Fue el pasado viernes que el Consejo de Defensa del Estado, a través de su Procaduría Fiscal de Santiago, interpuso una querella criminal contra el ex director de Inteligencia del Ejército de Chile (DINE), Schafik Gonzalo Nazal, y el ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete, por una serie de escuchas ilegales al interior de la institución castrense.

Según detalló el CDE esta acción legal es para perseguir los delitos consumados y reiterados del artículo 36 B, letra c), de la Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones. Asimismo, por delitos de falsificación de instrumento público del artículo 193, contemplados en el Código Penal.

En concreto, la querella interpuesta refiere a hechos ocurridos en 2017, cuando Poblete solicitó, ordenó y dirigió una serie de operaciones en las que se obró ilícitamente y se interceptaron y grabaron señales emitidas a través de servicios públicos de telecomunicaciones.

Desde Nueva York en conversación con Radio Universidad de Chile, el periodista de investigación, Mauricio Weibel, quien también fue objeto de esta interceptación telefónica, relevó la gravedad de este hecho. “Lo importante es entender lo que aquí ocurrió, que es que el Ejército en alianza con un juez de la República aceptaron un acto de espionaje completamente fuera de la ley y de la constitución en contra mía, lo que vulnera completamente los márgenes democráticos, los estándares mínimos de derechos humanos”, afirmó.

Recordemos que fue a través de un reportaje de La Tercera que en 2019 los nombres de Poblete y Nazal se vieron expuestos ante la revelación de la denominada “Operación Topógrafo”. Si bien en un inicio se supo de que se trató de un espionaje contra cuatro funcionarios activos y en retiro del Ejército, además del periodista Mauricio Weibel, actualmente hay al menos 17 líneas que se “pincharon”, según informó Ciper.

En esa línea, recordó que “lo que hablamos es que la Dirección de Inteligencia del Ejército se ‘coludió’ con un juez de la República y falsificaron una orden de espionaje en mi contra. A una orden de interceptación telefónica le pusieron el nombre de una ciudadana inmigrante irregular boliviana de 23 años, pero pusieron mi número de teléfono. Esa fue una operación que el juez señala en los interrogatorios que dio ante el fiscal que él sabía que esto era así, que era falso todo”.

Weibel recalcó que “lo que existió en el fondo es un delito muy grave, que se llama falsificación de instrumento público, además de los delitos de interceptación telefónica. Además, tenemos una agresión muy profunda y muy deleznable a la libertad de expresión, porque este espionaje en mi contra, recordemos, se produce por las investigaciones que hice durante años sobre la corrupción militar y que hoy día tienen procesados a cuatro o cinco comandantes en jefe del Ejército, de lo que se llamó el caso Milicogate”.

Por lo mismo, consideró como “una buena noticia” para el país que “quienes cometen delitos y delitos graves sean procesados, sobre todo cuando estos son delitos que atentan contra la democracia y las libertades. La libertad de expresión es el pilar de la democracia, su ejercicio es lo que nos permite exigir todos los demás derechos”.

Pese a que a su juicio el CDE “debió actuar hace mucho tiempo”, dijo parecerle “bien (que lo haya hecho), porque tiene la obligación legal de que cuando hay delitos cometidos por funcionarios públicos el Consejo tiene que hacerse parte. Esto es gravísimo, porque no estamos hablando de un delito que cometió un tipo de baja escolaridad o que hizo un portonazo, esto es un delito de marca mayor cometido por autoridades, por agentes del Estado, por un juez y un general”.

De manera que consideró valioso que este caso esté avanzando, especialmente en un contexto “en el que se han recrudecido y han aumentado los casos de espionaje a periodistas. Son muy pocos los casos en los que ha habido sanciones, hay algunos en Estados Unidos, algo que se ha hecho en España, pero este sería el primer caso en una nación del sur del mundo donde esto avanza. Espero que la justicia siga avanzando y que como país podamos dar un ejemplo de que la democracia debe ser defendida por las instituciones y por todos”.

“En América Latina estamos viendo una creciente precarización de las democracias”

De hecho, sobre este tema Weibel mencionó que “hace poco salió un informe que decía que por primera vez en muchos años en el mundo hay más regímenes autoritarios o dictatoriales que democracia. Esa es una situación lamentable y en América Latina estamos viendo una creciente precarización de las democracias, una creciente tendencia al autoritarismo, a resolver los conflictos de democracia a través de la violencia estatal o de la corrupción o del silenciamiento de los medios”.

En esa línea, expresó que “hay que recordar que desde los años ’90 hasta hoy llevamos mil 500 periodistas asesinados, en los últimos años son 400 y eso suman periodistas desaparecidos, periodistas desplazados, en el exilio, amenazados, todo eso en América Latina. Por eso nos parece importante partir desde Chile y avanzar con una ley de protección a los periodistas y a los trabajadores de los medios”.

“Afortunadamente, con apoyo transversal en el Congreso fue aprobada hace unas semanas atrás en la comisión de Cultura de la Cámara de Diputadas y Diputados. Espero que pronto la apruebe la Cámara Baja en su Pleno, pase al Senado y logremos su aprobación, para que así Chile se convierta en el primer país que tenga una ley con estándar de derechos humanos de protección a periodistas y trabajadores y trabajadoras de la prensa”, puntualizó.

Finalmente, consultado por el escenario que enfrenta la prensa chilena en el ejercicio de su profesión, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de las y los Trabajadores, Mauricio Weibel recordó y lamentó el asesinado periodista del Canal 3 de la Victoria, Francisca Sandoval, quien resultó baleada el año pasado para esta fecha durante una manifestación en el Barrio Meiggs.

“Creo que esa fue una muy mala noticia para la democracia y la forma como en un principio actuó el Gobierno y el Ministerio Público no fue la adecuada, pero luego corrigieron y pidieron la prisión para los responsables de ese crimen. Me parece que nosotros tenemos la obligación de trabajar por construir más democracia, Chile enfrenta un momento muy complejo respecto a su capacidad de construir un proyecto y de su capacidad de dar respuesta a las necesidades sociales y creo que eso se va a lograr sólo a través de la construcción de democracia, de libertades, de diálogos, de tolerancia, de diversidad. Creo que lamentablemente estamos muy lejos de eso”, apuntó.