“No puede ser, si mi hijo no está en Chile (…) de ahí me llevaron al Instituto Médico Legal y mi marido y la Mónica González habían visto a mi hijo asesinado. Nos dejaron entrar y ahí recién supe que habían asesinado a mi hijo, no sólo a él, sino que a otros jóvenes”.

Esto es parte del relato de Mónica Araya, madre de Juan Waldemar Henríquez Araya, ingeniero, asesinado por agentes de la CNI en la matanza de Corpus Christi, llamada por el organismo represor como Operación Albania en 1987.

Este 15 y 16 de junio se cumplieron 36 años del crimen donde doce jóvenes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron asesinados por un comando de la CNI, hecho que fue encubierto bajo un supuesto enfrentamiento con los agentes de la dictadura.

Mónica Araya, 86 años, profesora y abogada de Derechos Humanos, ha pasado gran parte de su vida luchando por la verdad, la justicia y para que los hechos no se vuelvan a repetir.

El 2 de abril del año 1976 su padre, el ex diputado del Partido Comunista, obrero y exdirigente de la CUT,  Bernardo Araya, y su madre, María Olga Flores, fueron secuestrados desde su casa en Quintero, en la Región de Valparaíso, junto a un tío a sus hijos Ninoska (8), Wladimir (13) y Juan (8) un sobrino, que posteriormente fueron abandonados en la vía pública. Se trataba de una ofensiva del régimen para exterminar al Partido Comunista, donde hicieron desaparecer tres directivas de la colectividad de izquierda.

La profesora nunca más vio a sus padres y desde ese momento, junto a un cientos de activistas, no ha descansado en la búsqueda de sus seres queridos. Esta lucha le ha significado golpes, persecuciones, secuestros, detenciones ilegales, amenazas permanentes, incluso hasta el día de hoy.

De hecho, el viernes 9 de junio pasado recibió una visita que considera extraña en su domicilio de Estación Central de dos funcionarios de la PDI quienes sin orden judicial ni “motivo jurídico alguno” la conminaron a hacer una declaración en una unidad policial de la comuna de Ñuñoa. Esto llevó a la abogada a presentar “un recurso de amparo por la amenaza a mi libertad personal y seguridad individual en contra de la Dirección General de la Policía de Investigaciones”.

Mónica Araya es integrante del Observatorio Ciudadano de la Corrupción Judicial y ha sido una activa integrante de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

Como integrante de un partido de la Unidad Popular, después del golpe de Estado de 1973 y ante el asedio de los aparatos de seguridad, debió pasar a la clandestinidad para trabajar en la resistencia.

La desaparición de sus padres

“A mi padre y a mi madre los llevaron detenidos junto con mis dos hijos menores, un sobrino y un hermano de mi madre que vivía con ellos. Se los llevaron a la calle Venecia en Independencia. Desde ahí, después de varios días, dejaron a mis hijos botados en la calle, en pijamas porque así se los llevaron. De mis papás no supimos nunca más”, señala la abogada.

Recuerda que desde ese momento, “fue una vida muy amarga, fui detenida, me integré a la AFDD y a todas las actividades que se hacían totalmente clandestinas con las organizaciones de mujeres para hacer un trabajo como corresponde respecto de la búsqueda de nuestros seres queridos”.

Como dirigenta de la AFDD uno de los objetivos que tenían “era romper con el miedo”. Participaron en las primeras manifestaciones del 1 de mayo en dictadura y fueron a lanzar bolsas con pintura roja a los tribunales de justicia de calle Compañía, porque “ahí se fraguó hasta el día de hoy la impunidad, porque recordemos que la dictadura implantó a Enrique Urrutia Manzano como presidente de la Corte Suprema y la impunidad partió con un plan que era el exterminio”, señaló.

Esta osada acción, en medio del clima de terror impuesto, ocurrió después que familiares de detenidos desaparecidos terminaron una huelga de hambre que comenzó el 14 de junio de 1977, hace 46 años, y que se extendió por nueve días en la sede de la CEPAL, en Santiago.

“Nosotros no podíamos seguir encerradas, sino que teníamos que salir a las calles y ahí salimos, en el año 1977, donde cayeron detenidas varias personas que después fueron dejadas en libertad. Así seguimos después en una marcha del 1 de mayo (1978) con Clotario Blest”, señala.

