Un plazo de 30 días acordaron los tres poderes del Estado, junto a las policías y las fiscalías, para trabajar en modificaciones a la Ley Antiterrorista con el fin de enviar una propuesta única al Congreso.
Así lo informaron el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic; y el ministro de Justicia, Luis Cordero, luego de la reunión que el Presidente Gabriel Boric convocó en La Moneda para abordar los últimos atentados explosivos ocurridos en el país.
“Quedó un compromiso de 30 días, con coordinación del equipo del ministerio del Interior, el ministerio de Justicia, de modo de dialogar los ejes centrales de esta reforma muy acotada, como así también fortalecer las capacidades del Ministerio Público y de las policías para este fin”, señaló el ministro Cordero.
Cordero explicó que en el encuentro “se manifestó la inquietud sobre la gravedad de los hechos que han estado ocurriendo, y por lo tanto, la voluntad de todas las instituciones para abordarlo desde sus distintas atribuciones, la forma de afrontar este tipo de asuntos”.
El secretario de Estado descartó que se realicen reuniones permanentes, y aclaró que “el Presidente las cita en determinadas circunstancias. Lo que hay, es que quedó la coordinación en el equipo del Ministerio del Interior para fundamentalmente avanzar en las medidas legislativas que tenemos que abordar en el corto plazo“.
El titular de Justicia recordó que la discusión por la Ley Antiterrorista “es un debate bien antiguo en el derecho chileno, la discusión sobre si se utiliza o no”.
“Lo que sí está claro, es que la regulación de la Ley Antiterrorista en Chile requiere de modificaciones significativas, entre otras cosas. No solo por la manera en que está regulado el delito, sino que además porque requiere actualizaciones desde el punto de vista del contenido”, complementó.
Cabe consignar que el pasado martes, se descubrió que el puente ferroviario Itata, ubicado entre las comunas de Ránquil y Chillán, en la Región del Ñuble, había sido dañado con detonaciones. El jueves pasado fue derribada una torre de alta tensión ubicada en Placilla, Región de Valparaíso, y el sábado se registró la misma situación en otra torre situada entre Cañete y Los Álamos, en la Región del Biobío.
En tanto, Mirosevic explicó que las fiscalías prefieren invocar la Ley de Armas antes que la Ley Antiterrorista porque “tiene penas más altas y es más fácil de comprobar. Hay o no hay armas, y por lo tanto, es más fácil procesar y perseguir penalmente a través de esa ley, y no de la ley antiterrorista”.
“No hay ningún complejo en aplicar la Ley Antiterrorista, esto no es un problema ideológico. Esto es un problema práctico, la ley hoy día es deficiente y necesitamos mejorar la tipificación. Ese es el corazón del problema”, dijo y explicó que la normativa “exige que se pueda comprobar el ánimo de la persona que realiza el ánimo terrorista, y eso es difícil de comprobar”.
A la reunión en La Moneda, además de Cordero y Mirosevic, asisteron la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes; el Fiscal Nacional, Ángel Valencia; el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma; el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez; el director de la PDI, Sergio Muñoz; y el director de la ANI, Luis Marcó.
Foto de portada ATON
Un plazo de 30 días acordaron los tres poderes del Estado, junto a las policías y las fiscalías, para trabajar en modificaciones a la Ley Antiterrorista con el fin de enviar una propuesta única al Congreso.
Así lo informaron el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic; y el ministro de Justicia, Luis Cordero, luego de la reunión que el Presidente Gabriel Boric convocó en La Moneda para abordar los últimos atentados explosivos ocurridos en el país.
“Quedó un compromiso de 30 días, con coordinación del equipo del ministerio del Interior, el ministerio de Justicia, de modo de dialogar los ejes centrales de esta reforma muy acotada, como así también fortalecer las capacidades del Ministerio Público y de las policías para este fin”, señaló el ministro Cordero.
Cordero explicó que en el encuentro “se manifestó la inquietud sobre la gravedad de los hechos que han estado ocurriendo, y por lo tanto, la voluntad de todas las instituciones para abordarlo desde sus distintas atribuciones, la forma de afrontar este tipo de asuntos”.
El secretario de Estado descartó que se realicen reuniones permanentes, y aclaró que “el Presidente las cita en determinadas circunstancias. Lo que hay, es que quedó la coordinación en el equipo del Ministerio del Interior para fundamentalmente avanzar en las medidas legislativas que tenemos que abordar en el corto plazo“.
El titular de Justicia recordó que la discusión por la Ley Antiterrorista “es un debate bien antiguo en el derecho chileno, la discusión sobre si se utiliza o no”.
“Lo que sí está claro, es que la regulación de la Ley Antiterrorista en Chile requiere de modificaciones significativas, entre otras cosas. No solo por la manera en que está regulado el delito, sino que además porque requiere actualizaciones desde el punto de vista del contenido”, complementó.
