Esta semana, el Grupo de Puebla publicó una carta en la que defendió a Marco Enríquez-Ominami y criticó la manera en que la justicia chilena ha manejado el caso SQM. 

En una misiva firmada entre otros por el Presidente de Argentina, Alberto Fernández, los miembros del foro político indicaron: “Durante estos 8 años, Marco ha negado estas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones. Sin embargo, fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio”, señala la carta.

Frente a ello, Félix González, diputado del Partido Ecologista Verde y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, manifestó su molestia.

“Como se trata de un caso que está judicializado, los apoyos políticos que pueda hacer el Grupo de Puebla están un poco demás”, expresó.

Según González, a veces hay circunstancias que justifican una intervención de parte de líderes extranjeros, pero esta, asegura, no es una de ellas.

“El principio de no intervención tiene algunos límites. Cuando se trata de cuestiones relacionadas con derechos humanos, por ejemplo, perfectamente podemos opinar, y tenemos la obligación de opinar respecto de lo que pasa en Nicaragua, o en otros lugares donde se estén violando los derechos humanos. Pero, en este caso, estamos hablando de un juicio por corrupción que está en la justicia, y el Grupo de Puebla es una entidad política internacional, que no tiene como rol opinar sobre juicios”, aseveró González.

“Me imagino que desde fuera se puede ver como un caso similar al de Lula, que terminó sobreseído y claramente era un juicio para poder inhabilitarlo de ser Presidente. Sin embargo, nosotros que estamos acá sabemos que no es lo mismo. Esto tiene un asidero en casos de corrupción que fueron bastante transversales, en donde hay personas procesadas, y por lo tanto lo que corresponde es que se haga el juicio sin intervención política, ni del exterior ni tampoco de dentro de Chile”, agregó.

En ese mismo sentido, el diputado González descartó la existencia de un lawfare, o, en otras palabras, de un asedio judicial para perjudicar a una figura política. 

“La Fiscalía ha actuado con autonomía, aquí hay mérito para investigar, y no es un caso de quitar del camino a algún adversario que tenga opciones de ganar. También hay que entender que no es un candidato competitivo hoy día”, dijo el diputado.

Finalmente, respecto a la posibilidad de que las relaciones entre nuestro país y Argentina se vean afectadas, González señaló: “Espero que no, y espero también que la Cancillería argentina informe bien a su gobierno de lo que está pasando en Chile, porque claramente están equivocados”.