La abogada y directora del programa Amazonía de EarthRights International, Juliana Bravo Valencia, expresó su malestar por la actitud asumida por el gobierno de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  de mantener “el discurso retórico sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas”, pero sin reconocer las violaciones a la Nación U’wa frente a los proyectos extractivistas que ponen a las comunidades en “riesgo de exterminio físico y cultural”.

Este miércoles se realizó en Santiago el 157° periodo la sesión de la CIDH donde se escuchó a los representantes de la Nación U’wa que habita territorios ancestrales ubicados en los departamentos de Arauca, Santander, Casanare, Norte de Santander y Boyacá, en la frontera con Venezuela y a los abogados representantes del Estado colombiano.

Los voceros de la Nación U’Wa, los líderes indígenas Daris María Cristancho y Ebaristo Tegría, apoyados por los abogados Juliana Bravo, directora del Programa Amazonía de la ONG Earth Rights International, y Alejandro Escobar, del Colectivo Cajar, solicitaron la cancelación de los proyectos de extracción de gas y petróleo en su espacio vital y que además ordene al gobierno de Bogotá resarcir el daño histórico a las comunidades.

En tanto, el Ejecutivo, a través de sus representantes, Martha Zamora, directora de la Agencia de Defensa del Estado, y Leonardo Romero, asesor de Defensa Jurídica Internacional, expresó que hoy existen solo dos proyectos de ese tipo en el área y que son fundamentales para el abastecimiento energético del país. Enfatizaron que son varias las políticas que llevan adelante para reparar el olvido a que han estado sometidos los pueblos originarios locales.

La etnia mantiene una disputa de hace más de 30 años contra el Estado por la violación territorial y cultural de un pueblo indígena, amenazados por los proyectos de la empresa Ecopetrol de extracción de petróleo y gas. Hoy la Nación U’Wa posee la titularidad de 220 mil hectáreas, pero demanda la propiedad sobre un millón 400 mil.

 Juliana Bravo afirmó que “la Nación U’wa lleva más de tres décadas luchando por sus derechos territoriales y culturales, producto de una serie de proyectos extractivos, por la falta de delimitación y titulación de territorio ancestral y por las múltiples violaciones a los derechos, por la militarización de la zona y la falta del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano”.

La abogada afirmó que esta audiencia en la CIDH “representa un momento muy importante para ellos en la búsqueda de justicia, luego de tantos años de búsqueda de sus derechos culturales y territoriales. Los proyectos que se han realizado en sus terrenos se han hecho sin consultas y sin el consentimiento de la Nación U’wa, quienes además, la Corte colombiana en el año 2009 indicó que junto a otros 35 pueblos indígenas en Colombia, se encontraban en riesgo físico y cultural”.

Bravo afirmó que en la audiencia fue decepcionante escuchar la postura del gobierno del Presidente Gustavo Petro porque podría haber sido diferente. Sin embargo, fue “volver al mismo discurso reiterativo por décadas y décadas en relación a la jurisprudencia que tiene el Estado sobre los territorios, con una normativa e institucionalidad muy fuerte, pero no se ha traducido en el cumplimiento efectivo y el respeto y garantías de los derechos de los pueblos indígenas”, precisó la jurista.

“Vinieron con el mismo discurso de voluntad, muy retórico del reconocimiento de los pueblos indígenas, muy expositivo, sin que ello se traduzca en nada en concreto. De hecho, no hubo ningún reconocimiento de la responsabilidad internacional por ninguno de los hechos que se plantean, no hubo ningún mea culpa por lo ocurrido en los territorios U’wa por muchas décadas”, indicó Bravo.

Ante los hechos expuestos en el tribunal, la abogada afirmó que esperan “un fallo condenatorio del Estado colombiano y en consecuencia una serie de órdenes tendientes a que las autoridades tengan que otorgar títulos, demarcar y sanear el territorio ancestral de la Nación U’wa, que se terminen los proyectos extractivistas y se garanticen los derechos territoriales y culturales del pueblo indígena”.