Un contundente informe sobre la situación que afecta a las más de 40 mil familias del sector aledaño al exvertedero municipal de La Chimba en Antofagasta emitió el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), dando cuenta de una grave violación a los derechos humanos en lo relativo al derecho a la salud, educación, vivienda digna, al derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y al derecho a la participación ciudadana.
El escrito emanado este mes trae las conclusiones de la visita que efectuó el equipo del INDH en enero pasado, y advierte un conflicto socioambiental que impide a las personas vivir una vida digna, citando como marco jurídico el recientemente firmado Acuerdo de Escazú, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el denominado Protocolo de San Salvador, entre otros. Asimismo, el informe realiza un análisis de cómo el Estado chileno a través del municipio de Antofagasta, de la Delegación Presidencial y de las distintas seremías, no ha actuado con la prontitud y con la prolijidad que se requiere.
Según el informe del INDH existen graves violaciones a los derechos humanos en lo relativo a la salud, argumentando que existen vulneraciones en torno a 3 ejes; la afectación a la salud física por la exposición constante a la emanación de gases tóxicos que provocan la quema de basura y la presencia de vectores; la afectación a la salud mental; y la ausencia de monitoreo constante de la salud de las personas afectadas y desconocimiento sobre los resultados de sus exámenes médicos porque no existe un sistema de medición y monitoreo de fases que emanan de las quemas del exvertedero.
En cuanto al derecho a la vivienda adecuada, este se vulnera por la construcción de casas en los terrenos aledaños al exvertedero, por la existencia de asentamientos informales alrededor del exvertedero e incluso, dentro del mismo, afectando el requisito de accesibilidad a servicios pues las viviendas tienen acceso limitado o inexistente a servicios esenciales como agua, saneamiento o electricidad y, por último, porque se observan grupos de especial protección afectados en mayor medida, como personas migrantes y/o que, de otra manera, se encontrarían en situación de calle.
A su vez, sobre el derecho al acceso a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, el informe plantea que los posibles efectos acumulativos en el tiempo para el medio ambiente y la exposición de la población a las constantes quemas, vulnera en dimensiones colectivas e individuales este derecho. De igual manera, en cuanto al derecho a la educación, el INDH manifiesta que la suspensión de clase perturba la disponibilidad puesto que los establecimientos educacionales se vieron obligados a cerrar cuando la calidad del aire se vio afectada por las quemas. Como ejemplo, toman el caso de la suspensión los días 7 y 8 de junio de 2022, una situación que afectó a más de 73 mil estudiantes y 4 mil docentes, y el caso del 9 al 15 de junio, cuando la suspensión afectó a 22 colegios y 14 jardines infantiles y salas cuna.
Por último, en cuanto a la vulneración al derecho a la participación, el Instituto Nacional de Derechos Humanos enfatizó que existe una ausencia de instancias de participación o diálogo con las personas afectadas, una inexistencia de articulación entre los actores individuales, colectivos y gubernamentales en relación a este conflicto, además de la afectación a la falta de información a derechos como salud, vivienda, medio ambiente, participación en asuntos públicos y acceso a información en aspectos ambientales.
“El informe del INDH sobre las quemas en La Chimba evidencia una realidad que constatamos hace décadas en la ciudad de Antofagasta y a la vez, es claro en exponer la incapacidad del Estado de coordinar en base a las tareas que se necesitan con urgencia hacer. Ya no existen excusas ni argumentos para no actuar con prolijidad y sentido de urgencia”, comentó el gobernador regional Ricardo Díaz.
Recomendaciones y plazos
Tras el diagnóstico, el informe establece una serie de medidas y recomendaciones a distintas instituciones gubernamentales. En lo específico, por lo menos en el plazo de un año, el INDH insta al Municipio a concretar acciones como el cierre perimetral, el plan de remediación y el ingreso del proyecto para habilitar un RESCON, además de activar programas de limpieza, realizar mayor fiscalización y denuncias al Ministerio Público sobre personas que depositan basura en los alrededores del exvertedero.
En cuanto a las seremis, el informe recomienda a la cartera de Bienes Nacionales, para en un plazo de dos años, presentar planes de urbanización que permitan la protección y prevencion de vertimiento de basura en terrenos de propiedad del ministerio. En cuanto a Salud, el INDH recomienda generar la fiscalización, sanción y realizar estudios de salud pública a las personas que habitan viviendas aledañas al exvertedero. Por su parte para MINVU existe un plazo de un año para iniciar la ejecución de obras de la macrourbanización de los terrenos ubicados al oriente de la calle Héroes de la Concepción desde Avenida Caparrosa al norte.
“Se plantea a nosotros como Gobierno Regional que apoyemos financieramente este tipo de iniciativas que apuntan a establecer un sistema de limpieza permanente. Nosotros vamos a cumplir nuestra parte, de hecho ya hemos entregado recursos tanto a la Delegación Presidencial como al Municipio para cumplir con esto”, manifestó el gobernador Díaz.
Reacción
Finalmente, el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, no tuvo reparos en hacer un llamado a las instituciones y servicios locales que recibieron recomendaciones para agilizar su acción, ya que “el tiempo está corriendo y ahora no hay excusas”.
“Esperamos que desde hoy día se tenga plena conciencia que el tiempo está corriendo y que se requiere un actuar mucho más urgente y con mucho más sentido de prolijidad de parte del municipio, de las seremis y de la Delegación para terminar con esta grave situación. El tiempo está corriendo y ahora no hay excusas”, finalizó.