Su actividad también está marcada por el compromiso gremial ya que fue una de las dirigentas de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH) y como tal, fue detenida luego de los asesinatos de Manuel Guerrero, Santiago Nattino y José Manuel Parada en 1985.

La docente recuerda que ante el asedio del régimen, desde el PC le ordenaron abandonar el país. “No quise salir, me quedé en el aeropuerto. Le dije a mi hijo y a mi marido que no me voy. Tengo a mis padres y tengo que responder por ellos. No me voy, me quedo en Chile. Se molestó mi marido, le dije ándate con los hijos, cuídalos. Mi hijo mayor, no quería irse porque se había criado con sus abuelos. Me dijo yo me quiero quedar porque los abuelos me criaron y también tengo que quedarme contigo para salir a buscar. No, le dije, ándate con tu papá, ve a tus hermanos, cuídense. Después con el tiempo supe que había dado una marcha para el FPMR”.

Matanza de Corpus Christi

Este es otro de los momentos trágicos que marcaron su vida. El asesinato de su hijo Juan Waldemar, un combatiente internacionalista que se incorporó a la lucha armada como militante del FPMR.

La abogada estaba convencida que su hijo estaba fuera del país, cuando estando en Mendoza adonde había viajado a solicitud de su hija, la llamaron para que retornara a Chile.

“Yo nunca lo vi, nunca conversé con él. Seguramente me pudo haber visto. Mi hija, Ninoska, se había ido a estudiar a la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza”, relata.

“Cuando llego me encuentro con los profesores que me estaban esperando, pensé que algo le había pasado a mi marido y les pregunto dónde está Juan. No me dicen, vas a tener que ir a la AGECH y ahí me entero. No puede ser, si mi hijo no está en Chile. Cómo va ser así. De ahí me llevaron al Instituto Médico Legal y mi marido (Juan Bautista Henríquez) y la periodista Mónica González habían visto a mi hijo asesinado. Los dejaron entrar y ahí recién supe que habían asesinado a mi hijo, no sólo a él, sino que a otros jóvenes”, recuerda.

Juan Waldemar fue ejecutado en una casa de la calle Varas Mena 417, comuna de San Joaquín. “Ingresé a esa casa, no había armas. Había cuadernos, lápices, porque funcionaba como una escuela de cuadros, no había propaganda. Lo asesinan en la casa de al lado, porque saltó. Cerca de 500 agentes llegaron hasta allí, rodearon todo Varas Mena y se metieron a las casas y que es lo que sale en todas las querellas, en los testimonios de las personas que hablaron”, señaló Araya.

 “Ahí asesinaron a mi hijo en la casa de al lado, del 419, y la señora que vio, pidió que lo atendieran porque estaba desangrándose. No lo atendieron, falleció desangrado”, relata Araya.

Chile y los 50 años

La abogada de los derechos humanos, señala que hoy cuando el país conmemora los 50 años del golpe de Estado, “siempre he pensado que nunca más pueda haber una repetición de esta índole y nosotros tampoco podemos seguir permitiendo que EE.UU. dirija las políticas nuestras, porque esto partió con (Henry) Kissinger diciendo que Allende no podía ser Presidente (…) y creó una política, amparó y montó una política de desprestigio contra el Presidente y preparó a las FF.AA. para salir a las calles”.

“Nosotros nunca vamos a hacer lo que ellos hicieron, no. Nosotros solamente estábamos en la búsqueda y que nos dijeran la verdad y que hubiera justicia y hasta el día de hoy, van a pasar 50 años y nosotros los familiares no sabemos qué ha pasado con nuestra gente. No tenemos conocimiento, fallecen los que han detenido a nuestra gente y mueren con una política del silencio, porque ese fue el compromiso de ellos”, dijo la profesional.

Agregó que “más encima, Pinochet asesino, ladrón que lo pillaron con platas en distintos bancos. Y todavía hay quienes manifiestan que la política de Pinochet fue la mejor. No entiendo a esa gente que no tiene historia, porque ha asumido esconder lo que ha ocurrido en el país”.

Finalmente, Araya destacó el plan de búsqueda de las víctimas del régimen porque ningún gobierno anterior se comprometió con la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación a los familiares.