El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, no declaró este lunes y se acogió al derecho de guardar silencio ante la fiscal Ximena Chong, quien lo investiga como imputado por eventuales delitos de lesa humanidad cometidos por la policía durante el estallido social de 2019.

Tras proceder con la diligencia en la Dirección General de Carabineros, la fiscal afirmó que “ellos tienen el derecho de guardar silencio e insisto en que ello no puede representar para los imputados ninguna consecuencia legal adversa. En ese contexto, en circunstancia que se trata del director eneral de Carabineros no muta los derechos le asisten a cualquier ciudadano”.

Agregó que “la investigación continúa al margen de la colaboración que puede entregar, sin perjuicio de como señalaron sus abogados, lo más probable que en un horizonte de tiempo máximo de 3 meses, podría estar en condición de prestar declaraciones”.

La fiscal Chong precisó que la “declaración no constituye ningún requisito previo para que se tome ningún tipo de decisión, ni una decisión de  término, ni tampoco una decisión de avanzar en línea de una formalización”.

La investigación, en manos de la jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, comenzó en 2019 en Valparaíso y puso el foco en el actual jefe de Carabineros por su rol como director de Orden y Seguridad al momento en que estallaron las masivas movilizaciones en el país.

Previamente, la fiscal Chong afirmó que al general “se le imputa específicamente el delito de apremios ilegítimos por la figura homicida. Es decir, no haber realizado acciones tendientes a evitar que se materializaran los apremios ilegítimos y las torturas que se verificaron durante un periodo determinado. Esto, en su rol anterior en la institución, cuando él fungió como director de Orden y Seguridad“.

La persecutora ya había citado al director de Carabineros en septiembre pasado, diligencia que el general solicitó postergar para noviembre y luego logró posponer nuevamente.

Yáñez declaró en calidad de imputado en febrero de 2022, cuando ya había asumido como líder de la policía. En esa ocasión fue citado por la fiscal jefe de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien estuvo a cargo de la investigación en una primera fase.