Cabe consignar que el pasado martes, se descubrió que el puente ferroviario Itata, ubicado entre las comunas de Ránquil y Chillán, en la Región del Ñuble, había sido dañado con detonaciones. El jueves pasado fue derribada una torre de alta tensión ubicada en Placilla, Región de Valparaíso, y el sábado se registró la misma situación en otra torre situada entre Cañete y Los Álamos, en la Región del Biobío.
En tanto, Mirosevic explicó que las fiscalías prefieren invocar la Ley de Armas antes que la Ley Antiterrorista porque “tiene penas más altas y es más fácil de comprobar. Hay o no hay armas, y por lo tanto, es más fácil procesar y perseguir penalmente a través de esa ley, y no de la ley antiterrorista”.
“No hay ningún complejo en aplicar la Ley Antiterrorista, esto no es un problema ideológico. Esto es un problema práctico, la ley hoy día es deficiente y necesitamos mejorar la tipificación. Ese es el corazón del problema”, dijo y explicó que la normativa “exige que se pueda comprobar el ánimo de la persona que realiza el ánimo terrorista, y eso es difícil de comprobar”.
A la reunión en La Moneda, además de Cordero y Mirosevic, asisteron la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes; el Fiscal Nacional, Ángel Valencia; el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma; el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez; el director de la PDI, Sergio Muñoz; y el director de la ANI, Luis Marcó.
Foto de portada ATON
Un plazo de 30 días acordaron los tres poderes del Estado, junto a las policías y las fiscalías, para trabajar en modificaciones a la Ley Antiterrorista con el fin de enviar una propuesta única al Congreso.
Así lo informaron el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic; y el ministro de Justicia, Luis Cordero, luego de la reunión que el Presidente Gabriel Boric convocó en La Moneda para abordar los últimos atentados explosivos ocurridos en el país.
“Quedó un compromiso de 30 días, con coordinación del equipo del ministerio del Interior, el ministerio de Justicia, de modo de dialogar los ejes centrales de esta reforma muy acotada, como así también fortalecer las capacidades del Ministerio Público y de las policías para este fin”, señaló el ministro Cordero.
Cordero explicó que en el encuentro “se manifestó la inquietud sobre la gravedad de los hechos que han estado ocurriendo, y por lo tanto, la voluntad de todas las instituciones para abordarlo desde sus distintas atribuciones, la forma de afrontar este tipo de asuntos”.
El secretario de Estado descartó que se realicen reuniones permanentes, y aclaró que “el Presidente las cita en determinadas circunstancias. Lo que hay, es que quedó la coordinación en el equipo del Ministerio del Interior para fundamentalmente avanzar en las medidas legislativas que tenemos que abordar en el corto plazo“.
El titular de Justicia recordó que la discusión por la Ley Antiterrorista “es un debate bien antiguo en el derecho chileno, la discusión sobre si se utiliza o no”.
“Lo que sí está claro, es que la regulación de la Ley Antiterrorista en Chile requiere de modificaciones significativas, entre otras cosas. No solo por la manera en que está regulado el delito, sino que además porque requiere actualizaciones desde el punto de vista del contenido”, complementó.
Cabe consignar que el pasado martes, se descubrió que el puente ferroviario Itata, ubicado entre las comunas de Ránquil y Chillán, en la Región del Ñuble, había sido dañado con detonaciones. El jueves pasado fue derribada una torre de alta tensión ubicada en Placilla, Región de Valparaíso, y el sábado se registró la misma situación en otra torre situada entre Cañete y Los Álamos, en la Región del Biobío.
En tanto, Mirosevic explicó que las fiscalías prefieren invocar la Ley de Armas antes que la Ley Antiterrorista porque “tiene penas más altas y es más fácil de comprobar. Hay o no hay armas, y por lo tanto, es más fácil procesar y perseguir penalmente a través de esa ley, y no de la ley antiterrorista”.
“No hay ningún complejo en aplicar la Ley Antiterrorista, esto no es un problema ideológico. Esto es un problema práctico, la ley hoy día es deficiente y necesitamos mejorar la tipificación. Ese es el corazón del problema”, dijo y explicó que la normativa “exige que se pueda comprobar el ánimo de la persona que realiza el ánimo terrorista, y eso es difícil de comprobar”.
A la reunión en La Moneda, además de Cordero y Mirosevic, asisteron la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes; el Fiscal Nacional, Ángel Valencia; el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma; el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez; el director de la PDI, Sergio Muñoz; y el director de la ANI, Luis Marcó.
Foto de portada ATON
Santiago, 15 de junio de 2023.
Presidente de la República, encabeza reunión de coordinación con autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de las Polícias, del Ministerio Público y la ANI para abordar los recientes atentados explosivos ocurridos en diferentes regiones del país.
Dragomir Yankovic/Aton Chile 
