La Corte Suprema dio a conocer este viernes las condenas contra los involucrados en el episodio Valdivia de la Caravana de la Muerte, aumentando las condenas de todos los uniformados entre los que se cuentan al ex vicecomandante del Ejército Santiago Sinclair y el general en retiro Pedro Espinoza Bravo.
Se trata del caso donde fueron fusilados 12 personas, entre ellas José Gregorio Liendo Vera, conocido como “Comandante Pepe”, militante del MIR, además del encargado de esa organización en la zona Víctor Fernando Krauss Iturra, a los que se sumaron varios obreros forestales de las localidades de Neltume y Liquiñe.
Magdalena Garcés, querellante de seis de las doce familias de las víctimas, destacó el aumento de las penas decretado en el fallo de la Corte Suprema frente a condenas que eran muy inferiores y que a su juicio eran inexplicables.
“La sentencia de la Corte Suprema dejó sin efecto las condenas anteriores y dictó una sentencia de reemplazo en donde subió las penas, condenó a los actuales sobrevivientes que integraron la Caravana de la Muerte”, precisó la penalista.
El máximo tribunal aplicó condenas contra Pedro Espinoza Bravo a 18 años de presidio como autor de 11 homicidios calificados; Juan Viterbo Chiminelli Fullerton como autor de 12 homicidios calificados también a 18 años de cárcel; y a Emilio de la Mahotiere González, piloto del helicóptero, se le sancionó en calidad de encubridor a cinco años y un día, aumentando de los iniciales tres años de libertad vigilada que se habían impuesto inicialmente.
El caso particular del fallo de la suprema es en el de Santiago Sinclair Oyanedel a quien se condenó a 18 años como coautor de 12 homicidios calificados. El alto uniformado ofició como vicecomandante en jefe del Ejército entre 1985 y 1989 cuando pasó a retiro, ocupando además un lugar como integrante de la junta de gobierno de la dictadura.
“Queremos destacar la condena de Sinclair que estuvo a cargo de algunas de las detenciones en Valdivia porque no todas las víctimas fueron detenidas en las localidades de Neltume y Liquiñe”, sostuvo Garcés.
La querellante destacó que el oficial y exsenador designado “también fue integrante del consejo de guerra y esto deja en evidencia, releva la participación criminal de integrantes de consejos de guerra que en términos estrictos formaban parte de la judicatura en tiempos de guerra, parte del Poder Judicial, pero que tuvieron responsabilidad penal”.
Esto por “la imposición de condenas en juicios que no respetaron ninguna garantía mínima del debido proceso en que en definitiva la condena en muchos casos como en estos, estaban decididas de antemano, que ni siquiera está claro cuándo y cómo se celebró o qué ritualidades propias de un proceso penal se respetaron”.
Para Garcés, “este consejo habría sido una especie de simulación, una forma de dar una apariencia de legalidad a las 12 condenas a muerte y eso es lo que recoge el fallo de la Corte Suprema”.
La abogada subrayó que “es un fallo muy importante porque logra entrar a un terreno que en general ha permanecido más bien en la impunidad, es decir, de la responsabilidad penal de los integrantes de los consejos de guerra”.
De todas formas, Magdalena Garcés consideró que “claramente es una justicia que es tardía. Queremos destacar que particularmente este año y desde el año pasado la Corte Suprema está haciendo un importante esfuerzo de conocer las causas, de darles celeridad para que se vean los recursos y se dicten las sanciones, pero efectivamente es tarde”.
En ese sentido indicó que “nos encontramos con una suerte de impunidad biológica”, ya que “otros integrantes del consejo de guerra fueron sobreseídos porque fallecieron como Guillermo Michelsen Délano y Antonio Palomo que era otro de los pilotos; Carlos López Tapia y otro condenado que era Humberto Guerra Jorquera que era integrante de la Cuarta División del Ejército en Valdivia que participó en las detenciones”.
“Las condenas nos parecen importantes. Nunca parecen suficientes para la gravedad de los hechos y el daño que generaron a sus familias, a sus hijos, a sus esposas, a las madres que murieron esperando justicia”, agregó.
Respecto a las siguientes acciones, Garcés adelantó que “estamos seguros que su defensa va a pedir su sobreseimiento por demencia y habrá que conocer los certificados médicos que así lo acrediten. Y eso tiene que ver con la edad de los condenados. Sinclair tiene 96 años, la condena llega tarde”.
De todas formas, insistió que “para nosotros es muy importante que se dictara esta condena, que fuera establecida la responsabilidad de los integrantes de los consejos de guerra, de los participantes de la Caravana de la Muerte en el episodio Valdivia, que eso quedara establecido que aquí estas personas no fueron juzgadas y sancionadas justamente sino que fueron asesinadas y que personas como Sinclair contribuyeron a esas muertes”.
