últimas semanas representantes de los distintos partidos que componen la alianza de gobierno se han reunido para acercar posiciones en torno al contenido que se le busca imprimir al nuevo texto constitucional y, por sobre todo, para darle cuerpo al Estado Social de Derechos que aglutina no solo a todo el espectro oficialista, sino también a múltiples organizaciones sociales y al progresismo en su sentido amplio.

El amplio arco compuesto por la izquierda y el progresismo tiene la opción de tomar el camino fácil que representan la fragmentación y dispersión o, por el contrario, construir una unidad con propósito y asegurar una mayoría progresista en este nuevo proceso constituyente. Vale decir, avanzar en una unidad cuyo fin no sea solo sostener una administración y alcanzar más o menos cupos en tal o cual elección, sino habilitar un nuevo ciclo político determinado por la seguridad social y la profundización de nuestra democracia.

Juan Pablo Orrego
Doctorante en Política
Universidad de Edimburgo
Comunes