El Colegio de Profesores, el Sindicato de trabajadoras Integra y la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados, junto a la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Aprojunji), le solicitaron al Gobierno un plan de contención y resguardo ante la violencia y delincuencia que se vive en los establecimientos educacionales y en los jardines infantiles.
Las agrupaciones encabezadas por el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, entregaron una carta en La Moneda en la que le piden a la ministra del Interior, Carolina Tohá, la instalación de una mesa de trabajo para elaborar un plan de contención que aborde la situación de violencia que se vive dentro y fuera de los recintos educacionales.
Díaz indicó que la situación es preocupante y el Ministerio del Interior “tiene que tomar cartas en el asunto, tiene que resguardar la seguridad y dar las condiciones para que podamos desarrollar nuestra labor escolar en forma tranquila, normal, que es lo que merecen los estudiantes y quienes trabajan al interior de los espacios escolares”.
Además, sostuvo que esta situación tiene mayor relevancia cuando desde las políticas oficialistas se ha señalado la preocupación por la reactivación educativa, pero que en su opinión esto no va a ser posible “mientras no estén las condiciones para que podamos ejercer nuestra labor como educadores en forma tranquila”.
Por su parte, la dirigenta de Aprojunji, Gabriela Derza, afirmó que “la delincuencia está ahí, en la puerta del trabajo, en el entorno y nos afecta a todos: a los niños, a las familias y a nuestros asociados, trabajadoras y trabajadores de JUNJI. Es importante que se haga una reevaluación de las zonas rojas, que se vuelvan a reactivar presupuestos para seguridad. No podemos seguir esperando que desde el mismo presupuesto que ha sido asignado para lo académico, se esté separando para seguridad”.
En la carta entregada a la ministra Tohá, las organizaciones plantean que el Plan de Contención debe considerar la mantención y fortalecimientos de fondos concursables destinados a proyectos de seguridad; el empoderamiento de las comunidades educativas a través de jornadas de reflexión; el fortalecimiento de los protocolos de acción frente a las amenazas contra funcionarios de la educación, amenazas de tiroteo, acciones delictivas y/o violentas al interior o en el perímetro de los establecimientos educacionales; reestudiar cuáles son las zonas rojas a lo largo del país; la instalación de Mesas Territoriales de Trabajo, entre otros ejes.
