El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, ingresó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, para que este organismo se pronuncie respecto a la cuestionada Comisión Asesora contra la Desinformación.

El escrito patrocinado por el abogado Arturo Fermandois, fue ingresado luego que la Cámara Alta aprobara un proyecto de acuerdo donde se le entregaba a Coloma un mandato para concurrir al TC.

Según el documento ingresado, la Comisión Asesora contra la Desinformación debió haber sido creada por una ley aprobada por el Congreso y no mediante un decreto supremo, como ocurrió en este caso.

“Que el Decreto infringe primeramente el principio y los preceptos que configuran la reserva legal -entre otros el mismo artículo 19 N°12, inciso primero de la Constitución- al abordar por vía de un simple acto administrativo una materia extremadamente sensible para el libre ejercicio y vigencia de la libertad de emitir opinión e información, asunto que la Carta Fundamental exige sea propio de un debate democrático en el seno del Congreso Nacional”, señala el escrito.

En esta misma línea, el texto indica que “el control del discurso público que se le encarga a la Comisión mediante la facultad de calificar la veracidad o falsedad de ciertas opiniones o información supone una medida que razonablemente puede producir la inhibición o condicionamiento de la libre exteriorización de ideas”.

Asimismo, se detalla que “tal efecto inhibidor también podría afectar a la opinión pública en general, ya que la Comisión cuenta materialmente con el respaldo del gobierno que la convoca, por lo que toda condena a determinados discursos contará con el patrocinio del poder político”.

Pese a los cuestionamientos de los senadores de Chile Vamos, Demócratas y el Partido Republicano, este jueves, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió la potestad del Ejecutivo para convocar asesores en distintas materias y aseguró que “si es que empezáramos a determinar por ley si el Ejecutivo puede crear una u otra asesoría, vamos a rayar en el absurdo de interferir en facultades que son de otro poder del Estado”, sentenció.