En 2020, la multinacional Anglo American comenzó a gestionar los permisos medioambientales para instalar una ampliación de la mina Los Bronces en la cordillera de las regiones de Valparaíso y Metropolitana.

Desde entonces, el proyecto bautizado como Los Bronces integrado ha tenido que enfrentar varios obstáculos, entre ellos, una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) negativa, que Anglo American apeló, y que ahora los tiene esperando una determinación del Comité de Ministros.

A todo eso se suma una férrea resistencia de parte de comunidades y organizaciones medioambientales, que durante todo este tiempo han luchado para que el proyecto no se haga.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Victoria Uranga, presidenta de la Corporación de Defensa de la Cuenca del Mapocho, explicó que todo su activismo en contra de Anglo American, se debe, en primera instancia, a los efectos que Los Bronces integrado tiene sobre la zona en que planea instalarse.

“Este proyecto es de ampliación y factibilidad operacional, y contempla la construcción de una mina subterránea que va, entre otras cosas, en el extremo norte del santuario de la naturaleza Yerba Loca. Ahí empiezan a despertarse muchas alertas, con todas las luces rojas que te puedes imaginar, porque es un lugar que debe ser preservado, que es de una fragilidad y una riqueza que hay que cuidar”, señaló la dirigenta.

Uranga además aseguró que otro argumento para rechazar el proyecto es el potencial degradamiento de los glaciares que abastecen de agua a la Región Metropolitana.

“Los glaciares están en el inicio de la cuenca y son los grandes proveedores para toda la zona oriente de Santiago. Por supuesto los glaciares no son solo agua, pero esa es probablemente una de las dimensiones que son más evidentes para las personas, en otras palabras: nos va a faltar agua”, advirtió.

Por estos y otros motivos, la Corporación de Defensa de la Cuenca del Mapocho, con la ayuda de la ONG FIMA, presentó un recurso de reclamación al Comité de Ministros, que a diferencia del interpuesto por Anglo American, busca poner en evidencia todos los antecedentes que harían inviable el proyecto. Así lo explicó la abogada de FIMA, Karla Vargas.

“Anglo American propone esta ampliación de proyecto que es sometida a evaluación mediante un estudio de impacto ambiental, el cual es conocido por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), y luego es rechazado, porque no se entregó información suficiente que permitiera descartar el riesgo a la salud de la población, a propósito de cómo este proyecto podría estar impactando la calidad del aire”.

“Entonces, se presentaron nueve recursos de reclamación administrativa en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) , de los cuales uno de ellos es de Anglo American, y los otros son de personas que fueron parte del período de participación ciudadana” dijo.

Estos últimos recursos, precisó la abogada, fueron presentados porque “no se consideraron debidamente las observaciones planteadas en el procedimiento de evaluación, y no se resolvieron aquellas dudas, planteamientos, y cuestionamientos a la empresa”, afirmó.

De acuerdo a Vargas, todas las observaciones, tanto de Anglo American como de las organizaciones medioambientales, deberían ser revisadas por el Comité de Ministros en abril, instancia en la que espera se tenga en cuenta el impacto en la calidad del aire, el posible efectos en los glaciares, y también en la flora y fauna presentes en el santuario Yerba Loca.

“Todas estas consideraciones técnicas claramente debiesen llevar a que el Comité de Ministros, más allá de consideraciones políticas, rechacen el proyecto”, señaló.

La presión del norte

A juicio de Pamela Poo, activista y cientista política experta en temas medioambientales, otro elemento importante en este debate es la instalación de una planta desalinizadora, que Anglo American propone como alternativa para no usar el agua fresca de la zona.

“Esto se pretende instalar en Quintero-Puchuncaví, pero no se entiende como saliendo una empresa, Ventanas, en una zona que está altamente contaminada, ahora se instale una desalinizadora con todos los efectos ambientales que aquello tiene, para tener agua para la minera. Ni siquiera está pensado para agua para las personas”, manifestó.

Por otra parte, consultada respecto a la posibilidad de que el proyecto se apruebe, Poo aseguró que la situación es compleja. De acuerdo a la experta, es difícil que se pongan los intereses de nuestro país por sobre las presiones externas.

“Hay una presión desde afuera en relación a generar más minería. La carbono neutralidad, como está diseñada desde el norte global, implica una presión hacia el sur, entonces, yo no sé si va a dar el análisis suficiente como para ver los riesgos internos que tenemos, y si se van a colocar en la balanza, por sobre la situación que tiene el norte global”, indicó.

Victoria Uranga tampoco es optimista en cuanto a lo que pueda pasar en el Comité de Ministros. A su parecer, es muy probable que sus miembros privilegien elementos distintos a los ambientales: “Me encantaría creer que un gobierno que se define como ecologista va a proteger la vida, sin embargo siento que hay una presión muy grande por aprobar proyectos de inversión”.

En todo caso, Uranga advirtió que, si el proyecto se llega a aprobar: “Nosotros vamos a seguir infinitamente, vamos a ir a tribunales ambientales, y a todas las otras instancias que existan para proteger la vida de la naturaleza y de las personas, porque el riesgo no es para unas pocas personas”.

“De alguna manera, las zonas de sacrificio uno las tiene visualizadas en el norte, pero las próximas zonas de sacrificio son la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso”, concluyó.